"La PAH y la mayoría de la sociedad lo tiene claro: todo era #PuroTeatro. La patronal de la banca dictó el decreto la semana pasada y el Gobierno redactó ahora lo que le manda “su amo”. Una vez más, el Gobierno es el brazo armado de la banca..." Article de Luis M. Sáenz

Article llegit a TRASVERSALES

El 15 de noviembre el Gobierno emitió el Real Decreto Ley 27/2012, como respuesta a la creciente presión e indignación social por la complicidad de las instituciones políticas con las entidades financieras en una operación de miserabilización social como es la puesta en marcha de lanzamientos masivos a consecuencia de ejecuciones hipotecarias, dejando a muchas familias en la calle y sin alternativa habitacional. Los suicidios que están teniendo lugar son la expresión más dolorosa de un sufrimiento ante el que tanto el gobierno anterior como el actual se han mostrado impasibles y cómplices de las entidades financieras.

 

EL RDL 27/2012 y la ejecución hipotecaria

Según este RDL, hasta el 14/11/2014 no se expulsará de la casa a las personas que pierdan la propiedad de ella por ejecución hipotecaria cuando se den TODAS las siguientes condiciones:

1. Que se trate de la vivienda habitual, que la persona deudora no tenga ninguna otra vivienda en propiedad, que el préstamo se concediese para la compra de esa vivienda y que ésta garantizase la hipoteca.

2. Que los ingresos anuales de la unidad familiar no superen 19.170.39 euros

* El tope fijado es tres veces el IPREM, si éste cambia cambiaría el tope.

3. Que en los cuatro años anteriores a la solicitud la proporción entre la carga hipotecaria y la renta familiar se haya multiplicado al menos por 1,5

* A carga hipotecaria constante, eso quiere decir que la renta familiar debe haber bajado al menos un 33%.

4. Que la cuota hipotecaria sea superior al 50% de los ingresos netos de la unidad familiar.

* Por ejemplo, si los ingresos netos son 14.000 euros anuales sólo cumplirán esta condición quienes paguen por la hipoteca más de 7000 euros al año, quedándoles menos de 7000 euros anuales para vivir.

5. Que se dé una situación de "especial vulnerabilidad", entendiendo por esto que se dé al menos una de las siguientes circunstancias:

- Familia numerosa

- Familia monoparental con dos o más hijos a cargo

- Familia en la que al menos haya un menor de tres años

- Familia en la que algún miembro tiene discapacidad superior al 33%, situación de dependencia o enfermedad que incapacite de forma permanente para la actividad laboral, o en la que conviva persona con parentesco hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad con titular de la hipoteca o su cónyuge y que esté en situación de discapacidad, dependencia o enfermedad grave que le incapacite de forma temporal o permanente para la actividad laboral.

- Deudor en desempleo habiendo agotado las prestaciones

- Familia en la que haya una víctima de violencia de género que tenga ese domicilio habitual

El Fondo Social de Viviendas

El RDL encomienda al Gobierno la creación de un Fondo Social de Viviendas, en colaboración con el sector financiero, sin poner plazo alguno para su constitución. Las viviendas serían propiedad de las entidades de crédito (no sería por tanto una red pública). Se ha comentado que esto afectaría sólo a viviendas propiedad de bancos que ya están bajo el control del FROB, pero el RDL no dice nada al respecto.

Se dirigiría a las personas que hayan sido expulsadas de su vivienda habitual pero cumplan las condiciones que el RDL establece para que a partir de su entrada en vigor no pudieran serlo. Por tanto, no atendería a las personas sin acceso a la vivienda a precios de mercado si previamente no han sido desahuciadas.

Se propone como objetivo facilitar alquileres "asumibles" en función de los ingresos, pero no se cuantifica ese criterio. A tener en cuenta que, al fijar las condiciones para acogerse a la moratoria de desahucio, el Gobierno ha considerado asumible que, por ejemplo, pague una hipoteca de 7500 euros anuales una familia con dos hij@s de cuatro y seis años de edad con 15.000 euros de ingresos anuales. Eso es algo muy distinto de la petición que los movimientos sociales vienen haciendo de que el alquiler social no supere en ningún caso el 30% de los ingresos familiares. Mientras que el gobierno establece un mínimo del 50%, y sólo para muy pocas personas, la reivindicación social es un máximo de un 30% y para todas las personas que lo necesiten.

Conclusiones

a) Este RDL 24/2012, al igual que los "cambios" de postura entre los dirigentes del PP y del PSOE, es su respuesta ante una presión social que ha ganado ya el apoyo de la inmensa mayoría de la opinión pública. Según sondeo realizado el 30/11/2012 por Metroscopia para El País, el 94% de la población quiere que puedan aplazarse o suspenderse los desahucios de personas desempleadas, el 86% cree que la legalidad vigente protege los intereses de los bancos frente a los de sus clientes y el 86% apoya la dación en pago. Por ello, hay que hacer dos lecturas complementarias de lo que ocurre: por un lado, se está demostrando que la lucha social en torno a objetivos claros y comprensibles puede lograr éxitos y forzar retrocesos en la política de recortes; por otro lado, el camino tomado por el PP, aunque pueda mejorar la situación de algunas personas afectadas por el riesgo de desahucios, deja sin resolver el grueso del problema y hace necesario mantener la presión y dar a apoyo a movimientos cono stopdesahucios o las plataformas de personas afectadas por la hipoteca.

b) La moratoria de dos años para los desahucios en ciertas condiciones ha sido limitada a un conjunto de circunstancias extraordinariamente limitadas. Por poner sólo un ejemplo, una familia formada por dos personas adultas y tres hijas o hijos menores que ingrese actualmente 12.000 euros y tenga una hipoteca de cuota anual 6000 euros no estará acogida por la moratoria. Tampoco podría una familia de dos personas adultas y dos hijas/hijos de cuatro y seis años en la que no entra ningún ingreso. Es un escándalo, porque tratan de hacer ver que son sensibles al sufrimiento humano cuando en realidad lo desprecian haciendo una ley que sólo será aplicable a muy pocas familias.

c) La exigencia que desde los movimiento sociales se alza reclamando una red pública de alquiler social tampoco ha sido atendida, pese a que la existencia de un amplio patrimonio inmobiliario en manos del FROB a través de su control sobre diversas entidades financieras ha creado condiciones muy favorables a la puesta en marcha de esa red.

Dado que el encargo hecho por el Gobierno al Gobierno para la creación del Fondo Social de Viviendas (FSV) carece de plazo, de momento no significa nada.

Además, no sería en ningún caso una red pública, ya que, según el RDL, las viviendas serían propiedad de las entidades de crédito. Todo hace pensar en que, de llegar a hacerse algo a este respecto, se tratará más bien de una operación para facilitar, con el respaldo y quizá el aval del Estado, que los bancos hagan negocio con el patrimonio inmobiliario en sus manos, pero ahora por la vía del alquiler a personas con pocos recursos. Marx describió en su tiempo que, en épocas de crisis y de creciente miseria, los alquileres se convierten en uno de los negocios más rentables a costa del saqueo al que son sometidas las personas más pobres, cuya incapacidad para comprar una vivienda les obliga a aceptar condiciones de alquiler desorbitadas e injustas.

Por último hay que señalar que el citado FSAV no aborda el problema social de la vivienda, ya que no se dirigiría a todas las personas que necesitan casa sino sólo a una parte de las que ya hayan sido expulsadas de sus hogares.

d) Tal y como declara la Plataforma de Afectados por la Hipoteca,

"La PAH y la mayoría de la sociedad lo tiene claro: todo era #PuroTeatro. La patronal de la banca dictó el decreto la semana pasada y el Gobierno redactó ahora lo que le manda “su amo”. Una vez más, el Gobierno es el brazo armado de la banca, todo lo otro son daños colaterales de la guerra del 1% contra el 99%. Las prisas por adjudicarse la exclusiva nos hace nuevamente ver cómo los intereses de muchos son usados en beneficio de unos pocos, sin cambiar la situación.

Pero también tenemos claro que si hoy el Gobierno tomó estas medidas es gracias a la presión social, a la lucha sin tregua de los de abajo, de organizaciones como la PAH, el 15M y muchas otras.

La PAH continuará presionando y movilizándose, tal y como ha hecho hasta ahora, es así como ha conseguido paralizar más de 500 desahucios frente a los 400.000 impulsados por las leyes injustas de #PPSOE. Seguiremos exigiendo que la moratoria se aplique a todas las famílias, siempre que la causa del impago sea sobrevenida y siempre que se trate de vivienda habitual.

No valen medidas publicitarias, ni pequeñas modificaciones que no aborden el problema de raíz. La PAH no aceptará rebajas ni medidas trampa. Las soluciones que la PAH lleva años exigiendo son claras:

Dación en pago reatroactiva!

Moratoria de desahucios inmediata!

Alquiler social ya!

Nos avalan más de 600.00 firmas de la ILP donde quedan recogidas nuestras demandas de mínimos"

Más información sobre la ILP en http://www.quenotehipotequenlavida.org/

e) Tenemos una deuda inmensa con las amigas y amigos que han sostenido la pelea contra los desahucios. Han demostrado que los de arriba nos tienen miedo, que podemos obligarles a mover ficha, que podemos unirnos la gran mayoría de la población por lo que es justo. Y eso ha contribuido decisivamente a alentar y animar las movilizaciones del 14 de noviembre de 2012. Se ha demostrado que movilizarse sirve, ha echado por tierra el derrotismo de tantas voces, interesadas o confundidas, que no han parado de decir que la acción social no servía para nada. Sí, sirve. Sí, podemos. No vamos a parar hasta echarles, no para cambiarles por otros, sino para rescatar nuestras vidas, para tomar en nuestras comunes manos el futuro.

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Bancos y cajas anuncian que paralizarán los desahucios "en casos de extrema necesidad", y es inevitable preguntarse cuándo un caso es extremo para ellos, que llevan tiempo permitiendo la ejecución de las tragedias, hasta alcanzar una media de 512 desahucios diarios. Por Olga Rodríguez

article llegit a la revista PUEBLOS

Olga Rodríguez

¿Piensa la patronal bancaria en todo lo que hay detrás de esas cifras, de esos nombres?

¿Qué sienten cuando, tras expulsar de sus casas a las familias, sacan a subasta esas viviendas de las que se erigen como propietarios, mientras siguen exigiendo a los desahuciados el pago de las casas que ya nunca serán suyas?

“Casos de extrema necesidad” recuerda a aquella otra frase pronunciada por Dov Weisglass, asesor del exprimer ministro israelí Ariel Sharon, quien, refiriéndose a los palestinos víctimas del bloqueo de Gaza, dijo: “La idea es ponerlos a dieta, no matarlos de hambre”.

¿Creará la patronal bancaria un grupo de trabajo encargado de determinar cuándo llega la tragedia y cuándo no, cuándo un desahucio es terrible y cuándo no, cuándo es solo ‘dieta’ y cuándo ‘muerte por hambre’? ¿De qué modo valorarán el carácter extremo de la situación?

Ahora, tras las protestas, tras un formidable movimiento contra los desahucios, tras la advertencia de jueces y fiscales, que han acusado a los bancos de especular con las ejecuciones hipotecarias, tras varios suicidios de afectados, se detendrán algunos desahucios.

Es el elevado precio que se impone a la gente en una época de impunidad como la actual, en la que los ricos nunca habían sido tan ricos ni los pobres, tan pobres.

Hasta hoy no había excepciones para ejecutar los desahucios. Parapetados tras la excusa de la legalidad, la banca justificaba lo injustificable, lo insostenible.

Se hacía porque era legal, a pesar del artículo 47 de la Constitución (“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”) como legal fue que las mujeres no pudieran votar o que en EEUU se legitimara el racismo con espacios separados para negros y blancos; como legal es la desigualdad, la pobreza, el abuso del poder frente a la indefensión de los débiles.

Bancos y cajas deciden que lo legal ya no es justificable “en casos de extrema necesidad”, y esto demuestra que la protesta es útil, que la presión sirve, que todo suma, que la reivindicación de nuestros derechos es más que nunca imprescindible y que hay que seguir luchando para que las legales violaciones de los derechos humanos sean finalmente paralizadas.

Pero no basta con un gesto de caridad. El anuncio de la paralización temporal de algunos desahucios, de los peores, forma parte de ese régimen de adelgazamiento al que están sometidos derechos fundamentales.

Nos ponen a dieta, pero con disimulo. Como diría Weisglass, con una dieta no mortal. No vaya a ser que nos quedemos sin absolutamente nada, nos rebelemos, y encuentren entonces algún obstáculo serio a su impunidad.

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"...El Real Decreto aprobado por el Gobierno para regular algunos procedimientos de desahucio no supondrá ninguna mejora sobre la situación actual e incluso la empeora (...) excluyen a la mayoría de la gente afectada". Por la PAH

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Ada Colau

Representantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y juristas han asegurado la mañana del viernes en rueda de prensa que el Real Decreto aprobado por el Gobierno para regular algunos procedimientos de desahucio "no supondrá ninguna mejora sobre la situación actual e incluso la empeora", según ha asegurado Ada Colau, portavoz de la PAH. En palabras de José María Fernández Seijo, magistrado del juzgado de lo mercantil de Barcelona, "antes los jueces podían dudar sobre si paralizaban un procedimiento de desahucio, ahora pueden decir que al haber ya una norma no pueden ir más allá de lo que ésta dicta".

El Real Decreto [aprobado por el Consejo de Ministros el jueves y publicado la mañana del viernes en el Boletín oficial del Estado ha abierto un periodo de dos años de moratoria en el procedimiento de ejecución hipotecaria con una serie de condiciones que, en opinión de la PAH, “excluyen a la mayoría de la gente afectada”. Martì Batllori, presidente de la comisión de defensa del Colegio de Abogados de Girona, ha calificado en la rueda de prensa de “incompleta y vergonzosa desde el punto de vista jurídico” la nueva normativa, a la que identifica como “una segunda parte del decreto de Guindos”, en referencia al código de buenas prácticas que el Gobierno ofreció firmar a las entidades bancarias y que ha resuelto hasta la fecha 150 casos.

Colau ha asegurado que el Gobierno “ha desaprovechado la oportunidad” de regular de forma conveniente un parque de viviendas en alquiler social y ha juzgado como “incomprensible” que presente el Real Decreto a la vez que se crea el llamado “banco malo” por el que el Estado pasa a ser copropietario de una parte de los activos inmobiliarios en manos de las entidades financieras.

La PAH ha querido insistir en la alternativa ya presentada a través de la Iniciativa Legislativa Popular que ha recogido más de 600.000 firmas para regular la dación en pago retroactiva, el alquiler social y la moratoria en los procedimientos de ejecución de hipotecas. “Una economía no sale de la crisis si la población no sale de la crisis”, ha concluído Colau, que destaca cómo unas plataformas “sin recursos ni infraestructuras y criminalizadas” han liderado la respuesta social a la realidad de los desahucios.

Este lunes las plataformas [presentarán de forma masiva un escrito en el que se solicita la suspensión de todos los procedimientos de ejecución hipotecaria de viviendas habituales que se encuentren actualmente en los juzgados. El escrito, que ha sido elaborado junto con el Consejo General de la Abogacía Española, será distribuido entre los abogados colegiados para difundirlo también más allá de los afectados que ya se han organizado en la PAH.

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PP y PSOE CÓMPLICES DEL GENOCIDIO FINANCIERO. Por la PLATAFORMA de AFECTADOS por la HIPOTECA

PAH

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La mayoría de las familias que son desahuciadas en España por no poder pagar su hipoteca no lo cuentan. No se atrincheran para aguantar ante la policía (...) No llaman al 15-M ni tampoco a las cámaras de televisión. No se resisten ni luchan. (...) ya son 517 desahucios de media al día, algo más de 21 cada hora. Cada 167 segundos hay una familia en España que tiene que abandonar su vivienda, Por Ignacio Escolar

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Ignacio Escolar

La mayoría de las familias que son desahuciadas en España por no poder pagar su hipoteca no lo cuentan. No se atrincheran para aguantar ante la policía que llega con la cruel orden de desalojo. No llaman al 15-M ni tampoco a las cámaras de televisión. No se resisten ni luchan. "Les mienten a sus vecinos, les dicen que se mudan a otro barrio o a otra ciudad, que les ha salido un trabajo fuera, que ya escribirán", me cuenta un abogado que conoce de cerca esta tragedia. "Piden al banco entregar las llaves en el juzgado o en la sucursal para evitar que nadie más se entere. No quieren pasar por el oprobio de que la gente les vea como fracasados. No quieren afrontar su derrota".

Su reacción es humana y explica unas cuantas cosas. La principal: cómo es posible que una sociedad con 350.000 desahucios en cuatro años haya tardado tanto tiempo en darse cuenta de la magnitud de esta catástrofe. En los últimos meses, siempre según los datos del CGPJ, el número creció todavía más: ya son 517 desahucios de media al día, algo más de 21 cada hora. Cada 167 segundos hay una familia en España que tiene que abandonar su vivienda, envolver su vida en papel de periódico, guardar sus ilusiones en cajas de cartón, meter su orgullo entre plástico con burbujas y cerrar la puerta por última vez, sabiendo que dejan atrás sus ahorros y su casa, pero que sus deudas se quedan.

Paréntesis asimétrico

Hace unos años, cuando empezó esta pesadilla, el entonces presidente de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán, pidió «un paréntesis en el libre mercado» para afrontar la crisis. Sus declaraciones provocaron la hilaridad general, pero con el tiempo su deseo se ha cumplido. Las santas leyes del libre mercado se han detenido, aunque de forma un tanto asimétrica: tras años de privatizar los beneficios hemos socializado las pérdidas, pero no las de todos. Hemos rescatado a la banca, a las autopistas e incluso a los fabricantes de armas: Mariano Rajoy aprobó para el sector militar un crédito extraordinario de 1.782 millones de euros hace unas semanas, dentro de "los presupuestos más sociales de la historia". Solo en el 2010, el sector financiero se llevó 87.497 millones de euros del dinero público: el 99,59% de todas las ayudas contra la crisis de ese año. Y eso que el verdadero rescate llega ahora.

Hay argumentos poderosos para justificar el rescate a la banca: el mejor de ellos, que la alternativa es aún peor. Sin embargo, no hay cínico capaz de argumentar que un Estado que se dice democrático tenga océanos de dinero para salvar al sector financiero pero no encuentre un par de cubos para rescatar a los desahuciados. Si la banca es "sistémica", también tienen que serlo las familias.

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¿SUICIDIOS O CRIMEN DE ESTADO? Tendríamos que dejar de hablar ya de suicidios y de poner sobre la mesa la comisión de un verdadero crimen de Estado porque sus instituciones, que tienen la obligación de evitar el dolor de los ciudadanos y cuentan con medios para ello, son las que lo están provocando, por Juan Torres López

Llegit a la seva web GANAS DE ESCRIBIR

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Todos los datos permiten asegurar que una gran parte del incremento en el número de suicidios que se viene dando en España está relacionado con la forma en que se está gestionando la crisis. Ya he comentado en artículos anteriores y más extensamente con Vicenç Navarro en el libro ‘Los amos del mundo. Las armas del terrorismo financiero (Espasa, 2012)’, que en todos los países en los que se han aplicado políticas de ajuste neoliberal se ha podido detectar ese fenómeno, así que no es de extrañar que ahora se esté produciendo en España. Actualmente, parece que en nuestro país se producen entre nueve y diez suicidios cada día y que un tercio de ellos, según se puso de manifiesto en un reciente congreso de Psiquiatría, son los que tienen que ver con problemas económicos de diverso tipo originados por la crisis.

Y no hacen falta muchos estudios científicos para comprobar igualmente que una gran parte de esos suicidios se relacionan con los desahucios, que en estos momentos dejan sin vivienda a más de quinientas familias cada día en España. Ya son bastantes los casos en los que se han producido justo antes de que las autoridades y la policía procediesen a desalojar a las familias de sus viviendas en diferentes lugares de España.

Se trata de un verdadero drama que tiene una responsabilidad muy directa: las autoridades e instituciones del Estado que hasta el momento no han hecho nada efectivo para evitarlo. Todo lo contrario, lo han provocado con las políticas que vienen aplicando e incluso lo facilitan, como esos jueces que llegan a decretar que los desahucios se lleven a cabo sin previo aviso para evitar que la población acuda en ayuda solidaria de los afectados.

El Gobierno actual y el anterior han dedicado sumas millonarias a salvar y proteger a los banqueros y a los grandes propietarios, pero no han tomado ni una sola medida efectiva para acabar de una vez por todas con la desprotección de las familias de menos ingresos que pierden sus viviendas.

Cambiar las leyes para establecer medidas como la dación de pago, la creación de tribunales que gestionen la reestructuración de la deuda familiar, la disminución temporal de las cuotas para las personas sin ingresos o en paro, quitas familiares, u otras parecidas que podrían evitar los desahucios no comportan grandes dificultades legales ni supondrían demasiado coste económico (al revés, permitirían aumentar la demanda efectiva y así mejorar la situación económica). Por eso es injustificable que se sigan llevando a cabo desahucios que provocan docenas de suicidios y un sufrimiento personal y social tan extraordinario.

Que los dos grandes partidos se pusieran de acuerdo en unos pocos días para modificar la Constitución, y así contentar a los poderes financieros, y no lo hagan para adoptar medidas de rango muy inferior dirigidas a proteger a las miles de familias que se quedan en la calle solo refleja que se trata de dos organizaciones políticas que han perdido el norte para convertirse en simples piezas de un dominio oligárquico que ya es insoportable, y que requiere una respuesta social a la altura de su traición a los principios elementales de la ética, la justicia y el buen gobierno.

Es incomprensible, y empieza a producir una rabia inmensa, contemplar día a día a los parlamentarios ocupados en todo tipo de asuntos pero incapaces de acabar con el drama. Es desolador comprobar que los jueces no hayan reaccionado ya cuando llevan tanto tiempo como ejecutores de un derecho que es la antítesis de la justicia. Es patético e indignante ver a la policía defender día a día a las autoridades que echan a las gentes de sus casas y a los Bancos que se quedan con ellas, y golpear con saña a las pobres mujeres y hombres que las defienden. Es una vergüenza comprobar que hasta la jerarquía de la Iglesia Católica, que tanto habla de defender a la familia, llame a la policía para desalojar de sus templos (como en La Almudena de Madrid) a quienes quieren llamar la atención de la sociedad hacia lo que está pasando (en clara contradicción, hay que reconocerlo, con la inmensa mayoría de sus fieles de abajo que siempre suelen apoyarlos). Es tremendo que no salga ni una sola palabra ni un gesto de ayuda del Jefe del Estado, que se dedica, por el contrario, a defender las políticas que provocan el paro y la pérdida de las viviendas, mintiendo sobre los efectos que están provocando sobre la sociedad y la situación económica solo para proteger los intereses de los grupos más poderosos. Es sencillamente insultante, que en lugar de defender a las miles de personas que sufren, el Gobierno no solo siga aplicando sin misericordia las políticas que agudizan la crisis, sino que se dedique a ir indultando semana tras semana a los pocos financieros y políticos delincuentes que habían sido condenados en los años anteriores. Y es un insulto a la inteligencia y un despropósito la Constitución que declara que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”, pero que a la vez no impide que se produzcan más de medio millar de desahucios diarios.

Cada vez que muere una persona desesperada por el paro o por la pérdida de vivienda, o a causa del peor tratamiento que reciben cuando son dependientes o están enfermas, aumenta algo más la responsabilidad de todas esas instituciones y personas. No podemos ni debemos aceptar que todo lo que está pasando en España, el daño tan grande que se le está haciendo a millones de personas, sea un simple accidente o algo inevitable. Es un daño orquestado, perfectamente evitable y que se produce solo porque se quiere beneficiar a otros grupos sociales. Por eso me parece que las personas que dirigen esas instituciones o que toman las decisiones tienen una auténtica responsabilidad criminal y no solo política que debería investigarse y depurarse cuanto antes.

Tendríamos que dejar de hablar ya de suicidios y de poner sobre la mesa la comisión de un verdadero crimen de Estado porque sus instituciones, que tienen la obligación de evitar el dolor de los ciudadanos y cuentan con medios para ello, son las que lo están provocando. La gente normal y corriente tiene derecho a defenderse e incluso el deber de levantarse contra los tiranos.

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HAY ALTERNATIVAS AL RESCATE. La cuestión es clara: no se aplican medidas alternativas, no porque no las haya, sino porque se quiere utilizar el rescate para beneficiar a los grupos sociales privilegiados y no al conjunto de la sociedad, por Juan Torres López

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Juan Torres López

A la vista de como se está presentando la situación económica en la inmensa mayoría de los medios de comunicación y de la falta de pluralidad que hay en tertulias, informativos y demás fuentes de opinión, es natural que la mayoría de la gente piense que el llamado rescate es inevitable.

El razonamiento con el que están vendiendo su inevitabilidad es elemental: el Estado español ha acumulado una deuda muy grande, los mercados no confían en su capacidad de pago y por eso le imponen unos tipos de interés muy elevados que antes o después harán imposible que España haga frente al vencimiento de los pagos. Por eso no hay más remedio que acudir a un “rescate” en forma de un préstamo o crédito con el que el Estado enjugue sus pagos inminentes y pueda garantizar los venideros.

A pesar de su aparente evidencia, el razonamiento hace aguas por varias partes. Sobre todo, porque la alternativa a la presión de los mercados a cuenta de nuestra deuda no es únicamente que el Estado se cargue con una aún mayor y a cambio de imponerle condiciones draconianas que van a hundir nuestra economía durante años.

Desde luego había otras alternativas antes de que la situación llegase a la degradación actual, como hemos puesto de manifiesto en otros trabajos, y particularmente en el libro Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España, y a las que no me voy a referir en este momento.

Pero también las hay ahora, ya en situación de emergencia.

Para bajar la prima de riesgo no hace falta rescate alguno sino simplemente que el Banco Central Europeo se comporte como una auténtica autoridad monetaria y evite que las presiones especulativas la eleven con el único propósito de obtener beneficios. Ni el nivel de deuda pública española cuando comenzaron las presiones ni incluso el actual (cercano al 90% pero mucho más bajo que el de otros países) justifica por sí mismo la presión de los mercados. Esos niveles (ahora, no lo olvidemos, más altos por la inacción del BCE) están todavía dentro de los que pueden asumirse sin demasiadas complicaciones a poco que se recupere la actividad y el ingreso, que es lo que están impidiendo, precisamente, las políticas europeas y la posición que mantiene el BCE.

Lo que ocurre es que los dirigentes del Banco Central Europeo no actúan para evitar que siga subiendo la prima de riesgo española porque no busca resolver la inestabilidad que eso provoca sobre el euro. Lo que está haciendo en realidad es actuar como manager de los intereses de la banca privada europea que solo trata de asegurarse el cobro de la deuda privada que con ella tienen los bancos de la periferia, y concretamente los españoles.

La presión que sufre España es la excusa que sirve para imponer un rescate que en realidad no es el rescate de España para que haga frente a su deuda soberana, sino para que financie la deuda que los bancos privados tienen con los alemanes y franceses (139.191 y 115.261 millones, respectivamente, a comienzos de 2012, que representan el casi el 45% de los 571.519 millones de dólares que deben).

Si de verdad quisiéramos “rescatar” a la economía española lo que se debería hacer no es imponerle una losa de deuda aún mayor, más recortes en el gasto público que se requiere para que las empresas puedan crear empleos y los ciudadanos vivir dignamente, y, en definitiva, frenar aún más la actividad económica que se necesita para crear ingresos, empleo y proporcionar bienestar social.

Lo que habría que hacer serían otras cosas: recuperar inmediatamente la demanda y hacer que las empresas y consumidores dispongan también de inmediato de la financiación que necesitan. Y además, como ya he explicado en otros textos, avanzar para que la actividad que se recupere sea de nuevo tipo, vertebradora y sostenible y que no reproduzca los males que provocaron la situación en la que estamos.

Esos tres objetivos (demanda suficiente, financiación adecuada y cambio de modelo) se podrían conseguir incluso en el muy corto plazo si en lugar de dejarnos llevar por el fundamentalismo neoliberal que nos invade nos dedicásemos a innovar y a concretar las diferentes propuestas alternativas que muchos economistas, personal o colectivamente, están ofreciendo.

Como una muestra más de que estas alternativas al rescate existen, de que son viables y de su efecto mucho más positivo para la economía y la sociedad española, quisiera referirme brevemente a la que acaba de divulgar Antonio Quero, alto funcionario europeo y militante socialista, con muy amplia experiencia política y de gestión (se puede ver con detalle en Bases para un Acuerdo Nacional para la salida de la crisis y la defensa de la soberanía económica).

En resumidas cuentas, su propuesta se basa cuatro ejes principales.

En primer lugar la creación de 3 millones de empleos y 2,5 millones de puestos de formación para jóvenes, principalmente poniendo en marcha un innovador sistema de anticipo subvencionado de contrataciones a las empresas, nuevos sistemas de rotación-sustitución, un fondo de inversiones para la creación y expansión de empresas y planes de eficiencia energética y de empleo juvenil.

En segundo lugar, un estímulo inmediato de la demanda incrementando la renta disponible familiar mediante la rebaja temporal de hipotecas y alquileres al 20% de la renta de las familias con ingresos menores a 3.000 euros mensuales. Una medida que inmediatamente permitiría incrementar la demanda agregada en 48.750 millones en tres años.

En tercer lugar, la generación de 75.000 millones de euros anuales de recursos públicos adicionales mediante una reforma del modelo bancario actual consistente básicamente en separar, por un lado, la captación de depósitos y, por otro, la concesión del crédito. Para ello se crearía inmediatamente una Central de Depósitos que garantizaría la integridad del sistema y haría innecesario cualquier tipo de rescate y que permitiría que inmediatamente comenzase a fluir el crédito a empresas y familias así como financiar sin problemas la deuda del Estado.

Finalmente, se propone blindar la inversión en educación y en I+D+i porque constituye la base imprescindible para mejorar el futuro de nuestra economía y el progreso de nuestra sociedad.

Si a todo ello se añade una reforma fiscal en la línea de la que proponen los técnicos del Ministerio de Hacienda, que permitiría obtener 63.000 millones de euros adicionales al año, el Estado y el conjunto de nuestras empresas y consumidores podrían ir generando de modo inmediato ingresos suficientes para salir de la situación en la que estamos sin necesidad de un rescate traumático, injusto y claramente contrario a los intereses nacionales.

La cuestión es clara: no se aplican medidas alternativas no porque no las haya sino porque se quiere utilizar el rescate para beneficiar a los grupos sociales privilegiados y no al conjunto de la sociedad.

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España: ejemplo de totalitarismo invertido, por Juan Laborda

Article llegit a VOZPÓPULI

Juan Laborda

En 2003 Sheldon Wolin, profesor emérito de filosofía política de la Universidad de Princeton, publicó una de sus obras más relevantes, “Inverted Totalitarianism”. El totalitarismo invertido es el momento político en el que el poder corporativo se despoja finalmente de su identificación como fenómeno puramente económico y se transforma en una coparticipación globalizadora con el Estado. Mientras que las corporaciones se vuelven más políticas, el Estado se orienta cada vez más hacia el mercado. España, en su actual deriva, es un excelente ejemplo de ello. La antidemocracia, y el dominio de la élite son elementos básicos del totalitarismo invertido.

La antidemocracia no adopta la forma de ataques explícitos a la idea del gobierno por el pueblo. Políticamente, significa alentar la "desmovilización cívica", condicionando al electorado a entusiasmarse por períodos breves, controlando su lapso de atención y promoviendo luego la distracción o la apatía. El ritmo intenso de trabajo y los horarios de trabajo prolongados combinados con la inseguridad laboral son la fórmula para la desmovilización política, para privatizar la ciudadanía.

Según Wolin, en el totalitarismo invertido "los elementos clave son un cuerpo legislativo débil, un sistema legal que sea obediente y represivo, un sistema de partidos en el que un partido, esté en el gobierno o en la oposición, se empeña en reconstituir el sistema existente con el objetivo de favorecer de manera permanente a la clase dominante, los más ricos, los intereses corporativos, mientras que dejan a los ciudadanos más pobres con una sensación de impotencia y desesperación política y, al mismo tiempo, mantienen a las clases medias colgando entre el temor al desempleo y las expectativas de una fantástica recompensa una vez que la nueva economía se recupere”.

Pero ahí no para todo, hay mucho más, “ese esquema es fomentado por unos medios de comunicación cada vez más concentrados y aduladores, por la integración de las universidades con sus benefactores corporativos; por una máquina de propaganda institucionalizada a través de grupos de reflexión y fundaciones conservadoras generosamente financiadas, por la cooperación cada vez más estrecha entre la policía y los organismos nacionales encargados de hacer cumplir la ley, dirigido a la identificación de disidentes internos, extranjeros sospechosos…”.

Desconfianza y miedo como motor político

La antidemocracia, en definitiva, es una fórmula que funciona de manera indirecta. Se alienta a los ciudadanos a desconfiar de su gobierno y de los políticos; a concentrarse en sus propios intereses; a quejarse de los impuestos; a cambiar el compromiso activo por gratificaciones simbólicas de patriotismo. Sobre todo, se promueve la despolitización envolviendo a la sociedad en una atmósfera de temor colectivo y de impotencia individual: miedo a la pérdida de puestos de trabajo, incertidumbre de los planes de jubilación, gastos en educación y sanidad en ascenso. ¿Nos suena, verdad? En esto se está transformando nuestra querida España.

El totalitarismo invertido explota a los pobres, reduciendo o debilitando los programas de salud y los servicios sociales, reglamentando la educación masiva para una fuerza de trabajo insegura, amenazada por la importación de trabajadores de bajos salarios. El resultado es que la ciudadanía, o lo que queda de ella, se sumerge en medio de un perpetuo estado de preocupación. Entonces, tristemente, Hobbes vence a Rousseau: cuando los ciudadanos se sienten inseguros y al mismo tiempo impulsados por aspiraciones competitivas, anhelan estabilidad política más que compromiso cívico; protección más que participación política.

Crisis actual y totalitarismo invertido

La expansión financiera que despega a partir de 1993 obedece a políticas explícitas y deliberadas. Desde finales de los 80 occidente en general, y muy especialmente Estados Unidos, experimentaba una larga secuencia de crecimientos raquíticos que mostraban las tremendas dificultades para mantener expansiones de la producción, sobre la base de una redistribución de la renta que no conseguía expandir a la clase media, ya entonces muy afectada por una intensa deslocalización que trataba de aprovechar la globalización comercial y financiera. Un proceso simultáneamente acelerado por un continuo cambio tecnológico.

La burbuja financiera no fue sino una vía para sortear artificialmente los limites que la desequilibrada distribución de la riqueza en el mundo. Las emisiones billonarias de activos financieros derivados, han servido para sostener una expansión artificial de la demanda, que sortease la caída de la tasa de ganancia del capital y, sobre todo, facilitase la financiación de un gigantesco proceso de acumulación, y la adquisición de riquezas por todo el globo a favor de unas pocas manos.

La continua aplicación de regulaciones, o re-regulaciones a favor de la movilización del capital, es una constante histórica, que desdice la visión ingenua que alude a los problemas de codicia desatada para explicar la actual crisis. Por ello cualquier ejercicio de prospectiva no debe dejar de tener en cuenta las posibles estrategias de las clases dominantes y las configuraciones históricas que dan forma operativa y real a los intereses de las elites.

A la vista de los acontecimientos, el capital piensa que aún puede darle una vuelta de tuerca al mercado global liberalizado, posicionándose desde hace años para dominar la extracción de rentas especulativas, aprovechando los escenarios de geoescasez energética y alimentaría, y diseñando, a espaldas del poder democrático, las nuevas arquitecturas financieras globales.

España como ejemplo del totalitarismo invertido

Las medidas económicas adoptadas tanto por el ejecutivo Rajoy como por el anterior, además de ser ineficientes desde un punto de vista económico, reavivan una brutal lucha de clases. De un lado, los protegidos, que no son otros que los acreedores que tomaron riesgos excesivos, la élite bancaria insolvente, y la clase empresarial que siempre ha jugado con las cartas marcadas. De otro, los perdedores, la ciudadanía en su conjunto, representada por los trabajadores, las clases medias, y, sobretodo, los más desfavorecidos.

Y ello es especialmente grave, cuando en nuestra querida España han sido fundamentalmente las élites económicas y financieras, representadas por las sociedades no financieras y las instituciones bancarias, quienes se apalancaron sin ningún control del riesgo, o bien alrededor de un colateral cuyo precio acabó colapsando, o sobre un negocio cuyos retornos son y serán muy inferiores a los que se suponían por el precio pagado. Fueron las élites quienes vivieron por encima de sus posibilidades y ahora, sin ningún rubor, quieren que les paguemos la fiesta.

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"Que nadie diga, pues, que no hay alternativas", por Juan Torres López

Llegit al seu bloc GANAS DE ESCRIBIR

Juan Torres López

Un estudio reciente del investigador del DIW (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung) de Berlin, Stefan Bach (Capital Levies-A Step Towards Improving Public Finances in Europe. DIW Economic Bulletin 8.2012), comenta algunas soluciones que podrían permitir hacer frente a la crisis con más éxito que las medidas de austeridad que se vienen tomando en Europa. En concreto, se refiere al establecimiento de impuestos extraordinarios sobre la población de rentas más elevadas, algo que en España venimos proponiendo también diferentes economistas críticos.

Según los datos que proporciona para el caso alemán, un impuesto sobre el 10% de las personas de mayores ingresos (que en Alemania concentran las dos terceras partes de la riqueza) proporcionaría ingresos equivalentes al 9% del Producto Interior Bruto. Y, según sus estimaciones, este último porcentaje podría ser aún mayor en los países del sur de Europa, como el nuestro.

Eso significa que por esta vía, evidentemente más equitativa y mucho menos dañina para la actividad productiva, para el empresariado que crea empleo y para el conjunto de la sociedad, incluso se podrían obtener más recursos que los que se ahorran con los recortes que se vienen produciendo y que, en lugar de salvarla, están provocando que la economía se venga abajo.

Se trata a mi juicio de una alternativa que se debería considerar con urgencia en un país como el nuestro que se ha puesto a la cabeza de la desigualdad en Europa y en donde el número de millonarios así como la riqueza de sus grandes fortunas crece sin cesar y paralelamente al deterioro de la economía y de las condiciones de vida de la mayoría de la población.

Que nadie diga, pues, que no hay alternativas.

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EL CAPITALISMO Y LA UE ANALIZADOS POR JUAN MANUEL SÁNCHEZ GORDILLO, ALCALDE DE MARINALEDA, EN EL AÑO 1985.

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"¡Hay alternativas a los recortes! Las fuerzas auténticamente democráticas deberían coordinarse a nivel europeo, incluyendo una huelga general a nivel de toda la Eurozona para indicar que las clases populares están diciendo basta ya de esta dictadura financiera que está llevando a todos los países al desastre." Por Vicenç Navarro

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Vicenç Navarro

Según los datos de la Comisión Europea, la actividad económica en la Eurozona está descendiendo. Durante el periodo Abril-Junio descendió, como promedio, un 0,2%, y se espera que el informe de Octubre muestre una contracción incluso mayor de tal actividad. A estos datos debe añadirse la información proveída por el Banco Central Europeo, que señala que la actividad financiera también ha disminuido en la Eurozona, sin que se espere la reactivación de tal actividad en un futuro próximo. Mírese como se mire, pues, la situación económica y financiera va mal, en realidad, muy mal. Las cifras de desempleo en la Eurozona han alcanzado niveles sin precedentes, 18 millones de parados con un incremento anual de un millón durante estos años de crisis.

Es obvio que las políticas de austeridad –que se han estado promoviendo por la troika (la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional)- no están reavivando la economía de la Eurozona. En realidad, todos los datos señalan que, al revés, la están hundiendo. Y a pesar de ello, la troika continúa insistiendo en que la solución pasa por todavía más austeridad y más recortes. En estos momentos, está exigiendo en Grecia que se recorten 11.500 millones de euros del presupuesto nacional. En España también se están exigiendo para 2013 añadir 13.000 millones de euros de recortes a los que han ocurrido durante cada año de la crisis. En Francia, con un gobierno socialista, presidido por el Sr. François Hollande, éste está planeando recortar 30.000 millones de euros de su presupuesto. Y la lista puede alargarse incluyendo más y más países de la Eurozona. Las políticas de recortes han sido el eje central de las intervenciones públicas en los países de la Eurozona.

Además de estos recortes, se están aplicando otras políticas de claro corte neoliberal, como el retraso de la edad de jubilación, la reducción de los beneficios sociales y laborales, el descenso del seguro de desempleo, la reducción de salarios, y una larga lista de intervenciones que están reduciendo el bienestar social de las clases populares, que constituyen la mayoría de la población en los países de la Eurozona.

Europa se rebela

Como era de esperar, tales clases populares de estos países se están rebelando frente a estas políticas, políticas que en su gran mayoría se están imponiendo a la ciudadanía sin que hubiera un mandato popular para ello, ya que tales medidas no estaban en el programa electoral de los partidos gobernantes. De ahí que la legitimidad de tales gobiernos y de las instituciones que gobiernan la Eurozona y la Unión Europea esté cada vez más cuestionada. La atracción de Europa, que era generalizada en los países del Sur de tal continente (la mayoría habían sufrido dictaduras fascistas o fascistoides durante muchos años), está desapareciendo muy rápidamente. Y la conveniencia del euro como moneda común también se está cuestionando. Varias encuestas han aparecido en los mayores medios de información europeos diciendo que un porcentaje cada año mayor, identifica el establecimiento del euro como responsable de su pérdida de capacidad adquisitiva.

La rebelión de las clases populares a estas políticas neoliberales impuestas por el establishment europeo está actualmente generalizada. En Portugal, acaba de realizarse una huelga general y hay manifestaciones de protesta día tras día. En Francia, este domingo hubo manifestaciones a lo largo de su territorio protestando por la propuesta del presidente Hollande de aprobar el Pacto Fiscal que obligará, en la práctica, a perpetuar las políticas de austeridad. En Grecia, las protestas laborales y sociales son también el pan de cada día, alcanzando cada vez más una orientación violenta que puede afectar la viabilidad de sus instituciones representativas. Un tanto parecido ocurre en España, donde la represión por parte del Estado, heredero, en parte, de la dictadura, es especialmente acentuado en contra de las numerosas manifestaciones que toman lugar a lo largo del territorio español. Y lo mismo está ocurriendo en Italia, donde los sindicatos están liderando una oposición cada vez más generalizada contra las imposiciones del gobierno Monti.

La respuesta del establishment que gobierna la Eurozona

Ni que decir tiene que esta agitación social está generando respuestas del establishment que gobierna la Eurozona. Una de ellas, son las medidas tomadas por el BCE de comprar bonos públicos (de corto periodo, no más de tres años) en el mercado primario, condicionado a que los países pidan un rescate del European Stability Mechanism (ESM), al cual se le ha dotado de 500.000 millones de euros para que compre deuda pública (a largo plazo, de 10 años) en el mercado secundario, sujeto todo ello a unas condiciones leoninas que implican todavía más recortes. Estas medidas de recortes y austeridad, forzando una bajada de los salarios, supondrán todavía un mayor endeudamiento, junto con una mayor austeridad, reforzándose así el ciclo vicioso entre endeudamiento, austeridad y declive de la actividad económica.

Lo que está pasando en España con el rescate bancario es un claro ejemplo de ello. Se proveen 100.000 millones de euros, que se prestan al Estado español (con lo cual el déficit y la deuda pública aumentan), con la condición de que se reduzca todavía más el gasto público, empeorando así, incluso más, la situación de la economía española.

¡Hay alternativas a los recortes!

Para cualquier persona que no esté obcecada con el dogma neoliberal es obvio que la solución a la crisis económica pasa por romper este círculo vicioso, que se inicia con un endeudamiento que quiere resolverse a base de políticas de austeridad que determinan un descenso de la actividad económica y de los ingresos al Estado, lo cual lleva a pedir prestado más dinero y a endeudarse. Este círculo vicioso es lo que está llevando la Eurozona al desastre.

Lo que tiene que hacerse es dejar de endeudarse, renegociando una deuda que ha beneficiado a la banca y a sus accionistas, pero a nadie más. No se puede avanzar con un sistema financiero que funciona para tan pocos a costa del sacrificio de tantos. La banca privada ya ha perdido su función social, que es la de proveer crédito. Si no ofrece crédito, no tiene lógica su existencia. El tamaño del sector financiero en una economía debe por lo tanto reducirse sustancialmente mediante toda una serie de medidas, que incluyen desde una carga impositiva mucho más elevada a la banca (sin afectar los ahorros del ciudadano normal y corriente), gravando principalmente a los grandes depósitos, las largas transacciones y las actividades especulativas. Otras medidas deberían incluir su nacionalización, con pleno intervencionismo del Estado para garantizar la disponibilidad de crédito razonable y accesible. No puede permitirse que la banca privada sea el aparato sanguíneo del cuerpo económico.

Por otra parte, los Estados deben dejar de depender tanto de los préstamos externos, observación que es especialmente relevante para los países llamados en la terminología anglosajona PIGS (o GIPSI si se incluye Italia). Cada uno de estos Estados (cuyos ingresos al Estado son excesivamente bajos) debe incrementar sustancialmente sus ingresos públicos. Si España tuviera la carga fiscal de Suecia, el Estado español ingresaría 200.000 millones de euros más al año. En Italia, según el Banco de Italia, la riqueza existente en el país, altamente concentrada (que podría y debería general fondos al Estado), representa 8.600.000 millones de euros, que es más de cuatro veces los 2.000.000 millones de euros de deuda pública que tiene su Estado. Si tal riqueza concentrada, como sugiere Tom Gill en su artículo “Europe is Revolting” (CounterPunch, Septiembre de 2012) se la gravara con un 2% de la riqueza poseída por el 50% más rico de los propietarios, se generarían 100.000 millones de euros más al año para las arcas del Estado.

Un tanto semejante en Portugal, donde el gobierno propuso recientemente unos recortes de 4.900 millones de euros (que tuvo que retirar debido a la oposición de la ciudadanía). Los sindicatos portugueses propusieron como alternativas un aumento del gravamen de un 0,25% en las transacciones bancarias (consiguiendo así 2.000 millones), de un 10% en las ganancias en la propiedad de los mayores accionistas del país (consiguiendo 1.700 millones de euros), un incremento del impuesto de sociedades para las empresas que facturan a partir de 1.2 millones de euros al año (1.200 millones de euros), y una disminución del fraude fiscal (1.200 millones de euros). Todas estas medidas afectarían sólo al 1% de la población: los súper ricos. Todas estas propuestas son altamente populares.

Otras propuestas también altamente populares es la reducción del gasto en las Fuerzas Armadas. Gran parte de tales fuerzas militares hacen funciones policiales y de represión interna, caso claro en España, donde se asigna a tales fuerzas armadas la garantía de “la unidad de España”, función que expresa el carácter  policial y de represión interna del país, defendiendo en la práctica un centralismo que inhibe la expresión de la riqueza de España que debería basarse en la expresión de su plurinacionalidad. Ni que decir tiene que estas propuestas alternativas, populares a nivel de calle, son inmensamente impopulares en los establishments que gobiernan a los países de la Eurozona, que están imponiendo políticas opuestas, altamente impopulares. Hoy existen unas instituciones que no han sido elegidas por la población, que gobiernan e imponen lo que favorece a sus intereses particulares, a costa de los intereses generales. Las fuerzas auténticamente democráticas deberían coordinarse a nivel europeo, incluyendo una huelga general a nivel de toda la Eurozona para indicar que las clases populares están diciendo basta ya de esta dictadura financiera que está llevando a todos los países al desastre.

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Vicenç Navarro y Juan Torres López entrevistados en "Para todos la 2": Los crímenes contra la Humanidad del terrorismo financiero.

Para Todos la 2 - Entrevista: Vicenç Navarro y Juan Torres

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Mònica Oltra al Parlament Valencià

Mònica Oltra

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“Culpar a la víctima” es una de las características que más y mejor definen el fascismo. La pusieron en práctica en los campos de exterminio y, en una parte de los recluidos, tomó cuerpo. Por Zana

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SÍNDROME DE CULPABILIDAD

Mientras no se demuestre lo contrario, los Gobiernos salen de las urnas

Han sido los anglosajones bajo el epígrafe “victim blaming”, que literalmente quiere decir que hay que culpar a la víctima de su propia tragedia, quienes primero nos advirtieron, pero como ocurre siempre con estas cosas, no hicimos caso.

No voy a descubrir nada nuevo si digo que “culpar a la víctima” es una de las características que más y mejor definen el fascismo. La pusieron en práctica en los campos de exterminio y, en una parte de los recluidos, tomó cuerpo. Ahora, con los castigos que nos imponen, en forma de recortes en calidad de vida y libertades, para pagar su deuda a sus bancos, hacen lo mismo. Habéis vivido por encima de vuestras posibilidades, nos dicen, y una gran parte de nosotr@s, lo creemos.

 

Ha calado, y de una manera verdaderamente preocupante, la idea de que todos los males que nos acechan es por culpa nuestra, y mientras no nos desembaracemos de ese sentimiento de culpabilidad la lucha está perdida.

Y, sin embargo, sí que hay algo de cierto en esto de que somos culpables de nuestra propia tragedia. Tragedia que es como una versión del Síndrome de Estocolmo, donde nosotr@s, aceptando de buen grado el castigo, pagamos sonrientes y amablemente el rescate a los captores.

Sí, creo que somos culpables de nuestras desgracias, en tanto y cuanto somos los responsables de que gobierne quien nos gobierna. Bueno lo de gobernar es un decir, una manera de hablar, figurar, figura Rajoy, otra cosa es que quien manda son los de siempre, es decir, los banqueros.

Y aún reconociendo que el modelo de elección, la Ley Electoral, está corrompido y diseñado para que ganen los partidos que defienden al Sistema, es decir la Alternancia “Socioneoliberal” representada por los partidos conservadores y socialdemócratas, con la inestimable ayuda de los partidos periféricos (también de cultura y trayectoria Socioneoliberal), aún reconociendo esta trampa seudodemocrática, y mientras no se demuestre pucherazo electoral, gobierna quien los votantes quieren. Aquí voy a hacer un apunte un tanto curioso: gobierna quien los votantes quieren y lo hace con la complicidad un tanto extraña de quienes, declarándose antisistema, se abstienen. Y digo extraña complicidad porque conociendo, como conocen, que su abstención favorece, por la simple caída del peso de la lógica numérica, a los partidos contra los que dicen quieren luchar, aún así, se abstienen.

Somos culpables de sustentar, con nuestra apatía en muchos casos, y nuestra estupidez en otros muchos, todo lo que nos sucede. Acabamos de saber que los Presupuestos Generales del Estado para 2013 inciden, de manera un tanto draconiana, en más y enormes sacrificios y recortes. También hemos visto como el día de la “presentación en sociedad” de dichos recortes, robos habría que llamarlos, los tres ministros sin vergüenza que allí estaban sonreían ampliamente, como quien lo hace con la convicción del deber cumplido.

Culpables de permitir, con nuestra apatía y estupidez, que la política fiscal, aprobada por quienes ganan en las urnas, sea regresiva (en vez de progresiva) y que por tanto, y como viene sucediendo desde hace muchos años, beneficie a las rentas del capital y a las rentas superiores a costa de las rentas del trabajo.

 

Culpables de mirar para otro lado mientras algunos advertíamos que nos estaban imponiendo un modelo de desarrollo sustentado en el agravamiento de las desigualdades. Culpables de no entender, o de no querer entender, aquello que Martín Niemöller dijo: primero vinieron a por…, pero como yo no lo era no hice nada para evitarlo.

Culpables de no sentir ya ni nauseas cuando un exministro, Eduardo Serra para más señas, se despacha con esta frase: la prioridad de un Estado es la Defensa, por encima de Educación y Sanidad.

Sí, lo mismo tienen razón cuando nos dicen que la culpa es nuestra.

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