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viernes, 30 de noviembre de 2012

" Atascado un sector mayoritario de la ciudadanía en mirar al Parlamento que le representa, que eligió para que cuidara de sus intereses, es hora de exigir a los políticos con dignidad y consciencia que acaben con este sufrimiento..." Per Rosa María Artal

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Rosa María Artal
Imaginemos un país donde se “vende” un Banco, el de Valencia, -hundido por el putrefacto PP de esa comunidad durante su larga hegemonía- por un euro. El agraciado es CaixaBank. Y se han ido por el sumidero 5.500 millones de euros de nuestros impuestos que ya hemos pagado y seguiremos pagando en calidad de vida. Imaginemos también un país en el que, 37 años después de su muerte, se rinde homenaje al dictador de cuatro décadas, y ni el gobierno lo impide, ni cruje la sociedad de arriba abajo. Ese mismo ejecutivo que amnistía por dos veces –enmendando la plana a la justicia con empecinado tesón digno de otras causas- a unos condenados por tortura. Del cuerpo de los Mossos de Escuadra. O en el que un chico de 21 años, Alfonso Fernández Ortega, está detenido -sin juicio- en la prisión de Soto desde el 14N, fecha de la huelga general, bajo acusaciones poco claras.
 
 Vamos a imaginar muchas más cosas, por ejemplo, que la OCDE nos pronostique para 2013 el peor año de la crisis, con 6,2 millones de parados, una deuda que dejó Zapatero en 68,5% del PIB y que va a llegar al 97,6%. O que la economía retrocederá el triple de lo que ha manejado el gobierno para elaborar los presupuestos. Más aún, que escuchemos decir al presidente Rajoy: “ Confío en que la OCDE se equivoque”. Y es que su gobierno debió de comprar la bola de cristal adivinatoria en un comercio chino de los que tanto nos gustan ahora. Ya nos venden por la tele las ganas que tienen los millonarios de ese país en venir a residir a España y comprar su permiso de residencia. Por 160.000 euros, viene de regalo con el piso adquirido.

 Pero es el momento de contar con otra hipótesis: la oposición política no hace otra cosa que participar en los juegos florales parlamentarios y mediáticos oponiendo tímidas críticas. Alguna enmienda o proyecto que barre la apisonadora del PP, como es sabido, pero que hace quedar bien. Creen.

 El PSOE sigue desmoronándose. Ya no le ha faltado más que la trama corrupta que afecta a altos cargos del PSC. Perdió 8 diputados en las elecciones catalanas y sus dirigentes -al igual que los nacionales- “se felicitaron” por el trabajo realizado. Es que las encuestas decían que serían peores los resultados. Grandioso. Es que esta nueva dirección –estatal- “lleva solo 5 meses”. Renovada ella, con caras e ideas sorprendentes y prometedoras, a ver si para 2.050 encuentran la senda perdida y salen del agujero en el que entonces se encuentren. Y en el que, visto lo visto, seguirán congratulándose de lo bien que lo están haciendo.
 Lo peor es que la ciudadanía es del palo “yo voto al que tenga posibilidades de ganar”. Y solo ve dos caminos: PP y –todavía- PSOE. La izquierda más real que la que hoy representan los socialistas, ha ganado en Cataluña –si descontamos a ERC más local- 3 escaños que tampoco es para tirar cohetes, por mucho que también “se feliciten” por los resultados. Y aunque UPyD se dio allí un buen batacazo, su ultranacionalismo español gusta en el resto del Estado un poco más. Aunque sea de derechas o de izquierdas según convenga, o haya votado, de la mano del PP, en contra de llevar a cabo un referéndum sobre los recortes. El panorama así es idílico.

La sociedad no puede esperar más. Todo esto y mucho más es real, aunque parezca increíble. Nos encontramos en una situación límite. Achicando el agua que nos anega por todas partes. Con los profesionales de la medicina –todos los sectores: médicos, enfermeras, celadores, auxiliares, administrativos- fuertemente implicados en Madrid para que no nos desmantelen la sanidad pública, hemos de asistir impertérritos a las consignas del PP que insultan nuestra inteligencia diciendo que no se privatiza nada. Ah, vaya, que eso se llama “Plan de externalización de la gestión sanitaria” u “optimización de recursos”. Solo que se entregan al capital riesgo -para comerciar con nuestra salud por definición-  6 hospitales, un centenar de centros de atención primaria, el Instituto de Cardiología y otros servicios. Todo muy rentable. Se ha abierto un negocio de 400 millones de euros ¿Quién lo desprecia? Y ya se sabe que si no obtienen los beneficios deseados, también la Comunidad echará una manita para que se queden contentos.  “Optimizan” sus bolsillos y los de políticos y parientes implicados en esas empresas que es un gusto.

Algo más. Una pregunta clave, si le marean los datos. La medicina es una vocación de servicio público que ha de brear con las no muy agradables averías que arroja un cuerpo enfermo. Sus profesionales nos están alertando de la gravedad de estas medidas ¿A quién hace Vd. más caso? ¿A su médico o enfermera o… a los desprestigiados políticos?

Volvamos al principio. Hemos enterrado 5.500 millones de euros en un solo banco. Y quedan muchos pufos que cubrir en el sector. Las políticas neoliberales del PP están hundiendo la economía y nuestras vidas a extremos inimaginables. Cada vez pagamos más impuestos por menos servicios. Y nos “modulan” los derechos a diario. ¿Tanto le cuesta deducir a un sector de la sociedad lo que ocurre? ¿Por qué estamos mucho peor que hace un año? ¿Qué inventario ha añadido a todas las “herencias” –propias y ajenas- la actual gestión del PP? ¿En qué se justifican las mermas de sanidad, educación, cultura, ciencia, transportes, servicios… viendo quién se lleva nuestro dinero? 5.500 millones un solo banco, repito. 37.000 entre todos los afectados… por el momento. Los hospitales aún semiprivados ”rescatados” con dinero público. Las autopistas. Lo que haga falta. Mientras, un hombre se ha suicidado en Navarra porque le desahuciaban al deber… poco más de 4.000 euros de alquiler. ¿Las estafas continuas nos han “externalizado” el cerebro?

Atascado un sector mayoritario de la ciudadanía en mirar al Parlamento que le representa, que eligió para que cuidara de sus intereses, es hora de exigir a los políticos con dignidad y consciencia que acaben con este sufrimiento. Váyanse si es preciso, hagan huelga total, acudan a los Tribunales internacionales, no secunden más estos atropellos con florituras verbales y ninguna acción efectiva. Evidencien ante el mundo que no son cómplices de una acción de gobierno que degrada nuestra vida, sin que tengamos culpa alguna, y ni figuraba en los programas, ni se anunció -sino todo lo contrario- y nos sirven con continuas mentiras. ¿No ven la desesperación de mucha gente? ¿El atontamiento sumiso de otros? Aparquen el lirio y la hortensia ¡Y hagan algo de una vez!
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sábado, 20 de octubre de 2012

HAY ALTERNATIVAS AL RESCATE. La cuestión es clara: no se aplican medidas alternativas, no porque no las haya, sino porque se quiere utilizar el rescate para beneficiar a los grupos sociales privilegiados y no al conjunto de la sociedad, por Juan Torres López

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Juan Torres López
A la vista de como se está presentando la situación económica en la inmensa mayoría de los medios de comunicación y de la falta de pluralidad que hay en tertulias, informativos y demás fuentes de opinión, es natural que la mayoría de la gente piense que el llamado rescate es inevitable.

El razonamiento con el que están vendiendo su inevitabilidad es elemental: el Estado español ha acumulado una deuda muy grande, los mercados no confían en su capacidad de pago y por eso le imponen unos tipos de interés muy elevados que antes o después harán imposible que España haga frente al vencimiento de los pagos. Por eso no hay más remedio que acudir a un “rescate” en forma de un préstamo o crédito con el que el Estado enjugue sus pagos inminentes y pueda garantizar los venideros.

A pesar de su aparente evidencia, el razonamiento hace aguas por varias partes. Sobre todo, porque la alternativa a la presión de los mercados a cuenta de nuestra deuda no es únicamente que el Estado se cargue con una aún mayor y a cambio de imponerle condiciones draconianas que van a hundir nuestra economía durante años.

Desde luego había otras alternativas antes de que la situación llegase a la degradación actual, como hemos puesto de manifiesto en otros trabajos, y particularmente en el libro Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España, y a las que no me voy a referir en este momento.

Pero también las hay ahora, ya en situación de emergencia.

Para bajar la prima de riesgo no hace falta rescate alguno sino simplemente que el Banco Central Europeo se comporte como una auténtica autoridad monetaria y evite que las presiones especulativas la eleven con el único propósito de obtener beneficios. Ni el nivel de deuda pública española cuando comenzaron las presiones ni incluso el actual (cercano al 90% pero mucho más bajo que el de otros países) justifica por sí mismo la presión de los mercados. Esos niveles (ahora, no lo olvidemos, más altos por la inacción del BCE) están todavía dentro de los que pueden asumirse sin demasiadas complicaciones a poco que se recupere la actividad y el ingreso, que es lo que están impidiendo, precisamente, las políticas europeas y la posición que mantiene el BCE.

Lo que ocurre es que los dirigentes del Banco Central Europeo no actúan para evitar que siga subiendo la prima de riesgo española porque no busca resolver la inestabilidad que eso provoca sobre el euro. Lo que está haciendo en realidad es actuar como manager de los intereses de la banca privada europea que solo trata de asegurarse el cobro de la deuda privada que con ella tienen los bancos de la periferia, y concretamente los españoles.

La presión que sufre España es la excusa que sirve para imponer un rescate que en realidad no es el rescate de España para que haga frente a su deuda soberana, sino para que financie la deuda que los bancos privados tienen con los alemanes y franceses (139.191 y 115.261 millones, respectivamente, a comienzos de 2012, que representan el casi el 45% de los 571.519 millones de dólares que deben).

Si de verdad quisiéramos “rescatar” a la economía española lo que se debería hacer no es imponerle una losa de deuda aún mayor, más recortes en el gasto público que se requiere para que las empresas puedan crear empleos y los ciudadanos vivir dignamente, y, en definitiva, frenar aún más la actividad económica que se necesita para crear ingresos, empleo y proporcionar bienestar social.

Lo que habría que hacer serían otras cosas: recuperar inmediatamente la demanda y hacer que las empresas y consumidores dispongan también de inmediato de la financiación que necesitan. Y además, como ya he explicado en otros textos, avanzar para que la actividad que se recupere sea de nuevo tipo, vertebradora y sostenible y que no reproduzca los males que provocaron la situación en la que estamos.

Esos tres objetivos (demanda suficiente, financiación adecuada y cambio de modelo) se podrían conseguir incluso en el muy corto plazo si en lugar de dejarnos llevar por el fundamentalismo neoliberal que nos invade nos dedicásemos a innovar y a concretar las diferentes propuestas alternativas que muchos economistas, personal o colectivamente, están ofreciendo.

Como una muestra más de que estas alternativas al rescate existen, de que son viables y de su efecto mucho más positivo para la economía y la sociedad española, quisiera referirme brevemente a la que acaba de divulgar Antonio Quero, alto funcionario europeo y militante socialista, con muy amplia experiencia política y de gestión (se puede ver con detalle en Bases para un Acuerdo Nacional para la salida de la crisis y la defensa de la soberanía económica).

En resumidas cuentas, su propuesta se basa cuatro ejes principales.

En primer lugar la creación de 3 millones de empleos y 2,5 millones de puestos de formación para jóvenes, principalmente poniendo en marcha un innovador sistema de anticipo subvencionado de contrataciones a las empresas, nuevos sistemas de rotación-sustitución, un fondo de inversiones para la creación y expansión de empresas y planes de eficiencia energética y de empleo juvenil.

En segundo lugar, un estímulo inmediato de la demanda incrementando la renta disponible familiar mediante la rebaja temporal de hipotecas y alquileres al 20% de la renta de las familias con ingresos menores a 3.000 euros mensuales. Una medida que inmediatamente permitiría incrementar la demanda agregada en 48.750 millones en tres años.

En tercer lugar, la generación de 75.000 millones de euros anuales de recursos públicos adicionales mediante una reforma del modelo bancario actual consistente básicamente en separar, por un lado, la captación de depósitos y, por otro, la concesión del crédito. Para ello se crearía inmediatamente una Central de Depósitos que garantizaría la integridad del sistema y haría innecesario cualquier tipo de rescate y que permitiría que inmediatamente comenzase a fluir el crédito a empresas y familias así como financiar sin problemas la deuda del Estado.

Finalmente, se propone blindar la inversión en educación y en I+D+i porque constituye la base imprescindible para mejorar el futuro de nuestra economía y el progreso de nuestra sociedad.

Si a todo ello se añade una reforma fiscal en la línea de la que proponen los técnicos del Ministerio de Hacienda, que permitiría obtener 63.000 millones de euros adicionales al año, el Estado y el conjunto de nuestras empresas y consumidores podrían ir generando de modo inmediato ingresos suficientes para salir de la situación en la que estamos sin necesidad de un rescate traumático, injusto y claramente contrario a los intereses nacionales.

La cuestión es clara: no se aplican medidas alternativas no porque no las haya sino porque se quiere utilizar el rescate para beneficiar a los grupos sociales privilegiados y no al conjunto de la sociedad.
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jueves, 18 de octubre de 2012

España: ejemplo de totalitarismo invertido, por Juan Laborda

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Juan Laborda
En 2003 Sheldon Wolin, profesor emérito de filosofía política de la Universidad de Princeton, publicó una de sus obras más relevantes, “Inverted Totalitarianism”. El totalitarismo invertido es el momento político en el que el poder corporativo se despoja finalmente de su identificación como fenómeno puramente económico y se transforma en una coparticipación globalizadora con el Estado. Mientras que las corporaciones se vuelven más políticas, el Estado se orienta cada vez más hacia el mercado. España, en su actual deriva, es un excelente ejemplo de ello. La antidemocracia, y el dominio de la élite son elementos básicos del totalitarismo invertido.

La antidemocracia no adopta la forma de ataques explícitos a la idea del gobierno por el pueblo. Políticamente, significa alentar la "desmovilización cívica", condicionando al electorado a entusiasmarse por períodos breves, controlando su lapso de atención y promoviendo luego la distracción o la apatía. El ritmo intenso de trabajo y los horarios de trabajo prolongados combinados con la inseguridad laboral son la fórmula para la desmovilización política, para privatizar la ciudadanía.

Según Wolin, en el totalitarismo invertido "los elementos clave son un cuerpo legislativo débil, un sistema legal que sea obediente y represivo, un sistema de partidos en el que un partido, esté en el gobierno o en la oposición, se empeña en reconstituir el sistema existente con el objetivo de favorecer de manera permanente a la clase dominante, los más ricos, los intereses corporativos, mientras que dejan a los ciudadanos más pobres con una sensación de impotencia y desesperación política y, al mismo tiempo, mantienen a las clases medias colgando entre el temor al desempleo y las expectativas de una fantástica recompensa una vez que la nueva economía se recupere”.

Pero ahí no para todo, hay mucho más, “ese esquema es fomentado por unos medios de comunicación cada vez más concentrados y aduladores, por la integración de las universidades con sus benefactores corporativos; por una máquina de propaganda institucionalizada a través de grupos de reflexión y fundaciones conservadoras generosamente financiadas, por la cooperación cada vez más estrecha entre la policía y los organismos nacionales encargados de hacer cumplir la ley, dirigido a la identificación de disidentes internos, extranjeros sospechosos…”.

Desconfianza y miedo como motor político
La antidemocracia, en definitiva, es una fórmula que funciona de manera indirecta. Se alienta a los ciudadanos a desconfiar de su gobierno y de los políticos; a concentrarse en sus propios intereses; a quejarse de los impuestos; a cambiar el compromiso activo por gratificaciones simbólicas de patriotismo. Sobre todo, se promueve la despolitización envolviendo a la sociedad en una atmósfera de temor colectivo y de impotencia individual: miedo a la pérdida de puestos de trabajo, incertidumbre de los planes de jubilación, gastos en educación y sanidad en ascenso. ¿Nos suena, verdad? En esto se está transformando nuestra querida España.

El totalitarismo invertido explota a los pobres, reduciendo o debilitando los programas de salud y los servicios sociales, reglamentando la educación masiva para una fuerza de trabajo insegura, amenazada por la importación de trabajadores de bajos salarios. El resultado es que la ciudadanía, o lo que queda de ella, se sumerge en medio de un perpetuo estado de preocupación. Entonces, tristemente, Hobbes vence a Rousseau: cuando los ciudadanos se sienten inseguros y al mismo tiempo impulsados por aspiraciones competitivas, anhelan estabilidad política más que compromiso cívico; protección más que participación política.

Crisis actual y totalitarismo invertido
La expansión financiera que despega a partir de 1993 obedece a políticas explícitas y deliberadas. Desde finales de los 80 occidente en general, y muy especialmente Estados Unidos, experimentaba una larga secuencia de crecimientos raquíticos que mostraban las tremendas dificultades para mantener expansiones de la producción, sobre la base de una redistribución de la renta que no conseguía expandir a la clase media, ya entonces muy afectada por una intensa deslocalización que trataba de aprovechar la globalización comercial y financiera. Un proceso simultáneamente acelerado por un continuo cambio tecnológico.

La burbuja financiera no fue sino una vía para sortear artificialmente los limites que la desequilibrada distribución de la riqueza en el mundo. Las emisiones billonarias de activos financieros derivados, han servido para sostener una expansión artificial de la demanda, que sortease la caída de la tasa de ganancia del capital y, sobre todo, facilitase la financiación de un gigantesco proceso de acumulación, y la adquisición de riquezas por todo el globo a favor de unas pocas manos.

La continua aplicación de regulaciones, o re-regulaciones a favor de la movilización del capital, es una constante histórica, que desdice la visión ingenua que alude a los problemas de codicia desatada para explicar la actual crisis. Por ello cualquier ejercicio de prospectiva no debe dejar de tener en cuenta las posibles estrategias de las clases dominantes y las configuraciones históricas que dan forma operativa y real a los intereses de las elites.
A la vista de los acontecimientos, el capital piensa que aún puede darle una vuelta de tuerca al mercado global liberalizado, posicionándose desde hace años para dominar la extracción de rentas especulativas, aprovechando los escenarios de geoescasez energética y alimentaría, y diseñando, a espaldas del poder democrático, las nuevas arquitecturas financieras globales.

España como ejemplo del totalitarismo invertido
Las medidas económicas adoptadas tanto por el ejecutivo Rajoy como por el anterior, además de ser ineficientes desde un punto de vista económico, reavivan una brutal lucha de clases. De un lado, los protegidos, que no son otros que los acreedores que tomaron riesgos excesivos, la élite bancaria insolvente, y la clase empresarial que siempre ha jugado con las cartas marcadas. De otro, los perdedores, la ciudadanía en su conjunto, representada por los trabajadores, las clases medias, y, sobretodo, los más desfavorecidos.

Y ello es especialmente grave, cuando en nuestra querida España han sido fundamentalmente las élites económicas y financieras, representadas por las sociedades no financieras y las instituciones bancarias, quienes se apalancaron sin ningún control del riesgo, o bien alrededor de un colateral cuyo precio acabó colapsando, o sobre un negocio cuyos retornos son y serán muy inferiores a los que se suponían por el precio pagado. Fueron las élites quienes vivieron por encima de sus posibilidades y ahora, sin ningún rubor, quieren que les paguemos la fiesta.
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jueves, 4 de octubre de 2012

"¡Hay alternativas a los recortes! Las fuerzas auténticamente democráticas deberían coordinarse a nivel europeo, incluyendo una huelga general a nivel de toda la Eurozona para indicar que las clases populares están diciendo basta ya de esta dictadura financiera que está llevando a todos los países al desastre." Por Vicenç Navarro

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Vicenç Navarro
Según los datos de la Comisión Europea, la actividad económica en la Eurozona está descendiendo. Durante el periodo Abril-Junio descendió, como promedio, un 0,2%, y se espera que el informe de Octubre muestre una contracción incluso mayor de tal actividad. A estos datos debe añadirse la información proveída por el Banco Central Europeo, que señala que la actividad financiera también ha disminuido en la Eurozona, sin que se espere la reactivación de tal actividad en un futuro próximo. Mírese como se mire, pues, la situación económica y financiera va mal, en realidad, muy mal. Las cifras de desempleo en la Eurozona han alcanzado niveles sin precedentes, 18 millones de parados con un incremento anual de un millón durante estos años de crisis.

Es obvio que las políticas de austeridad –que se han estado promoviendo por la troika (la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional)- no están reavivando la economía de la Eurozona. En realidad, todos los datos señalan que, al revés, la están hundiendo. Y a pesar de ello, la troika continúa insistiendo en que la solución pasa por todavía más austeridad y más recortes. En estos momentos, está exigiendo en Grecia que se recorten 11.500 millones de euros del presupuesto nacional. En España también se están exigiendo para 2013 añadir 13.000 millones de euros de recortes a los que han ocurrido durante cada año de la crisis. En Francia, con un gobierno socialista, presidido por el Sr. François Hollande, éste está planeando recortar 30.000 millones de euros de su presupuesto. Y la lista puede alargarse incluyendo más y más países de la Eurozona. Las políticas de recortes han sido el eje central de las intervenciones públicas en los países de la Eurozona.

Además de estos recortes, se están aplicando otras políticas de claro corte neoliberal, como el retraso de la edad de jubilación, la reducción de los beneficios sociales y laborales, el descenso del seguro de desempleo, la reducción de salarios, y una larga lista de intervenciones que están reduciendo el bienestar social de las clases populares, que constituyen la mayoría de la población en los países de la Eurozona.

Europa se rebela

Como era de esperar, tales clases populares de estos países se están rebelando frente a estas políticas, políticas que en su gran mayoría se están imponiendo a la ciudadanía sin que hubiera un mandato popular para ello, ya que tales medidas no estaban en el programa electoral de los partidos gobernantes. De ahí que la legitimidad de tales gobiernos y de las instituciones que gobiernan la Eurozona y la Unión Europea esté cada vez más cuestionada. La atracción de Europa, que era generalizada en los países del Sur de tal continente (la mayoría habían sufrido dictaduras fascistas o fascistoides durante muchos años), está desapareciendo muy rápidamente. Y la conveniencia del euro como moneda común también se está cuestionando. Varias encuestas han aparecido en los mayores medios de información europeos diciendo que un porcentaje cada año mayor, identifica el establecimiento del euro como responsable de su pérdida de capacidad adquisitiva.

La rebelión de las clases populares a estas políticas neoliberales impuestas por el establishment europeo está actualmente generalizada. En Portugal, acaba de realizarse una huelga general y hay manifestaciones de protesta día tras día. En Francia, este domingo hubo manifestaciones a lo largo de su territorio protestando por la propuesta del presidente Hollande de aprobar el Pacto Fiscal que obligará, en la práctica, a perpetuar las políticas de austeridad. En Grecia, las protestas laborales y sociales son también el pan de cada día, alcanzando cada vez más una orientación violenta que puede afectar la viabilidad de sus instituciones representativas. Un tanto parecido ocurre en España, donde la represión por parte del Estado, heredero, en parte, de la dictadura, es especialmente acentuado en contra de las numerosas manifestaciones que toman lugar a lo largo del territorio español. Y lo mismo está ocurriendo en Italia, donde los sindicatos están liderando una oposición cada vez más generalizada contra las imposiciones del gobierno Monti.

La respuesta del establishment que gobierna la Eurozona

Ni que decir tiene que esta agitación social está generando respuestas del establishment que gobierna la Eurozona. Una de ellas, son las medidas tomadas por el BCE de comprar bonos públicos (de corto periodo, no más de tres años) en el mercado primario, condicionado a que los países pidan un rescate del European Stability Mechanism (ESM), al cual se le ha dotado de 500.000 millones de euros para que compre deuda pública (a largo plazo, de 10 años) en el mercado secundario, sujeto todo ello a unas condiciones leoninas que implican todavía más recortes. Estas medidas de recortes y austeridad, forzando una bajada de los salarios, supondrán todavía un mayor endeudamiento, junto con una mayor austeridad, reforzándose así el ciclo vicioso entre endeudamiento, austeridad y declive de la actividad económica.

Lo que está pasando en España con el rescate bancario es un claro ejemplo de ello. Se proveen 100.000 millones de euros, que se prestan al Estado español (con lo cual el déficit y la deuda pública aumentan), con la condición de que se reduzca todavía más el gasto público, empeorando así, incluso más, la situación de la economía española.

¡Hay alternativas a los recortes!

Para cualquier persona que no esté obcecada con el dogma neoliberal es obvio que la solución a la crisis económica pasa por romper este círculo vicioso, que se inicia con un endeudamiento que quiere resolverse a base de políticas de austeridad que determinan un descenso de la actividad económica y de los ingresos al Estado, lo cual lleva a pedir prestado más dinero y a endeudarse. Este círculo vicioso es lo que está llevando la Eurozona al desastre.

Lo que tiene que hacerse es dejar de endeudarse, renegociando una deuda que ha beneficiado a la banca y a sus accionistas, pero a nadie más. No se puede avanzar con un sistema financiero que funciona para tan pocos a costa del sacrificio de tantos. La banca privada ya ha perdido su función social, que es la de proveer crédito. Si no ofrece crédito, no tiene lógica su existencia. El tamaño del sector financiero en una economía debe por lo tanto reducirse sustancialmente mediante toda una serie de medidas, que incluyen desde una carga impositiva mucho más elevada a la banca (sin afectar los ahorros del ciudadano normal y corriente), gravando principalmente a los grandes depósitos, las largas transacciones y las actividades especulativas. Otras medidas deberían incluir su nacionalización, con pleno intervencionismo del Estado para garantizar la disponibilidad de crédito razonable y accesible. No puede permitirse que la banca privada sea el aparato sanguíneo del cuerpo económico.

Por otra parte, los Estados deben dejar de depender tanto de los préstamos externos, observación que es especialmente relevante para los países llamados en la terminología anglosajona PIGS (o GIPSI si se incluye Italia). Cada uno de estos Estados (cuyos ingresos al Estado son excesivamente bajos) debe incrementar sustancialmente sus ingresos públicos. Si España tuviera la carga fiscal de Suecia, el Estado español ingresaría 200.000 millones de euros más al año. En Italia, según el Banco de Italia, la riqueza existente en el país, altamente concentrada (que podría y debería general fondos al Estado), representa 8.600.000 millones de euros, que es más de cuatro veces los 2.000.000 millones de euros de deuda pública que tiene su Estado. Si tal riqueza concentrada, como sugiere Tom Gill en su artículo “Europe is Revolting” (CounterPunch, Septiembre de 2012) se la gravara con un 2% de la riqueza poseída por el 50% más rico de los propietarios, se generarían 100.000 millones de euros más al año para las arcas del Estado.

Un tanto semejante en Portugal, donde el gobierno propuso recientemente unos recortes de 4.900 millones de euros (que tuvo que retirar debido a la oposición de la ciudadanía). Los sindicatos portugueses propusieron como alternativas un aumento del gravamen de un 0,25% en las transacciones bancarias (consiguiendo así 2.000 millones), de un 10% en las ganancias en la propiedad de los mayores accionistas del país (consiguiendo 1.700 millones de euros), un incremento del impuesto de sociedades para las empresas que facturan a partir de 1.2 millones de euros al año (1.200 millones de euros), y una disminución del fraude fiscal (1.200 millones de euros). Todas estas medidas afectarían sólo al 1% de la población: los súper ricos. Todas estas propuestas son altamente populares.

Otras propuestas también altamente populares es la reducción del gasto en las Fuerzas Armadas. Gran parte de tales fuerzas militares hacen funciones policiales y de represión interna, caso claro en España, donde se asigna a tales fuerzas armadas la garantía de “la unidad de España”, función que expresa el carácter  policial y de represión interna del país, defendiendo en la práctica un centralismo que inhibe la expresión de la riqueza de España que debería basarse en la expresión de su plurinacionalidad. Ni que decir tiene que estas propuestas alternativas, populares a nivel de calle, son inmensamente impopulares en los establishments que gobiernan a los países de la Eurozona, que están imponiendo políticas opuestas, altamente impopulares. Hoy existen unas instituciones que no han sido elegidas por la población, que gobiernan e imponen lo que favorece a sus intereses particulares, a costa de los intereses generales. Las fuerzas auténticamente democráticas deberían coordinarse a nivel europeo, incluyendo una huelga general a nivel de toda la Eurozona para indicar que las clases populares están diciendo basta ya de esta dictadura financiera que está llevando a todos los países al desastre.
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jueves, 13 de septiembre de 2012

"...En el Foro Económico de Davos, (no precisamente un ámbito izquierdista), en la presentación del Informe Global Risk 2012 elaborado a partir de entrevistas a 469 expertos globales, se dijo que si se mantienen los niveles de desigualdad pueden sembrarse las “semillas de la distopía” en términos de nacionalismos, populismos y proteccionismo..." Por Joaquín Estefanía

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Joaquín Estefanía
Ha sido un economista, Joseph Stiglitz, el que ha tenido la virtud de resumir mejor el estado de ánimo de una parte cada más significativa de la población, alarmada por la marcha de las cosas. Lo ha hecho con el lenguaje de la economía, pero su contenido puede ser perfectamente asimilado por el mundo de la política y del resto de las ciencias sociales: 1) los mercados no funcionan, porque no son eficientes ni transparentes; 2) el sistema político no corrige los fallos del mercado, del que el más importante es el gigantesco volumen del desempleo. La gente confiaba en ese sistema, tenía fe en que iba a exigir responsabilidades a quienes habían provocado la crisis, a corregir rápidamente los abusos y a proteger a los más desfavorecidos; 3) como consecuencia de lo anterior se ha multiplicado la desconfianza en la economía de mercado y en los mecanismos tradicionales de la democracia y ambos, economía de mercado y democracia, tal como están, no favorecen los esfuerzos equitativos.

¿Qué factores han contribuido a que esta opinión sea dominante? Fundamentalmente los siguientes: que se considera que no es sólo la economía la que está intervenida sino la propia democracia; segundo, la brutal expansión de la desigualdad (de rentas y de patrimonios, de oportunidades y de resultados) en el seno de nuestras sociedades; y por último, la ineficacia de las políticas adoptadas para corregir los problemas económicos más significativos, fundamentalmente el empobrecimiento de las clases medias y bajas. Esas políticas, que podrían estar legitimadas por su eficacia, se toman teniendo en cuenta factores instrumentales intermedios (el déficit, la deuda, las privatizaciones, la desregulación,…) que no pueden movilizar el ánimo de la gente, y que olvidan sus objetivos finalistas (el empleo, el bienestar, etcétera). Creíamos que esta lección la habíamos aprendido, con sangre, después de dos guerras mundiales.


Si el partido que aspira a gobernar tiene que ocultar su verdadero programa porque de conocerlo los ciudadanos no le votarían; si el Gobierno de turno debe renunciar a sus propuestas y seguir la única senda posible que se le impone desde fuera (desde instancias políticas alejadas, desde los mercados,…), empieza a ser un misterio por qué alguien se tomará la molestia de votar y de estimular la alternancia partidista. Poco a poco los ciudadanos se sentirán liberados de la obligación de la virtud democrática del voto. Los políticos obedecen cada vez menos a las demandas de la gente y por eso están sufriendo derrotas electorales históricas. La autonomía de la res económica reduce el campo de la seguridad colectiva que representa la democracia y prevalece la incertidumbre y la angustia. Si no existe la capacidad de intervención efectiva por parte de una autoridad política electa, no hay democracia.

Es en este contexto en el que hay que analizar las cesiones de poder de los países europeos en el seno de la construcción política de la Unión. La discusión no está en la pérdida de soberanía o no, sino a quien se le cede esa soberanía. El politólogo José Fernández Albertos, que ha estudiado mucho estos asuntos, (Informe sobre la Democracia en España 2012, Fundación Alternativas, y Democracia intervenida, editorial Catarata) se pregunta en qué medida los europeos perciben esos cambios como legítimos. La respuesta vendría dada por la capacidad de los ciudadanos para influir en las políticas que emanan de Europa. Y esa respuesta no puede ser positiva: porque todo lo que viene son medidas de ajuste y se deja la promesa de bienestar para un futuro que nunca llega; porque las reformas institucionales que está adoptando la UE se centran casi exclusivamente en limitar el margen de maniobra de los gobiernos y no en la dirección de fortalecer la participación democrática en la toma de decisiones y de los mecanismos de control democrático, que son enormemente imperfectos. Incluso en el caso improbable de que se realizase hoy un amplio traspaso de poderes hacia la institución europea elegida de forma más democrática (el Parlamento), ¿cuál sería la capacidad de los ciudadanos europeos de controlar las acciones de la UE cuando en este Parlamento no hay mayorías de gobierno a la que los ciudadanos puedan castigar (o premiar) en función de lo que esos ciudadanos observen? Y porque la crisis ha hecho perder mucha de la confianza de la gente en el proceso de construcción europea.

La segunda circunstancia que avala el malestar ciudadano es la creciente desigualdad estructural en el seno de las sociedades, que en muchos casos es superior incluso a los años anteriores a la Gran Depresión. Mientras las clases bajas y medias se han empobrecido, las élites tienen a veces ganancias inimaginables desde el punto de vista de la razón. ¿Cómo entender en una democracia que las fortunas de unos cuantos privilegiados sobrepasen las rentas de países poblados por decenas de millones de habitantes? No existe una representación concreta del infinito. Hasta el punto de que en el Foro Económico de Davos (no precisamente un ámbito izquierdista), en la presentación del Informe Global Risk 2012 elaborado a partir de entrevistas a 469 expertos globales, se dijo que si se mantienen los niveles de desigualdad pueden sembrarse las “semillas de la distopía” en términos de nacionalismos, populismos y proteccionismo.


Los programas de ajuste tienen efectos distributivos negativos. En las crisis, aunque todos sufren pérdidas los pobres pierden en términos relativos más que los ricos, siendo esta razón suficiente para justificar políticas económicas que redistribuyan los sacrificios de manera inversamente proporcional a la renta y la riqueza. Es lo que hizo Roosevelt con el New Deal, pero ahora no hay ni rastro de aquellas políticas. Desarrolla Stiglitz la idea de que durante años (después de la II Guerra Mundial) existió un acuerdo entre la parte alta de la sociedad y el resto: nosotros os proporcionamos empleo y prosperidad y vosotros nos permitís que nos llevemos nuestras bonificaciones; todos vosotros os lleváis una tajada, aunque nosotros nos llevaremos la más grande. Este acuerdo tácito, que siempre había sido frágil, se ha desmoronado: los ricos se llevan la riqueza pero no proporcionan a los demás más que angustia e inseguridad. La clase media está siendo exprimida y el sufrimiento de los de abajo se va haciendo más palpable a medida que quedan en evidencia las deficiencias de la red de seguridad mientras los programas públicos de ayuda y los bienes públicos se van recortando más y más. Esta ruptura del contrato social es la que ha hecho hablar a Simon Johnson (economista jefe del Fondo Monetario Internacional cuando se inició la Gran Recesión) de “golpe de Estado silencioso”.

El tercer factor de desafección es la ineficacia de las políticas económicas aplicadas. Las políticas de austeridad a ultranza en las recesiones (la "austeridad autoritaria") proporcionan un círculo vicioso en el que la falta de crecimiento genera más paro, menos ingresos públicos, más déficit y deuda, menos gasto público y todo vuelve a comenzar con dosis más profundas. Las mismas políticas que contribuyeron a crear la crisis son las que se están aplicando para salir de ella. El principal problema de la Gran Recesión es la falta de demanda. Para la mayoría, el sueldo es la fuente de ingresos máxima. Las políticas que dan lugar a un aumento del paro y a unos salarios más bajos a cambio de un radiante porvenir son una importante fuente de ineficiencia y de desigualdad. En los últimos años esas políticas no han generado un crecimiento que beneficie a la mayoría. Incluso es factible que estén contribuyendo a que, cuando llegue la recuperación, sea sin creación de empleo.

El artículo comienza con las ideas de un Nobel de Economía y termina con las de otro, Amartya Sen, que defiende que la democracia, más allá de la representación política y del respeto a la regla de la mayoría, implica la protección de los derechos y libertades de los individuos, el acceso a las prestaciones sociales y el derecho de acceder a la información, así como participar activamente en la deliberación pública. Ni más, ni menos.
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