"...se trata de que las personas que quieran estudiar sin ser ricas tengan que pedir créditos a los bancos para poder hacerlo. En teoría, el préstamo universitario parece tan fácil como en su día parecieron las hipotecas a una gran parte de la población. Primero se suben los precios extraordinariamente y después se ofrecen créditos que parecen pagables por algo que, en todo caso, es necesario: una casa o una buena educación. " Por Beatriz Gimeno

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Beatriz Gimeno

Entre la vorágine de recortes en derechos laborales, económicos y sociales están pasando un poco desapercibidas, aunque no para los afectados y sus familias, la subida de las tasas universitarias en todas las universidades públicas que junto con la radical disminución de las becas están expulsando del campus a miles de estudiantes. Esta subida no es exclusiva de España sino que se está produciendo en todo el mundo. No tiene misterio: están privatizando la universidad. En poco tiempo estudiar en España ya no estará al alcance de muchas familias corrientes y menos aun si son varios los hijos que querrían hacerlo.

 

La razón última de este incremento de tasas es la misma que ha llevado a la privatización de los servicios más básicos para la vida, como la sanidad. Todo lo que pueda ser negocio, será negocio. La universidad puede ser un gran negocio para unos pocos pero, sobre todo, para los bancos. Una vez que el cliente perfecto para el banco, aquella persona que se hipoteca de por vida, puede que esté agotado, hay que buscar nuevos nichos clientelares, es decir, personas a las que vender los créditos. Los estudiantes y las tasas universitarias son un negocio perfecto. Las tasas suben tanto que no son pagables para las familias normales, por lo que los bancos ofrecen créditos baratos, tan baratos que parecen pagables, a los estudiantes. En España ya estamos comenzando a escuchar hablar de esa política que lleva décadas ya naturalizada en EE.UU, tan naturalizada como lo han estado las hipotecas aquí.

Vamos aquí a dejar aparte las consecuencias sociales de considerar el conocimiento y la investigación mercancías que pueden venderse y comprarse en el mercado como cualquier otra, consecuencias que serán muy importantes a largo plazo. Pero ciñéndome únicamente a la cuestión económica se trata de que las personas que quieran estudiar sin ser ricas tengan que pedir créditos a los bancos para poder hacerlo. En teoría, el préstamo universitario parece tan fácil como en su día parecieron las hipotecas a una gran parte de la población. Primero se suben los precios extraordinariamente y después se ofrecen créditos que parecen pagables por algo que, en todo caso, es necesario: una casa o una buena educación. Los créditos universitarios son a bajo interés y parecen una ganga. El universitario no lo tiene que comenzar a devolver hasta que empieza a trabajar, sólo entonces. Chicos y chicas de 18 años firman contratos con los bancos sin saber si van a trabajar, en qué, por qué salario o en cuánto tiempo.

Finalmente, en el mejor de los casos, estos jóvenes comienzan sus vidas con una deuda a los bancos que puede llegar a los 100.000 euros y que en el momento en que trabajen tendrán que pagar. Además, claro, tendrán también que pagar el piso, la sanidad, la educación de sus hijos e hijas etc. Para que nos hagamos una idea del negocio, en EE.UU, el año pasado se concedieron 100.000 millones de dólares en préstamos para estudiantes, con sus intereses correspondientes. Además de lo que significa que la mayoría de los jóvenes estén obligados a endeudarse antes de tener la madurez suficiente, además de lo que significa para la libertad de estas personas comenzar sus vidas con una deuda enorme, los créditos a los estudiantes pueden convertirse en la nueva burbuja. Si el paro juvenil se dispara y los salarios bajan no es descabellado pensar que llegará el momento en que estos créditos, o la mayoría de ellos, no puedan recuperarse, como ha ocurrido con las hipotecas, o que comiencen a existir personas cuyos sueldos completos sean embargados para pagar las deudas a los bancos y se conviertan en los nuevos desahuciados.

La buena noticia es que aunque parezca difícil a veces sí se puede. Acabamos de ver que la lucha del movimiento ciudadano contra los desahucios ha conseguido, al menos, poner el tema en la agenda política de los partidos. Pero además tenemos el ejemplo de Quebec. Allí, el gobierno aumentó el coste de las matrículas universitarias en un 75% , lo que provocó una huelga indefinida de estudiantes universitarios y de institutos. La respuesta del gobierno a esta huelga y a las manifestaciones que se produjeron fue la criminalización de las protestas, restringiendo específicamente las libertades de asociación, reunión y expresión. Esto nos tiene que sonar. Finalmente, más de 2500 detenidos y tras siete meses de huelga, la nueva primera ministra Pauline Marois ha anulado tanto la subida de las tasas como las leyes crininalizadoras de las protestas.

La protesta no ha acabado porque no es que Marois no quiera subir las tasas, sino que quiere “acomodarlas a la inflación”, mientras que los estudiantes quebecoises exigen el derecho a disfrutar de una enseñanza universitaria gratuita, igual que los chilenos, que llevan dos años de duros enfrentamientos con el gobierno por la misma razón. Ayer los estudiantes de la universidad Complutense protagonizaron protestas que terminaron con duras cargas policiales. La lucha por una vida vivible es global y las protestas tienen que globalizarse también y ya han comenzado a hacerlo. El 14 de noviembre Huelga General en España y en varios países europeos.

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La educación pública retrocede 30 años.

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En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que se presentó el nuevo anteproyecto de ley educativa, las únicas preguntas dirigidas por los periodistas al ministro de Educación, José Ignacio Wert, trataron sobre la recentralización que supone que el ministerio pase a decidir del 55% al 65% del contenido curricular en detrimento de las consejerías autonómicas de educación, además de una pregunta cuestionando la legalidad del traslado forzoso de docentes. Ninguno de los periodistas le planteó al ministro si había consultado a la comunidad educativa su proyecto de reforma.

“Llevamos años oyendo que no se pueden cambiar leyes educativas sin llegar a consensos y [Wert] la ha sacado absolutamente solo sin contar con padres, profesores ni nadie de la comunidad educativa”, afirma indignada Cecilia Salazar, de Ciudadanos por la Educación Pública. A José Luis Pazos, presidente de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (FAPA) Giner de los Ríos, de Madrid, le llama la atención que una reforma que se plantea “en supuesto beneficio de los alumnos y las familias, se haga sin tener en cuenta ni la opinión de los alumnos ni la de las familias”.

Contrarreforma ideológica

El ministro Wert aseguró que su reforma no era ideológica, aunque no explicó de forma convincente por qué. En la comunidad educativa hay un amplio consenso en sentido contrario. Para Enrique Díez, coordinador federal del área de educación de Izquierda Unida, “está fuera de duda que desde sus prejuicios ideológicos han establecido sus pautas aplicables a la educación, y su modelo está muy claro: es un modelo para que los ricos puedan llegar a los puestos más altos, que serán los másters y los doctorados; los grados para la clase intermedia técnica y el resto en una precariedad permanente en un mercado laboral en permanente rotación”.

Guillermo Valenzuela, profesor interino que participa en la Marea Verde de Aragón, también cree que es una reforma ideológica porque “profundiza en la supeditación de la educación al mercado laboral. El proceso educativo se diseña en función de las necesidades que tiene el mercado laboral y se concibe que los estudiantes son solamente futura mano de obra. La educación no tiene un sentido por sí mismo”. Cecilia Salazar añade que “la segregación muy temprana de alumnos lo que propiciará es que pocos alumnos lleguen a bachillerato y sean desviados hacia un mercado laboral de mano de obra muy barata”.

Tres vías de segregación

La primera segregación se producirá con los llamados “programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento”, en 2º y 3º de la ESO, en los que se agruparán alumnos con dificultades que recibirán contenidos devaluados. La segunda segregación llegará al terminar 3º de ESO. Un segmento del alumnado, el que más dificultades arrastre, será desviado a un curso puente que impedirá el reenganche al bachillerato. Estos ciclos de Formación Profesional Básica sustituirán a los actuales Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI). Cecilia Salazar explica que “los PCPI estaban pensados para alumnos de más de 16 años que iban a dejar el centro; era un intento para reenganchar de alguna forma y que pasasen a Formación Profesional de Grado Medio”. Sin embargo, “en la ley Wert se convierte en una salida, es decir, tiran directamente un alumno a la basura. Esto que antes era un ‘recoger’, ahora es una salida que no va a ningún lado, porque no hay titulación de ESO para este itinerario”. Enrique Díez va un poco más lejos y cree que “no sólo es para que salga mano de obra barata, sino para que salga cuanto antes”. En el texto del anteproyecto se puede leer que ‘se animará a estos programas a los que tengan una situación socioeconómica desfavorable’. Para Díez, “equipara la pobreza con la poca capacidad para el estudio”.

La tercera vía de segregación se hace a través de asignaturas optativas para que en 4º de la ESO los itinerarios para FP y para el bachillerato estén bien diferenciados. Para Enrique Díez, “la consecuencia es que deriva a la población escolar con más dificultades o menos recursos hacia la FP de grado medio o hacia el mercado laboral. Por tanto, convierte a la FP en una vía de segunda categoría. Cuanto antes se segrega, más se atenta contra la igualdad de oportunidades”.

Una de las razones esgrimidas por el ministro para implantar la segregación en itinerarios ha sido la mejora de los datos de fracaso escolar. El catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Cádiz, J. Félix Angulo, en un informe difundido por Soy Pública, explica que “dicha división en itinerarios pretende segregar disfrazando de esta manera el fracaso escolar”. Para el catedrático, el fracaso escolar es un problema de clase social, ya que la proporción entre hijos de trabajadores del sector servicios (profesionales y gerentes) e hijos de trabajadores sin cualificación es significativa: con respecto al acceso al bachillerato, por cada 2,7 alumnos del primer grupo llega 1 del grupo de trabajadores no cualificados, en FP la proporción es de 0,4 por cada 1; en cuanto a abandono de los estudios tras la secundaria es de 0,5 por cada 1 y el ratio de alumnos que abandonan la secundaria es de 0,12 –de la descendencia del primer grupo– por cada uno del grupo segundo.

La segregación viene acompañada de una nueva FP, con formación dual, una parte en la empresa y otra en el centro educativo, copiando el modelo alemán. No obstante, y como apunta Cecilia Salazar, “aquí no existe un tejido empresarial que pueda absorber eso y dar una formación efectiva al alumnado. En grandes empresas puede que sí, pero aquí lo que hay fundamentalmente son pymes que no pueden absorber a todas estas personas, por lo cual no tiene el menor sentido fuera de que se realiza trabajo gratis”.

El anteproyecto planteado por Wert introduce tres exámenes-reválida al término de cada etapa educativa (6º de primaria, 4º ESO y 2º Bachillerato), que serán realizados de forma externalizada, no por los profesores del centro. Para el catedrático J. Félix Angulo “no son pruebas de diagnóstico, sino que abren o cierran la posibilidad de continuar estudiando o bien marcan (como en primaria) al alumnado para el resto de su escolaridad, clasificándolo”. Guillermo Valenzuela indica que es profundizar “en la línea pedagógica que incide en la importancia del examen y de la evaluación. Todo el proceso educativo tendría como fin último poder pasar esas pruebas. Es un sistema de evaluación doblemente reduccionista. Hay muchas maneras distintas de evaluar un proceso de aprendizaje, y nosotros criticamos que la única manera de evaluar sea esa”.

Enrique Díez cree que esto muestra que la educación se concibe “no como algo que te sirva para desarrollarte, sino como un campo permanente de obstáculos, un suplicio permanente como si esto fuera un vía crucis”. Además, sostiene que el “modelo busca someter los centros educativos a las exigencias del mercado, especialmente a la competitividad, y por eso establece esas pruebas externas a nivel nacional, para ofrecer una clasificación de colegios según sus resultados, con el fin de que los ‘clientes’ puedan comparar y elegir el centro que más ventajas competitivas les aporte a sus hijos e hijas en el futuro mercado laboral”.

Cecilia Salazar cree que aquí se pueden dar las mismas consecuencias que se han dado en países que han implantado este sistema. “Lo que ha sucedido es que se ha establecido un ránking en función del cual depende la dotación económica del centro. Esto puede implicar que los centros que tienen más problemas cada vez tengan menos dinero, por lo que cada vez irán peor”. Cecilia cree que si la dotación de un centro depende de las notas de los alumnos en esta evaluación externa, “los profesores no vamos a tener más remedio que dedicarnos a enseñar exclusivamente cómo se aprueba, porque la dotación depende de ello. La reflexión crítica, la creatividad, se va a acabar porque nos vamos a dedicar a hacer pruebas tipo test para que cuando los alumnos se enfrenten al examen puedan pasarlo”.

En este nuevo escenario competitivo, Enrique Díez cree que las escuelas se van a hacer más selectivas y van a rechazar al alumnado que presenta mayores dificultades porque les puede hacer descender la posición en el ránking. “Esto tiene que ver con que se instaura el pago por resultados, propio del mundo empresarial”, apunta. La reforma acaba con la selectividad y cada universidad podrá elegir, si quiere, sus pruebas de acceso, como se hace en el mundo anglosajón.

Sin democracia escolar

Otra de las novedades que introduce el anteproyecto es el refuerzo del poder del director, nombrado por la administración y al que se le exigirá un perfil de gestor acreditado con titulaciones específicas. El informe de J. Félix Angulo alerta sobre la supuesta autonomía de los centros que esto supone: “Se convertirá, a través del control que el Gobierno pueda ejercer por las reválidas que implante, en una autonomía cautiva, que lleva a una especie de privatización encubierta de la escolaridad”. A Jesús Sánchez, presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), le parece “sangrante la pérdida de capacidad de decisión de los consejos escolares, en cada centro se le relega a un papel consultivo sin carácter vinculante, lo que nos parece una tomadura de pelo”. En los consejos escolares se sientan padres y madres, alumnos y docentes, y actualmente tienen capacidad de decisión sobre algunos aspectos del centro. Otro padre que participa en la vida activa del instituto de su hijo, José Luis Pazos, cree que “el ministerio plantea esto porque entiende que la democracia la tienen que ejercer solamente unas cuantas personas”. Los profesores también alertan sobre esta medida. Guillermo Valenzuela cree que generan un modelo de educación “muy autoritario, concentrándose la gestión del centro en el director, que pasa a tener más poder”. Guillermo cree que se va a dejar “muy poca autonomía para los profesores, que tendrán menos capacidad para decidir lo que van a impartir y cómo van a evaluar”. Además, tiene sus reservas con que los directores puedan elegir a los interinos, “en nuestro sistema no es más que inducir al enchufismo y a la corrupción”. 

Para Cecilia Salazar es una falta de democracia absoluta. “Ahora en Madrid tenemos el problema de los profesores irlandeses contratados de forma ilegal por la comunidad, pero con la Ley Wert sería legal; hasta hoy en los centros públicos se hace con un baremo, de forma trasparente... Si el director gestiona esto, se saltan muchos derechos al mismo tiempo”. Enrique Díez cree que va a suponer “la profesionalización de la dirección escolar como si fueran gerentes: lo que van es a gestionar los centros públicos con rentabilidad económica, y no con rentabilidad social”.

A este cambio de modelo hay que añadirle la degradación que los centros ya han sufrido con los recortes presupuestarios. Díez asegura que “lo que pretenden es convertir la educación en un negocio. Los datos de la Unesco dicen que se mueve en el mundo de la educación dos billones de dólares anualmente. Ahora el capitalismo ha conquistado toda la geografía, y la última frontera que les queda son los servicios públicos”. José Luis Pazos cree que la reforma pone la puntilla a las agresiones presupuestarias. “Se quiere desmantelar gran parte de los avances que la educación pública ha conseguido en las últimas tres o cuatro décadas”.

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Once razones para argumentar por qué debe salir la religión fuera de la escuela.

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Lucía Figar, consejera de Educación y Empleo de la Comunitad de Madrid, y los cielinos, por Juan Carlos Escudier

Article publicat el 6 d'octubre de 2011 a CUARTOPODER

Como bien saben los católicos como Dios manda y, sobre todo, con posibles, en la Iglesia siempre ha habido clases. Formar parte del rebaño está bien pero aborrega, de ahí que estos fieles de primera busquen cierta exclusividad adhiriéndose a los tendencias que más pitan en cada momento. Es una cuestión de estilo. Hace un tiempo se llevaba eso de ser legionario de Cristo, pero desde que se supo que el fundador de la cosa, Marcel Maciel, era un crápula bastante pederasta que había hecho todo lo posible y más para ser padre de familia numerosa, se esfumaron sus adeptos, entre los que sobresalían ex ministros tan piadosos como José María Michavila y Ángel Acebes.

Siempre se puede ser del Opus, que es como esos trajes clásicos que nunca pasan de moda, pero para estar a la última nada mejor que apuntarse a los nuevos movimientos ultraconservadores nacidos tras el Concilio Vaticano II justamente para hacerlo olvidar. Destacan especialmente dos: el Camino Neocatumenal de Kiko Argüelles y Comunión y Liberación, presidida hoy por Julián Carrón. Tal es la importancia que les concede la actual jerarquía eclesiástica como punta de lanza en la propagación de la fe católica, que tanto los dos citados como el opusino Fernando Ocariz acaban de ser designados por Benedicto XVI consultores del nuevo Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización.

Centrémonos en Comunión y Liberación, que como afirma el sociólogo y sacerdote, Avelino Seco, autor precisamente de un libro sobre los cielinos –que así es como se llama a sus seguidores-, sin ser el movimiento que mayores masas atrae, es, en cambio, el que con más intensidad ha marcado la ideología de la Iglesia en los últimos 30 años. El propio Seco menciona a algunos de sus representantes más destacados en la Curia española: Javier Martínez, arzobispo de Granada; Braulio Rodríguez, arzobispo de Toledo; César Augusto Franco, obispo auxiliar de Madrid; y Rafael Zornoza, obispo de Cádiz.

De los cielinos podría dar un conferencia Juan Manuel de Prada, que no en vano está en su club, pero mientras la prepara no está de más mencionar algunas de sus características más relevantes: creen en la jerarquía de la Iglesia sobre todas las cosas, ven la mano de Satanás en la ola de laicismo y relativismo que, en su opinión, invade a la sociedad, y confían en que penetrando en el poder político y económico podrán desarrollar mejor su tarea evangelizadora. En España llegaron a finales de los años 70, y tienen hasta un brazo empresarial, la Compañía de las Obras, con la que pretenden restar protagonismo al Estado y a lo público y que, según sus propios datos, agrupa a más de 34.000 sociedades en 17 países.

Con estos antecedentes, no es de extrañar que la educación sea uno  de sus campos prioritarios de actuación, y que hayan tratado con éxito de introducirse en el organigrama de la educación pública para ponerla a su servicio.

En Madrid y en el neoliberalismo de su presidenta, Esperanza Aguirre, Comunión y Liberación ha encontrado un terreno abonado, y ello explicaría su falta de escrúpulos para pedir el voto al PP en algunas convocatorias electorales. Dios nos libre de considerar a la consejera de Educación madrileña, Lucía Figar, una cielina más, ni pensar que sus simpatías hacia la causa tengan origen en su marido, Carlos Aragonés, ex jefe de gabinete de Aznar en la presidencia del Gobierno, hombre de misa semanal y con fuertes vínculos con miembros del Opus Dei. Pero lo cierto es que es difícil prestarse a participar en reuniones como la de Rimini -700.000 personas congregadas en torno a Comunión y Liberación- y presumir de lo mucho y bien que se nutren con fondos públicos los colegios católicos mientras retrocede el porcentaje de alumnos de la escuela pública sin sentir una especie de llamada de esa selva.

Quizás en este impulso haya sido determinante su director general de Becas y Ayudas a la Educación, Javier Restán, anteriormente director general de Centros Educativos de la Comunidad de Madrid, que es un declarado miembro de esta Fraternidad además de hermano del director de Contenidos de la cadena Cope y conductor en esa misma emisora de La Linterna de la Iglesia.

Si por algo ha destacado Restán es por su oposición a la asignatura Educación para la Ciudadanía que, a su juicio, era causa de “daños en la conciencia” de los alumnos. Por eso, y por defender a ultranza la subsidiaridad educativa, o lo que es lo mismo, que la iniciativa privada, esencialmente la Iglesia, se ocupe una función pública como es la enseñanza obligatoria. He ahí su definición: “Así pues, una política donde se considera la iniciativa social y privada para la expansión de la red escolar sostenida con fondos públicos (nuevos centros concertados), una política de desgravación fiscal creciente para familias que escogen centros privados sin financiación pública y finalmente la implantación del cheque escolar en educación infantil, definen una política que se mueve según el principio de subsidiariedad”. Se refiere a la política educativa en Madrid, lógicamente.

El largo brazo cielino llega hasta Jon Juaristi, director general de Universidades de la Comunidad, que, por cierto, presume de judío. Hace cuatro años escribía esto en el ABC: “Los de Comunión y Liberación me invitan a una celebración eucarística en San Jerónimo el Real, presidida por monseñor Rouco, con motivo del segundo aniversario de la muerte de su fundador. Agradezco el gesto. Desde mis convicciones judías, les estimo y siento una sincera simpatía por el desaparecido monseñor Giussani, una de las personalidades más atractivas del catolicismo contemporáneo y, sin que suponga merma alguna en su significación universal, figura verdaderamente admirable de la historia europea del siglo XX”.

Queda por mencionar a la viceconsejera Alicia Delibes, cuyo marido, Regino García Badell, jefe de gabinete de la presidenta, pasa por ser el ideólogo de Aguirre además del autor de sus discursos. No es ningún secreto que el matrimonio tardó en pasar de la izquierda a la derecha el mismo tiempo que el PP empleó en ganar sus primera elecciones generales. Circula por la red el fragmento de uno de los artículos que Alicia Delibes publicó en 2002 en Libertad Digital, medio del que ha sido asidua colaboradora, y que lamentablemente no figura ya en su hermeroteca. El artículo en cuestión, titulado A vueltas con la calidad de la enseñanza, contenía, al parecer, la definición que la número dos de la Consejería hacía de un colegio de calidad: “colegio privado con buenos profesores, mayor o menor nivel de exigencia, que se haga deporte, que se aprenda bien inglés, que se imparta, o no, una enseñanza religiosa, etc”. No se sabe a qué esperan los cielinos para captar a esta mujer.

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