La solución al hambre no es dar más, sino robar menos. Jean Ziegler

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sábado, 6 de octubre de 2012

"...No quiero abandonar el proyecto de construir otra España, muy distinta a la actual, que sea auténticamente democrática, justa y plurinacional. Pero no es nada fácil, incluso también bastante agotador. Las izquierdas españolas gobernantes a pesar de definirse como federalistas, han hecho muy poco para desarrollar el federalismo. Ha sido un indicador más de su excesivo conformismo." Por Vicenç Navarro

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Vicenç Navarro
Durante los Juegos Olímpicos pudimos oír como la BBC presentaba con toda naturalidad a Gran Bretaña como un Estado de varias naciones, Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte y Gales, que tienen sus propios derechos claramente diferenciados. Sería impensable, sin embargo, que la televisión pública española diera un informe semejante sobre España. Y sería también impensable que el establishment español, basado en Madrid, admitiera que España es un Estado de varias naciones, cada una con su pleno derecho de autodeterminación, incluyendo su poder de escisión, si así lo desean, como ocurre en Gran Bretaña con Escocia o en Canadá con Quebec. Lo máximo que se llega a admitir es que España ya es, en realidad, un Estado federal, pues el gasto de las autonomías es mayor que el gasto gestionado por algunos Estados en un sistema federal.

Este argumento se repite una y otra vez sin haber variado ni un ápice desde hace ya años. Y desde luego, tales establishments tampoco reconocen que ellos mismos son profundamente nacionalistas, lo cual es fácil de ver que lo son, pues defienden una visión de España que niega la plurinacionalidad del Estado, sometiendo todas las otras nacionalidades al Estado español, a su cultura, idioma y comportamientos. En esta resistencia a la plurinacionalidad no ven ninguna expresión de dominio. El hecho de que los parlamentarios catalanes no puedan expresarse en catalán no lo ven como una imposición de dominio cultural. Cualquier defensa de tal plurinacionalidad es acusada de victimismo, de secesionismo, de falta de internacionalismo o peor, para una persona de izquierdas, de falta de solidaridad con el resto de España, asumiendo que tener un Estado central es la condición necesaria para distribuir la riqueza. Tal nacionalismo españolista se justifica así como garante de solidaridad, confundiendo solidaridad con uniformidad. Por lo demás, las demandas por parte de la gran mayoría de partidos políticos en Catalunya, excepto el PP catalán, son definidas como el resultado de los deseos de la burguesía catalana de expandir sus privilegios de clase a costa del resto de España. Esta interpretación de los hechos está enormemente generalizada y ha creado un sentimiento hostil hacia Catalunya que la derecha española ha rentabilizado electoralmente, estimulando tal sentimiento. Estos sentimientos aparecen también en sectores del nacionalismo españolista dentro de las izquierdas, de las que he llegado a oír que el entonces presidente Montilla o la dirigente socialista Manuela de Madre, “estaban contaminados de nacionalismo”.

Y el establishment españolista, basado en Madrid, considera un disparate indicar que tal establishment esté explotando a Catalunya o a cualquier otra comunidad. El hecho de que el sistema de transporte ferroviario sea enormemente radial, centrado en su gran parte en Madrid, se considera lógico y razonable, debido a la capitalidad de tal ciudad. Y el hecho de que se pueda ir de Barcelona a Madrid en dos horas y media, y que conlleve más de seis horas ir de Barcelona a Bilbao (que tiene la misma distancia), no se reconoce como indicador de algo que es profundamente injusto.

Es esta actitud y estos argumentos que han llevado a gran parte de Catalunya a un hartazgo y al deseo de separarse de España. Tengo muchísimos amigos aquí en Catalunya que nunca pensaron en separarse de España, y ahora lo están pensando y deseando.

Veamos.

1. Un socialista tiene que estar en contra de cualquier tipo de explotación, sea ésta de clase, género, raza o nación. Y dentro de España hay explotación de todo tipo, incluso de nación. Ya sé que esto nunca (repito, nunca) un intelectual del establishment madrileño, desde Fernando Savater al político José Bono y muchos otros lo aceptará. Pero, mientras, repito, pueden ir de Madrid a Barcelona en dos horas, pero para ir de Barcelona a Bilbao se necesitan seis horas y cuarto. ¿Nunca han oído el dicho del presidente Aznar de que el modelo ferroviario de España debería basarse en que cualquier capital de provincia no estuviera más distante de Madrid que 4 horas?

2. Las personas que pagan impuestos no viven en el vacío. Viven en territorios que necesitan servicios públicos e infraestructuras. Esta frase que continuamente se utiliza de que no son territorios pero individuos los que pagan impuestos, ignora que los individuos viven en territorios cuyos recursos públicos se financian por aportaciones individuales.

3. De ahí que sea lógico que desde Catalunya se hable de que ésta, al ser más rica, aporte más recursos, lo cual ninguna fuerza catalana ha cuestionado. La continua acusación que se hace a Catalunya de ser insolidaria es otro insulto más entre otros muchos que constantemente se hacen a Catalunya. El cuestionamiento de solidaridad, por muy extraño que parezca, no es el tema que está llevando a miles de catalanes a la calle. Que Catalunya, al ser más rica que el promedio de España, aporte más al erario público del Estado español que otras partes de España, por tener ciudadanos con más recursos, no ha conllevado ninguna objeción por la gran mayoría de partidos políticos catalanes. Ahora bien, los recursos que el Estado catalán recoge, debe revertirlos en Catalunya, donde tales ciudadanos viven, una vez se descuenta el pago de gastos comunes y la solidaridad con otras partes de España. Y en esta devolución a Catalunya tiene que incorporarse una variable más, el coste de vida, pues un pensionista catalán recibiendo la misma pensión que un extremeño, tiene menos capacidad adquisitiva, pues al ser el nivel de vida superior en Catalunya que en Extremadura, el pensionista catalán sale perjudicado. Y esto ocurre en muchas otras transferencias de gasto público. Recibir igual no es lo más equitativo. Además, una nación como Catalunya tiene la responsabilidad de garantizar la viabilidad y fortaleza de su lengua y de su cultura, lo cual requiere dinero y capacidad de decisión. Si Catalunya quiere permanecer como nación, debe considerar el catalán como la lengua prioritaria, sin que ello implique ninguna minusvaloración del idioma castellano, también patrimonio de Catalunya. Si ello no ocurriera, la propia fortaleza del castellano diluiría la cultura catalana hasta el punto de desaparecer (como ha ocurrido en Francia). ¿Es esto lo que desean los nacionalistas españoles? Me temo que algunos sí. Y que tal posibilidad exista, el nacionalismo españolista lo ignora.

4. El nacionalismo españolista es el más oprimente, pues es el que ha mandado y dominado el Estado español. Y actualmente está enrocado en la Constitución, que se considera erróneamente como reflejo de la voluntad de todos los españoles, sin tener en cuenta el momento y contexto en que se aprobó. Un gran desequilibrio de fuerzas explica la Transición inmodélica que creó una Constitución que reproduce este nacionalismo, hasta el punto que prohíbe por fuerza de las armas que Catalunya o el País Vasco pudieran escindirse de España si así lo desearan. Y a esto no le llaman los intelectuales en Madrid dominio y explotación. Por lo visto no se dan cuenta de que una unión es oprimente si no se hace voluntariamente.

5. El Estado de las autonomías no es un Estado federalista. Considerarlo como indicador a través del dato del porcentaje del gasto estatal total que se consume y se gestiona en una Comunidad Autónoma es un error metodológico notable, pues se confunde descentralización con autogobierno. Catalunya puede tener el 80% del gasto sanitario pero tiene una capacidad decisoria limitada en sanidad. Un tanto igual ocurre en educación. Como director de un programa académico en la UPF, tengo que pedir permiso a Madrid, al Ministerio de Educación, para cambiar una asignatura de mi programa. Imposible en EEUU, un Estado federal. Es inimaginable que yo tenga que llamar a Washington para pedir permiso para cambiar una asignatura de un programa académico en la The Johns Hopkins University en Baltimore, en el Estado de Maryland. En Barcelona, sin embargo, sí que tengo que hacerlo, llamando a la capital del Reino.

6. La Transición inmodélica, ocurrió en una situación excepcional, con gran dominio del proceso por parte de las fuerzas conservadoras que dominaban al Estado, estableciendo un Estado que es insatisfactorio para un número creciente de españoles. Su gran retraso social y su falta de plurinacionalidad son un indicador de ello. Y lo que está ocurriendo hoy en las calles de Barcelona (y también en Madrid) es un ejemplo muy claro. La animosidad de gran parte de la población catalana no es hacia España, sino hacia el establishment español y hacia el Estado, lo cual está ocurriendo a lo largo del territorio español. Se requiere un profundo cambio hacia el establecimiento de una España heredera de su pasado republicano con un Estado auténticamente democrático, social y plurinacional, en el que la democracia representativa sea auténticamente proporcional y auténticamente participativa en que las distintas naciones y regiones puedan desarrollar referéndums sobre lo que desean, con una Constitución en la que la unidad en el Estado sea voluntaria, libremente expresada, sin ninguna imposición, y en el que la solidaridad se ejerce, entre otros indicadores, por un pago contributivo según su riqueza, a un nivel que permita el continuo desarrollo de todas las naciones, incluyendo Catalunya, en que los órganos centrales estén distribuidos entre las distintas naciones sin que exista una capitalidad que centralice el poder del Estado. En EEUU, hay muchas agencias federales que están ubicadas en varios estados.

7. El hecho de que la derecha nacionalista catalana esté ahora intentando liderar el movimiento a favor de la autodeterminación no quiere decir que tal derecha sea la auténtica representante del movimiento. En realidad, en los momentos difíciles en Catalunya, como durante la dictadura, fueron las izquierdas las que, en una lucha heroica, defendieron más la identidad catalana, como incluso el presidente Pujol reconoció en su día. La burguesía catalana y la Iglesia catalana, incluyendo Montserrat, apoyaron el fascismo. Tampoco es cierto que todos los que estamos apoyando el derecho de autodeterminación estemos deseando la Secesión. Las encuestas muestran que la mayoría de los ciudadanos en Catalunya que ya están pidiendo el autogobierno no están pidiendo la Secesión. Lo que sí que hay es un deseo mayoritario de que el Estado español no es el que se desea, lo cual no quiere decir la rotura con España.

8. No hay duda de que el gobierno CiU está utilizando tal movimiento para desviar la atención popular de lo que en este momento debería ser central, es decir, el impacto en la población de sus políticas neoliberales, llevadas a cabo con apoyo del PP en el Parlament y en las Cortes, donde CiU apoya tales políticas. Pero confundir esta realidad con la creciente fuerza de tal movimiento, evaluándolo como una simple estrategia de CiU es un profundo error. Hoy hay un hartazgo hacia el establishment español, basado en Madrid, que el establishment político catalán está intentando utilizar. Pero también el establishment españolista basado en Madrid lo está utilizando para movilizar, una vez más, el anticatalanismo.

9. Muchos en Catalunya han abandonado este proyecto de luchar por otra España, pues creen que España nunca cambiará. Hoy son independentistas. Simpatizo con ellos. Pero no quiero abandonar el proyecto de construir otra España, muy distinta a la actual, que sea auténticamente democrática, justa y plurinacional. Pero no es nada fácil, incluso también bastante agotador. Las izquierdas españolas gobernantes a pesar de definirse como federalistas, han hecho muy poco para desarrollar el federalismo. Ha sido un indicador más de su excesivo conformismo.
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jueves, 4 de octubre de 2012

"¡Hay alternativas a los recortes! Las fuerzas auténticamente democráticas deberían coordinarse a nivel europeo, incluyendo una huelga general a nivel de toda la Eurozona para indicar que las clases populares están diciendo basta ya de esta dictadura financiera que está llevando a todos los países al desastre." Por Vicenç Navarro

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Vicenç Navarro
Según los datos de la Comisión Europea, la actividad económica en la Eurozona está descendiendo. Durante el periodo Abril-Junio descendió, como promedio, un 0,2%, y se espera que el informe de Octubre muestre una contracción incluso mayor de tal actividad. A estos datos debe añadirse la información proveída por el Banco Central Europeo, que señala que la actividad financiera también ha disminuido en la Eurozona, sin que se espere la reactivación de tal actividad en un futuro próximo. Mírese como se mire, pues, la situación económica y financiera va mal, en realidad, muy mal. Las cifras de desempleo en la Eurozona han alcanzado niveles sin precedentes, 18 millones de parados con un incremento anual de un millón durante estos años de crisis.

Es obvio que las políticas de austeridad –que se han estado promoviendo por la troika (la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional)- no están reavivando la economía de la Eurozona. En realidad, todos los datos señalan que, al revés, la están hundiendo. Y a pesar de ello, la troika continúa insistiendo en que la solución pasa por todavía más austeridad y más recortes. En estos momentos, está exigiendo en Grecia que se recorten 11.500 millones de euros del presupuesto nacional. En España también se están exigiendo para 2013 añadir 13.000 millones de euros de recortes a los que han ocurrido durante cada año de la crisis. En Francia, con un gobierno socialista, presidido por el Sr. François Hollande, éste está planeando recortar 30.000 millones de euros de su presupuesto. Y la lista puede alargarse incluyendo más y más países de la Eurozona. Las políticas de recortes han sido el eje central de las intervenciones públicas en los países de la Eurozona.

Además de estos recortes, se están aplicando otras políticas de claro corte neoliberal, como el retraso de la edad de jubilación, la reducción de los beneficios sociales y laborales, el descenso del seguro de desempleo, la reducción de salarios, y una larga lista de intervenciones que están reduciendo el bienestar social de las clases populares, que constituyen la mayoría de la población en los países de la Eurozona.

Europa se rebela

Como era de esperar, tales clases populares de estos países se están rebelando frente a estas políticas, políticas que en su gran mayoría se están imponiendo a la ciudadanía sin que hubiera un mandato popular para ello, ya que tales medidas no estaban en el programa electoral de los partidos gobernantes. De ahí que la legitimidad de tales gobiernos y de las instituciones que gobiernan la Eurozona y la Unión Europea esté cada vez más cuestionada. La atracción de Europa, que era generalizada en los países del Sur de tal continente (la mayoría habían sufrido dictaduras fascistas o fascistoides durante muchos años), está desapareciendo muy rápidamente. Y la conveniencia del euro como moneda común también se está cuestionando. Varias encuestas han aparecido en los mayores medios de información europeos diciendo que un porcentaje cada año mayor, identifica el establecimiento del euro como responsable de su pérdida de capacidad adquisitiva.

La rebelión de las clases populares a estas políticas neoliberales impuestas por el establishment europeo está actualmente generalizada. En Portugal, acaba de realizarse una huelga general y hay manifestaciones de protesta día tras día. En Francia, este domingo hubo manifestaciones a lo largo de su territorio protestando por la propuesta del presidente Hollande de aprobar el Pacto Fiscal que obligará, en la práctica, a perpetuar las políticas de austeridad. En Grecia, las protestas laborales y sociales son también el pan de cada día, alcanzando cada vez más una orientación violenta que puede afectar la viabilidad de sus instituciones representativas. Un tanto parecido ocurre en España, donde la represión por parte del Estado, heredero, en parte, de la dictadura, es especialmente acentuado en contra de las numerosas manifestaciones que toman lugar a lo largo del territorio español. Y lo mismo está ocurriendo en Italia, donde los sindicatos están liderando una oposición cada vez más generalizada contra las imposiciones del gobierno Monti.

La respuesta del establishment que gobierna la Eurozona

Ni que decir tiene que esta agitación social está generando respuestas del establishment que gobierna la Eurozona. Una de ellas, son las medidas tomadas por el BCE de comprar bonos públicos (de corto periodo, no más de tres años) en el mercado primario, condicionado a que los países pidan un rescate del European Stability Mechanism (ESM), al cual se le ha dotado de 500.000 millones de euros para que compre deuda pública (a largo plazo, de 10 años) en el mercado secundario, sujeto todo ello a unas condiciones leoninas que implican todavía más recortes. Estas medidas de recortes y austeridad, forzando una bajada de los salarios, supondrán todavía un mayor endeudamiento, junto con una mayor austeridad, reforzándose así el ciclo vicioso entre endeudamiento, austeridad y declive de la actividad económica.

Lo que está pasando en España con el rescate bancario es un claro ejemplo de ello. Se proveen 100.000 millones de euros, que se prestan al Estado español (con lo cual el déficit y la deuda pública aumentan), con la condición de que se reduzca todavía más el gasto público, empeorando así, incluso más, la situación de la economía española.

¡Hay alternativas a los recortes!

Para cualquier persona que no esté obcecada con el dogma neoliberal es obvio que la solución a la crisis económica pasa por romper este círculo vicioso, que se inicia con un endeudamiento que quiere resolverse a base de políticas de austeridad que determinan un descenso de la actividad económica y de los ingresos al Estado, lo cual lleva a pedir prestado más dinero y a endeudarse. Este círculo vicioso es lo que está llevando la Eurozona al desastre.

Lo que tiene que hacerse es dejar de endeudarse, renegociando una deuda que ha beneficiado a la banca y a sus accionistas, pero a nadie más. No se puede avanzar con un sistema financiero que funciona para tan pocos a costa del sacrificio de tantos. La banca privada ya ha perdido su función social, que es la de proveer crédito. Si no ofrece crédito, no tiene lógica su existencia. El tamaño del sector financiero en una economía debe por lo tanto reducirse sustancialmente mediante toda una serie de medidas, que incluyen desde una carga impositiva mucho más elevada a la banca (sin afectar los ahorros del ciudadano normal y corriente), gravando principalmente a los grandes depósitos, las largas transacciones y las actividades especulativas. Otras medidas deberían incluir su nacionalización, con pleno intervencionismo del Estado para garantizar la disponibilidad de crédito razonable y accesible. No puede permitirse que la banca privada sea el aparato sanguíneo del cuerpo económico.

Por otra parte, los Estados deben dejar de depender tanto de los préstamos externos, observación que es especialmente relevante para los países llamados en la terminología anglosajona PIGS (o GIPSI si se incluye Italia). Cada uno de estos Estados (cuyos ingresos al Estado son excesivamente bajos) debe incrementar sustancialmente sus ingresos públicos. Si España tuviera la carga fiscal de Suecia, el Estado español ingresaría 200.000 millones de euros más al año. En Italia, según el Banco de Italia, la riqueza existente en el país, altamente concentrada (que podría y debería general fondos al Estado), representa 8.600.000 millones de euros, que es más de cuatro veces los 2.000.000 millones de euros de deuda pública que tiene su Estado. Si tal riqueza concentrada, como sugiere Tom Gill en su artículo “Europe is Revolting” (CounterPunch, Septiembre de 2012) se la gravara con un 2% de la riqueza poseída por el 50% más rico de los propietarios, se generarían 100.000 millones de euros más al año para las arcas del Estado.

Un tanto semejante en Portugal, donde el gobierno propuso recientemente unos recortes de 4.900 millones de euros (que tuvo que retirar debido a la oposición de la ciudadanía). Los sindicatos portugueses propusieron como alternativas un aumento del gravamen de un 0,25% en las transacciones bancarias (consiguiendo así 2.000 millones), de un 10% en las ganancias en la propiedad de los mayores accionistas del país (consiguiendo 1.700 millones de euros), un incremento del impuesto de sociedades para las empresas que facturan a partir de 1.2 millones de euros al año (1.200 millones de euros), y una disminución del fraude fiscal (1.200 millones de euros). Todas estas medidas afectarían sólo al 1% de la población: los súper ricos. Todas estas propuestas son altamente populares.

Otras propuestas también altamente populares es la reducción del gasto en las Fuerzas Armadas. Gran parte de tales fuerzas militares hacen funciones policiales y de represión interna, caso claro en España, donde se asigna a tales fuerzas armadas la garantía de “la unidad de España”, función que expresa el carácter  policial y de represión interna del país, defendiendo en la práctica un centralismo que inhibe la expresión de la riqueza de España que debería basarse en la expresión de su plurinacionalidad. Ni que decir tiene que estas propuestas alternativas, populares a nivel de calle, son inmensamente impopulares en los establishments que gobiernan a los países de la Eurozona, que están imponiendo políticas opuestas, altamente impopulares. Hoy existen unas instituciones que no han sido elegidas por la población, que gobiernan e imponen lo que favorece a sus intereses particulares, a costa de los intereses generales. Las fuerzas auténticamente democráticas deberían coordinarse a nivel europeo, incluyendo una huelga general a nivel de toda la Eurozona para indicar que las clases populares están diciendo basta ya de esta dictadura financiera que está llevando a todos los países al desastre.
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Los sistemas de medición más fiables para hacer un recuento del número de asistentes a una manifestación. "A manifestarnos vamos, pero... ¿cuántos somos?", por Enrique Sedano

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Si hay algo que no cambia de una manifestación a otra, independiente del organizador o el motivo de la misma, es el baile de cifras. Estamos más que acostumbrados ya a que los convocantes hablen de millones de asistentes mientras que la policía reduce el número a unos pocos miles. O que un periódico hable de afluencias masivas y el del montón de al lado en la estantería del quiosco cuente que fueron solo varios centenares los que salieron a la calle. Pero ¿qué hay de cierto en todos estos datos? ¿Podemos fiarnos de alguno de ellos? ¿Existe algún método fiable para hacer estos recuentos? 

Dejando de lado las dos primeras preguntas que, en general, responden más a cuestiones ideológicas o al interés de quien publica esas cifras, nosotros nos centraremos en la tercera, que es a la que puede responderse en términos objetivos. En efecto, hay mecanismos que nos permiten tener una idea aproximada de cuán exitosa ha sido la convocatoria. En concreto, a la hora de contar manifestantes hay dos métodos oficialmente reconocidos como válidos. Lo más habitual es llevar a cabo una aproximación estática basada en el área que ocupa la manifestación y la densidad de la concentración o cantidad de gente que puede haber, de media, por cada metro cuadrado. Para este tipo de recuento se utilizan fotografías aéreas de la manifestación. Con ellas se observa hasta dónde llegaban los manifestantes y se mide el área que ocupaban. A continuación multiplicamos ese dato por la cantidad de gente que se estima por metro cuadrado y conseguimos nuestro índice de asistencia aproximado. Cuando la manifestación está muy concurrida se suelen promediar cuatro personas por metro cuadrado, valor que baja hasta uno o dos cuando hay bastante espacio entre manifestantes y uno podría andar tranquilamente de un lado para otro. ¿Y qué sucede si la manifestación se lleva a cabo en un día de lluvia? En tal caso se suele utilizar el valor de una persona bajo cada paraguas para echar las cuentas.

Pongamos el ejemplo de las manifestaciones que se han estado celebrando en la Plaza de Neptuno, en Madrid. Con una de las muchas herramientas gratuitas para medir áreas que hay por la red podemos calcular el espacio aproximado que se ocupó (en la imagen de la izquierda). El resultado son prácticamente 9600 m2. Por supuesto, hay que tener en cuenta que hay zonas en las que no va a haber manifestantes, como la propia fuente o subidos por encima de los coches. Si quitamos eso, podríamos estar hablando de unos 8500 m2. A continuación ya solo tenemos que decidir qué densidad de manifestantes fijar, y el cálculo estará completo. Si suponemos 2 personas/m2, estaríamos hablando de  17 000 manifestantes.

El inconveniente de este sistema es que obviamente la densidad de manifestantes no es igual en todos los puntos ocupados, por lo que escoger una buena media resulta difícil y puede hacer que el resultado se aleje del valor real. Para paliar este problema se suele hacer una división del espacio total en cuadrantes más pequeños sobre los que la densidad de ocupación se estima de manera independiente para cada uno. Así, aunque el problema anteriormente mencionado sigue estando ahí, las mediciones serán considerablemente más aproximadas al valor real.

El otro sistema es un cálculo dinámico, más utilizado en marchas que en concentraciones. Consiste en ir contando la gente que pasa por un punto determinado. Así, podría colocarse una cámara a mitad de camino en el recorrido previsto de la manifestación y, a través de un sistema automático (podría hacerse a mano, pero el operario encargado de ello debería estar realmente bien pagado, porque tiene que ser un trabajo aburridísimo) ir contando la gente que vaya pasando por allí. Aunque a primera vista puede parecer un método mucho más preciso que el anterior, tiene el inconveniente de que todas aquellas personas que se marchen antes de llegar al punto de medición o las que se incorporen posteriormente no quedarán reflejadas en el recuento.

Durante un tiempo estuvo en boca de muchos medios de comunicación un tercer método de recuento creado por una empresa española que, a través de una aplicación informática y utilizando como entrada tantas imágenes aéreas como fuese posible, decía ser capaz de identificar individualmente a cada manifestante y así poder hacer la cuenta exacta de afluencia. La empresa, sin embargo, según he descubierto según escribía este post, echó el cierre a principios de este mismo año.


Fuente: http://tercerainformacion.es
Lo más interesante de todo esto es que estos mismos métodos pueden aplicarse (y de hecho se aplican) para hacer recuentos que, de otra forma, nos resultarían imposibles. Por ejemplo, podríamos contar cuántos granos de arena tiene aproximadamente una playa a través de la combinación de las dos técnicas que acabamos de ver. Para ello necesitaríamos saber no solo la extensión sino el volumen de la arena (es decir, también necesitamos la profundidad de la playa). Rellenando un recipiente de un metro cúbico, tendríamos un promedio de los granos de arena por unidad de volumen. Con esto ya podríamos aplicar el método estático para calcular nuestra aproximación. Pero incluso contar los granos de arena en un metro cúbico es un castigo demasiado cruel para el delito de ser curioso. Así que, en vez de ello, podemos usar algún dispositivo (como un reloj de arena) donde podamos saber cuántos granos por unidad de tiempo caen desde la parte superior a la inferior. Echamos nuestro metro cúbico de arena, contamos el tiempo que tarda todo en caer y, con este método dinámico de recuento ya tenemos nuestro dato y podemos dar nuestro resultado final.

Por supuesto, en todas estas mediciones siempre tenemos que tener en cuenta que hablamos de aproximaciones, y nunca de datos exactos. Pero desde luego siempre será mucho mejor tener una aproximación más o menos precisa que tener que contar uno a uno todos los granos de arena de una playa, ¿no?

Enrique Sedano

Nota: El artículo tal y como lo estáis leyendo ahora mismo habría sido imposible sin las valiosas ideas y aportaciones de Víctor Tagua, Jorge J. Frías y Gerardo Costea. Gracias a todos por vuestros comentarios y sugerencias.
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miércoles, 3 de octubre de 2012

Vicenç Navarro y Juan Torres López entrevistados en "Para todos la 2": Los crímenes contra la Humanidad del terrorismo financiero.

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Mònica Oltra al Parlament Valencià

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Mònica Oltra




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“Culpar a la víctima” es una de las características que más y mejor definen el fascismo. La pusieron en práctica en los campos de exterminio y, en una parte de los recluidos, tomó cuerpo. Por Zana

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Article llegit a IU GORDON

SÍNDROME DE CULPABILIDAD
Mientras no se demuestre lo contrario, los Gobiernos salen de las urnas
Han sido los anglosajones bajo el epígrafe “victim blaming”, que literalmente quiere decir que hay que culpar a la víctima de su propia tragedia, quienes primero nos advirtieron, pero como ocurre siempre con estas cosas, no hicimos caso.

No voy a descubrir nada nuevo si digo que “culpar a la víctima” es una de las características que más y mejor definen el fascismo. La pusieron en práctica en los campos de exterminio y, en una parte de los recluidos, tomó cuerpo. Ahora, con los castigos que nos imponen, en forma de recortes en calidad de vida y libertades, para pagar su deuda a sus bancos, hacen lo mismo. Habéis vivido por encima de vuestras posibilidades, nos dicen, y una gran parte de nosotr@s, lo creemos.
 
Ha calado, y de una manera verdaderamente preocupante, la idea de que todos los males que nos acechan es por culpa nuestra, y mientras no nos desembaracemos de ese sentimiento de culpabilidad la lucha está perdida.

Y, sin embargo, sí que hay algo de cierto en esto de que somos culpables de nuestra propia tragedia. Tragedia que es como una versión del Síndrome de Estocolmo, donde nosotr@s, aceptando de buen grado el castigo, pagamos sonrientes y amablemente el rescate a los captores.

Sí, creo que somos culpables de nuestras desgracias, en tanto y cuanto somos los responsables de que gobierne quien nos gobierna. Bueno lo de gobernar es un decir, una manera de hablar, figurar, figura Rajoy, otra cosa es que quien manda son los de siempre, es decir, los banqueros.

Y aún reconociendo que el modelo de elección, la Ley Electoral, está corrompido y diseñado para que ganen los partidos que defienden al Sistema, es decir la Alternancia “Socioneoliberal” representada por los partidos conservadores y socialdemócratas, con la inestimable ayuda de los partidos periféricos (también de cultura y trayectoria Socioneoliberal), aún reconociendo esta trampa seudodemocrática, y mientras no se demuestre pucherazo electoral, gobierna quien los votantes quieren. Aquí voy a hacer un apunte un tanto curioso: gobierna quien los votantes quieren y lo hace con la complicidad un tanto extraña de quienes, declarándose antisistema, se abstienen. Y digo extraña complicidad porque conociendo, como conocen, que su abstención favorece, por la simple caída del peso de la lógica numérica, a los partidos contra los que dicen quieren luchar, aún así, se abstienen.

Somos culpables de sustentar, con nuestra apatía en muchos casos, y nuestra estupidez en otros muchos, todo lo que nos sucede. Acabamos de saber que los Presupuestos Generales del Estado para 2013 inciden, de manera un tanto draconiana, en más y enormes sacrificios y recortes. También hemos visto como el día de la “presentación en sociedad” de dichos recortes, robos habría que llamarlos, los tres ministros sin vergüenza que allí estaban sonreían ampliamente, como quien lo hace con la convicción del deber cumplido.

Culpables de permitir, con nuestra apatía y estupidez, que la política fiscal, aprobada por quienes ganan en las urnas, sea regresiva (en vez de progresiva) y que por tanto, y como viene sucediendo desde hace muchos años, beneficie a las rentas del capital y a las rentas superiores a costa de las rentas del trabajo.
 
Culpables de mirar para otro lado mientras algunos advertíamos que nos estaban imponiendo un modelo de desarrollo sustentado en el agravamiento de las desigualdades. Culpables de no entender, o de no querer entender, aquello que Martín Niemöller dijo: primero vinieron a por…, pero como yo no lo era no hice nada para evitarlo.
Culpables de no sentir ya ni nauseas cuando un exministro, Eduardo Serra para más señas, se despacha con esta frase: la prioridad de un Estado es la Defensa, por encima de Educación y Sanidad.

Sí, lo mismo tienen razón cuando nos dicen que la culpa es nuestra.





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La prensa internacional y española que hace referencia a la contienda electoral venezolana, con El País y ABC a la cabeza, se hace eco de una rumorología nunca contrastada, vulnerando así las mínimas normas deontológicas del periodismo, tanto en la confirmación de las fuentes como en la selección de temas según su interés social. Por Alejandro Fierro

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Article llegit a REBELIÓN

Capriles/Chávez
Hugo Chávez se presenta a la reelección presidencial el próximo 7 de octubre con un programa electoral que contempla diversos objetivos para el periodo 2013-2019. Para alcanzar estos objetivos, propone una batería de propuestas concretas.

Sin embargo, la audiencia de los medios de comunicación de masas internacionales y muy especialmente los del Estado español, con El País y ABC a la cabeza, no podrá acceder a esta información, simplemente porque esos medios la ocultan. Los artículos en la prensa internacional y española referidos a la contienda electoral venezolana se centran en la supuesta y nunca probada ausencia de democracia en el país, en complots chavistas para mantenerse en el poder por la fuerza o en la vida sexual del actual presidente, haciéndose eco de una rumorología nunca contrastada y vulnerando así las mínimas normas deontológicas del periodismo, tanto en la confirmación de las fuentes como en la selección de temas según su interés social.

Lo mismo ocurre en los medios de comunicación venezolanos, el 85% de los cuales está en manos de la oposición. El desequilibrio en la propiedad de los medios y el tono absolutamente beligerante de la prensa de la derecha refutan cualquier acusación de falta de libertad de expresión en Venezuela. Algunos de sus artículos o imágenes sobre el jefe de Estado –por ejemplo, la publicada por la revista Tal Cual, en la que Chávez aparece caracterizado como un cerdo- serían prohibidas en el Estado español y sus autores juzgados y condenados, como ya ha ocurrido con informaciones o sátiras sobre el rey.

Los lectores no encontrarán en las páginas de su periódico información sobre la propuesta electoral de intensificar la explotación de las reservas de crudo del Orinoco –las mayores reservas de petróleo probadas del mundo, con más de un millón de millones de barriles- con el objetivo de alcanzar en 2019 una producción de seis millones de barriles diarios.

La radio tampoco hablará del objetivo de llegar en 2019 a los tres millones de viviendas públicas subsidiadas y de bajo coste, disminuyendo el precio cuanto menor es la capacidad económica de la familia beneficiaria hasta llegar a la gratuidad para los estratos más vulnerables. Ningún tertuliano explicará que entre 2011 y 2012 se han edificado 250.000 viviendas públicas y hay 450.000 más en construcción.

No habrá reportajes audiovisuales para mostrar cómo Venezuela ha pasado de luchar por erradicar el analfabetismo –en 2005 fue declarada por Naciones Unidas Territorio Libre de Analfabetismo- a ser el quinto país del mundo en tasa de matriculación universitaria y el segundo de Latinoamérica tras Cuba. No informarán sobre el proyecto de abrir nuevas universidades que se sumarían a las 22 creadas en los últimos 14 años y de facilitar el intercambio de estudiantes con los países del Mercosur.

Los columnistas no analizarán la propuesta de construcción de 16 centros sanitarios –entre ellos, 8 hospitales- ni los planes para extender la atención especializada a toda la población, con independencia de su lugar de residencia o capacidad económica.

Las revistas especializadas no se harán eco de la intención de incrementar la superficie de cultivos de regadío en un 200% ni de aumentar la producción de alimentos en un 45%, hasta llegar a los 42 millones de toneladas al año.

No hay ningún economista en los grandes medios de comunicación de masas que salga a explicar los datos macroeconómicos del país: un 5,6% de crecimiento del PIB en el primer semestre del año, encadenando siete subidas consecutivas; un descenso del desempleo hasta el 7,9%, lo que supone una disminución de casi el 50% desde 1998, cuando Hugo Chávez llegó al poder; por primera vez, la inflación interanual se sitúa por debajo de los 20 puntos… Por tanto, no habrá expertos que hagan inteligible al gran público la situación económica de la que parte Venezuela para poder hacer realidad las propuestas electorales.

Tampoco se realizarán entrevistas a politólogos para que expliquen los cinco grandes objetivos generales para el periodo 2013-2019: independencia nacional, con especial énfasis en la soberanía sobre los recursos y la soberanía alimentaria; profundización en el proceso socialista; convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo político integrada en la potencia emergente de Latinoamérica; contribución a una nueva geopolítica multipolar enfocada al equilibrio y la paz, y, por último, una política orientada a la preservación del medio ambiente y a una relación armónica entre el ser humano y su entorno.

El deber de los medios de comunicación que cubren las elecciones venezolanas es informar sobre los programas electorales, tanto de Hugo Chávez como del candidato opositor, Henrique Capriles. Sus periodistas y analistas de opinión tienen la obligación de explicar a la audiencia sus contenidos, con argumentos razonados y comprensibles. Después, estas propuestas podrán ser apoyadas o no por cada persona, pensar que son más o menos creíbles, calificarlas como objetivos plausibles o bien mercadería política. Y, en el caso de la audiencia venezolana, orientar su voto en función de una información cierta, plural y argumentada.

Al ocultar sistemáticamente las propuestas electorales de Hugo Chávez –las del candidato opositor tienen una considerable cobertura- los medios de comunicación de masas vulneran el Derecho a la Información de la ciudadanía. Es necesario recalcar una y otra vez que el Derecho a la Información está recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se rompe así el consenso fraguado durante siglos entre la ciudadanía y una prensa que debía suministrarle información veraz ante la imposibilidad de cada persona de recabar información en todos los ámbitos por sí misma.

Por eso, las encuestas indican que los medios de comunicación son uno de los grandes problemas del Estado español.
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lunes, 1 de octubre de 2012

La educación pública retrocede 30 años.

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En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que se presentó el nuevo anteproyecto de ley educativa, las únicas preguntas dirigidas por los periodistas al ministro de Educación, José Ignacio Wert, trataron sobre la recentralización que supone que el ministerio pase a decidir del 55% al 65% del contenido curricular en detrimento de las consejerías autonómicas de educación, además de una pregunta cuestionando la legalidad del traslado forzoso de docentes. Ninguno de los periodistas le planteó al ministro si había consultado a la comunidad educativa su proyecto de reforma.

“Llevamos años oyendo que no se pueden cambiar leyes educativas sin llegar a consensos y [Wert] la ha sacado absolutamente solo sin contar con padres, profesores ni nadie de la comunidad educativa”, afirma indignada Cecilia Salazar, de Ciudadanos por la Educación Pública. A José Luis Pazos, presidente de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (FAPA) Giner de los Ríos, de Madrid, le llama la atención que una reforma que se plantea “en supuesto beneficio de los alumnos y las familias, se haga sin tener en cuenta ni la opinión de los alumnos ni la de las familias”.

Contrarreforma ideológica

El ministro Wert aseguró que su reforma no era ideológica, aunque no explicó de forma convincente por qué. En la comunidad educativa hay un amplio consenso en sentido contrario. Para Enrique Díez, coordinador federal del área de educación de Izquierda Unida, “está fuera de duda que desde sus prejuicios ideológicos han establecido sus pautas aplicables a la educación, y su modelo está muy claro: es un modelo para que los ricos puedan llegar a los puestos más altos, que serán los másters y los doctorados; los grados para la clase intermedia técnica y el resto en una precariedad permanente en un mercado laboral en permanente rotación”.

Guillermo Valenzuela, profesor interino que participa en la Marea Verde de Aragón, también cree que es una reforma ideológica porque “profundiza en la supeditación de la educación al mercado laboral. El proceso educativo se diseña en función de las necesidades que tiene el mercado laboral y se concibe que los estudiantes son solamente futura mano de obra. La educación no tiene un sentido por sí mismo”. Cecilia Salazar añade que “la segregación muy temprana de alumnos lo que propiciará es que pocos alumnos lleguen a bachillerato y sean desviados hacia un mercado laboral de mano de obra muy barata”.

Tres vías de segregación

La primera segregación se producirá con los llamados “programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento”, en 2º y 3º de la ESO, en los que se agruparán alumnos con dificultades que recibirán contenidos devaluados. La segunda segregación llegará al terminar 3º de ESO. Un segmento del alumnado, el que más dificultades arrastre, será desviado a un curso puente que impedirá el reenganche al bachillerato. Estos ciclos de Formación Profesional Básica sustituirán a los actuales Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI). Cecilia Salazar explica que “los PCPI estaban pensados para alumnos de más de 16 años que iban a dejar el centro; era un intento para reenganchar de alguna forma y que pasasen a Formación Profesional de Grado Medio”. Sin embargo, “en la ley Wert se convierte en una salida, es decir, tiran directamente un alumno a la basura. Esto que antes era un ‘recoger’, ahora es una salida que no va a ningún lado, porque no hay titulación de ESO para este itinerario”. Enrique Díez va un poco más lejos y cree que “no sólo es para que salga mano de obra barata, sino para que salga cuanto antes”. En el texto del anteproyecto se puede leer que ‘se animará a estos programas a los que tengan una situación socioeconómica desfavorable’. Para Díez, “equipara la pobreza con la poca capacidad para el estudio”.

La tercera vía de segregación se hace a través de asignaturas optativas para que en 4º de la ESO los itinerarios para FP y para el bachillerato estén bien diferenciados. Para Enrique Díez, “la consecuencia es que deriva a la población escolar con más dificultades o menos recursos hacia la FP de grado medio o hacia el mercado laboral. Por tanto, convierte a la FP en una vía de segunda categoría. Cuanto antes se segrega, más se atenta contra la igualdad de oportunidades”.

Una de las razones esgrimidas por el ministro para implantar la segregación en itinerarios ha sido la mejora de los datos de fracaso escolar. El catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Cádiz, J. Félix Angulo, en un informe difundido por Soy Pública, explica que “dicha división en itinerarios pretende segregar disfrazando de esta manera el fracaso escolar”. Para el catedrático, el fracaso escolar es un problema de clase social, ya que la proporción entre hijos de trabajadores del sector servicios (profesionales y gerentes) e hijos de trabajadores sin cualificación es significativa: con respecto al acceso al bachillerato, por cada 2,7 alumnos del primer grupo llega 1 del grupo de trabajadores no cualificados, en FP la proporción es de 0,4 por cada 1; en cuanto a abandono de los estudios tras la secundaria es de 0,5 por cada 1 y el ratio de alumnos que abandonan la secundaria es de 0,12 –de la descendencia del primer grupo– por cada uno del grupo segundo.

La segregación viene acompañada de una nueva FP, con formación dual, una parte en la empresa y otra en el centro educativo, copiando el modelo alemán. No obstante, y como apunta Cecilia Salazar, “aquí no existe un tejido empresarial que pueda absorber eso y dar una formación efectiva al alumnado. En grandes empresas puede que sí, pero aquí lo que hay fundamentalmente son pymes que no pueden absorber a todas estas personas, por lo cual no tiene el menor sentido fuera de que se realiza trabajo gratis”.

El anteproyecto planteado por Wert introduce tres exámenes-reválida al término de cada etapa educativa (6º de primaria, 4º ESO y 2º Bachillerato), que serán realizados de forma externalizada, no por los profesores del centro. Para el catedrático J. Félix Angulo “no son pruebas de diagnóstico, sino que abren o cierran la posibilidad de continuar estudiando o bien marcan (como en primaria) al alumnado para el resto de su escolaridad, clasificándolo”. Guillermo Valenzuela indica que es profundizar “en la línea pedagógica que incide en la importancia del examen y de la evaluación. Todo el proceso educativo tendría como fin último poder pasar esas pruebas. Es un sistema de evaluación doblemente reduccionista. Hay muchas maneras distintas de evaluar un proceso de aprendizaje, y nosotros criticamos que la única manera de evaluar sea esa”.

Enrique Díez cree que esto muestra que la educación se concibe “no como algo que te sirva para desarrollarte, sino como un campo permanente de obstáculos, un suplicio permanente como si esto fuera un vía crucis”. Además, sostiene que el “modelo busca someter los centros educativos a las exigencias del mercado, especialmente a la competitividad, y por eso establece esas pruebas externas a nivel nacional, para ofrecer una clasificación de colegios según sus resultados, con el fin de que los ‘clientes’ puedan comparar y elegir el centro que más ventajas competitivas les aporte a sus hijos e hijas en el futuro mercado laboral”.

Cecilia Salazar cree que aquí se pueden dar las mismas consecuencias que se han dado en países que han implantado este sistema. “Lo que ha sucedido es que se ha establecido un ránking en función del cual depende la dotación económica del centro. Esto puede implicar que los centros que tienen más problemas cada vez tengan menos dinero, por lo que cada vez irán peor”. Cecilia cree que si la dotación de un centro depende de las notas de los alumnos en esta evaluación externa, “los profesores no vamos a tener más remedio que dedicarnos a enseñar exclusivamente cómo se aprueba, porque la dotación depende de ello. La reflexión crítica, la creatividad, se va a acabar porque nos vamos a dedicar a hacer pruebas tipo test para que cuando los alumnos se enfrenten al examen puedan pasarlo”.

En este nuevo escenario competitivo, Enrique Díez cree que las escuelas se van a hacer más selectivas y van a rechazar al alumnado que presenta mayores dificultades porque les puede hacer descender la posición en el ránking. “Esto tiene que ver con que se instaura el pago por resultados, propio del mundo empresarial”, apunta. La reforma acaba con la selectividad y cada universidad podrá elegir, si quiere, sus pruebas de acceso, como se hace en el mundo anglosajón.

Sin democracia escolar

Otra de las novedades que introduce el anteproyecto es el refuerzo del poder del director, nombrado por la administración y al que se le exigirá un perfil de gestor acreditado con titulaciones específicas. El informe de J. Félix Angulo alerta sobre la supuesta autonomía de los centros que esto supone: “Se convertirá, a través del control que el Gobierno pueda ejercer por las reválidas que implante, en una autonomía cautiva, que lleva a una especie de privatización encubierta de la escolaridad”. A Jesús Sánchez, presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), le parece “sangrante la pérdida de capacidad de decisión de los consejos escolares, en cada centro se le relega a un papel consultivo sin carácter vinculante, lo que nos parece una tomadura de pelo”. En los consejos escolares se sientan padres y madres, alumnos y docentes, y actualmente tienen capacidad de decisión sobre algunos aspectos del centro. Otro padre que participa en la vida activa del instituto de su hijo, José Luis Pazos, cree que “el ministerio plantea esto porque entiende que la democracia la tienen que ejercer solamente unas cuantas personas”. Los profesores también alertan sobre esta medida. Guillermo Valenzuela cree que generan un modelo de educación “muy autoritario, concentrándose la gestión del centro en el director, que pasa a tener más poder”. Guillermo cree que se va a dejar “muy poca autonomía para los profesores, que tendrán menos capacidad para decidir lo que van a impartir y cómo van a evaluar”. Además, tiene sus reservas con que los directores puedan elegir a los interinos, “en nuestro sistema no es más que inducir al enchufismo y a la corrupción”. 

Para Cecilia Salazar es una falta de democracia absoluta. “Ahora en Madrid tenemos el problema de los profesores irlandeses contratados de forma ilegal por la comunidad, pero con la Ley Wert sería legal; hasta hoy en los centros públicos se hace con un baremo, de forma trasparente... Si el director gestiona esto, se saltan muchos derechos al mismo tiempo”. Enrique Díez cree que va a suponer “la profesionalización de la dirección escolar como si fueran gerentes: lo que van es a gestionar los centros públicos con rentabilidad económica, y no con rentabilidad social”.

A este cambio de modelo hay que añadirle la degradación que los centros ya han sufrido con los recortes presupuestarios. Díez asegura que “lo que pretenden es convertir la educación en un negocio. Los datos de la Unesco dicen que se mueve en el mundo de la educación dos billones de dólares anualmente. Ahora el capitalismo ha conquistado toda la geografía, y la última frontera que les queda son los servicios públicos”. José Luis Pazos cree que la reforma pone la puntilla a las agresiones presupuestarias. “Se quiere desmantelar gran parte de los avances que la educación pública ha conseguido en las últimas tres o cuatro décadas”.
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El soberanismo catalán jamás agradecerá lo suficiente los servicios prestados en Madrid por ciertos políticos, ciertos periodistas, ciertos medios de comunicación, cuyo discurso de odio ha creado más independentistas que cualquier recogida de firmas, que cualquier campaña o manifestación. Son esos bomberos de la gasolina, esos nacionalistas de una Españaza donde no caben los demás, que con sus palabras alimentan esa misma ruptura del Estado que dicen querer combatir. Por Ignacio Escolar

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Article llegit a EL PERIÓDICO.COM

Ignacio Escolar
Si algún día Catalunya consigue la independencia, se habrán ganado a pulso un hueco en el callejero de Barcelona por su enorme ayuda a la nueva nación: carrer de Rosa Díez; passeig de Federico Jiménez Losantos; avinguda d'Intereconomía, de Pedro J. Ramírez o de Alejo Vidal-Quadras. Si ellos son la patria, yo soy extranjero. De esta España excluyente yo también me querría independizar.
Espiral disparatada

Estos especialistas en la confrontación han encendido durante años el odio anticatalán, y ahora, cuando el monte se quema, avivan el fuego todavía más. Las propuestas con las que ahora plantean responder ante la amenaza de una secesión han entrado en una espiral disparatada que inevitablemente irá a más; cada día resulta más difícil epatar. Una pide en el Congreso de los Diputados suspender la autonomía de Catalunya, el otro responde que hay que mandar a los jueces a por el Parlament y el siguiente, el señor Vidal-Quadras, europarlamentario del PP, se viene arriba y exige la intervención de un general de brigada de la Guardia Civil para tomar el poder en la «autonomía rebelde». «Y si sacan la gente a la calle, que la saquen, pero no podrán estar más de un mes manifestándose, de manifestarse no se come», remata Vidal-Quadras. ¿Se come acaso de romper el país con discursos así? ¿Estos exabruptos, que tan útiles resultan al soberanismo catalán, se sueltan por interés o por irresponsabilidad? ¿De verdad hay alguien sensato que dude hoy de que, en democracia, la única manera de mantener unida España es la voluntad de todas sus partes por permanecer juntas, y no esa amenaza de los tanques que dejó escrito el búnker franquista en el vergonzoso artículo 8 de la Constitución?

Obviamente, los dos extremos en este debate nacionalista -el español y el catalán- quieren secar cualquier espacio para los matices. Y los hay. No todos en Madrid somos así. También hay aquí quienes defendemos una España integradora, quienes creemos que podemos convivir, quienes apostamos por un modelo federal que respete las diferencias y nos permita a todos prosperar. Como escribe Isaac Rosa: queridos catalanes, no nos dejéis solos, por favor.
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domingo, 30 de septiembre de 2012

"Seguimos rodeando el Congreso para decirles a quienes dicen mandarnos que no, que desobedeceremos sus imposiciones injustas, como la de pagar su deuda, y que defenderemos los derechos colectivos (...) para iniciar un proceso que permita que los responsables de la crisis dejen de ser impunes, para que los pirómanos que han provocado nuestra crisis no sean recompensados y empiecen, en cambio, a ser juzgados." Coordinadora 25S

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Text llegit a la revista VIENTO SUR

El pasado 25S nos convocamos a rodear el Congreso de los diputados para rescatarlo del secuestro de la soberanía popular llevado a cabo por la Troika y los mercados financieros. Una ocupación ejecutada con el consentimiento y la colaboración de la mayoría de los partidos políticos. A pesar de las constantes amenazas, las manipulaciones mediáticas y la intensa campaña para infundir temor en la población, decenas de miles de personas acudimos a la cita y dijimos alto y claro que no tenemos miedo, que estamos juntas en esto y que no vamos a pararnos hasta que dimitan y se inicie un proceso constituyente.

El gobierno nos respondió con golpes, infiltraciones, detenciones, violencia indiscriminada, heridos y un despliegue policial absolutamente inédito. Sin embargo… perdió. Las imágenes de la represión han dado la vuelta al mundo y la visita de Rajoy a la ONU quedó completamente ensombrecida por la capacidad organizativa y comunicativa que hemos demostrado. El debate sobre la legitimidad de la acción del 25 se ha abierto, y hoy toda la sociedad española habla de ello, debate, opina, toma posición. Hemos iniciado una gran conversación y este es el camino que queremos seguir.

Por mucho que gobierno y medios de comunicación traten de convertir nuestras reivindicaciones en un problema de orden público, salir a la calle a reivindicar derechos es hacer política, manifestarse es hacer política, tomar la palabra es hacer política.

Seguimos aprendiendo. Hoy, 29 de septiembre, las calles se han vuelto a llenar con miles de personas que dicen basta y que quieren tirar del freno a una realidad que se está volviendo cada vez más insoportable. Y además, hoy, salimos para acompañar y sentirnos acompañados por nuestros hermanos y hermanas portugueses, griegos e italianos, rodeando su propio parlamento. Los “Cerdos” son ellos, nosotros y nosotras somos el sur de Europa, y sin el sur de Europa, no hay Europa posible.

Seguimos rodeando el Congreso porque queremos dar un salto en la movilización social y poner en el centro la recuperación de la soberanía y del poder ciudadano, es decir, de la democracia. En este año y medio hemos aprendido a integrar, a pensar y actuar colectivamente, entablando alianzas imprevisibles: mareas de todos los colores tomando la ciudad; vecinos y vecinas parando desahucios, funcionarios y funcionarias cortando calles… Ahora sabemos descifrar complejos conceptos económicos y legales, cuidarnos y cuidar a las demás, comunicarnos mejor, gestionar espacios de participación y discusión en las redes, las plazas,y los centros de trabajo; reírnos de la violenta estupidez del poder, ante la que, cada vez más, resistimos en lugar de correr. Hemos logrado ampliar los métodos de las viejas formas de lucha, y hemos llevado a cabo iniciativas que queremos seguir desarrollando desde abajo, sin atajos y paso a paso. Porque creemos que el tiempo de las decisiones tomadas por unos pocos ha terminado; porque, frente a quienes quieren dejarnos sin futuro, tenemos los medios y la inteligencia colectiva para decidir y construir la sociedad que queremos; porque no necesitamos falsos intermediarios, sino recursos y herramientas colectivas que fomenten activamente la participación política de todas las personas en los asuntos comunes.

Seguimos rodeando el Congreso para decirles a quienes dicen mandarnos que no, que desobedeceremos sus imposiciones injustas, como la de pagar su deuda, y que defenderemos los derechos colectivos: la vivienda, la educación, la salud, el empleo, la participación democrática, la renta. Para iniciar un proceso que permita que los responsables de la crisis dejen de ser impunes, para que los pirómanos que han provocado nuestra crisis no sean recompensados y empiecen, en cambio, a ser juzgados.

Ni el gobierno de Zapatero, ni el de Rajoy nos han escuchado. Ambos han traicionado a sus propios votantes llevando adelante medidas que prometieron que nunca pondrían en marcha. No obedecen a los ciudadanos, no tienen la valentía ni interés para hacerlo. El gobierno Rajoy, por lo tanto, no nos sirve y exigimos su dimisión.

Hoy se han presentando los presupuestos generales del Estado para el año que viene. Esos presupuestos son el resultado de una reforma de la Constitución ejecutada a medias entre el PSOE y el PP sin que la ciudadanía pudiera decir nada al respecto. Esos presupuestos dedican mucho más dinero a pagar una deuda ilegítima que a las necesidades sociales que puede articular una salida colectiva de la crisis. Esos presupuestos son una vergüenza para la soberanía nacional, para la democracia. Y por eso tenemos que pararlos.

Queremos hacer un llamamiento a una nueva movilización cuando los presupuestos se discutan en el Parlamento. Queremos estar de nuevo aquí esos días para decirles que no, que se acabó gobernar sin preguntar.

Exigimos también el cese de la criminalización, la libertad de la persona aún detenida y que se retiren todos los cargos imputados a las otras compañeras que asimismo fueron vejadas y maltratadas en virtud de unas diligencias intolerables en un estado de derecho. Que se abra una investigación sobre la actuación policial durante el día 25.

Estos días hemos visto que podemos, si nos organizamos, si nos comunicamos, si usamos nuestras redes e infundimos confianza, calma, inteligencia colectiva. Por eso os proponemos que participéis en la Coordinadora25S, no sólo aquí en Madrid, sino en todas partes, que organicéis vuestros propios nodos de esta red, que hagáis vuestras las convocatorias… Nos están quitando lo poco que quedaba por defender. Nos queda absolutamente todo por construir.
No tenemos miedo.

Los presupuestos de la vergüenza, los vamos a rodear.

Que se vayan.

Sí se puede.



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