" Atascado un sector mayoritario de la ciudadanía en mirar al Parlamento que le representa, que eligió para que cuidara de sus intereses, es hora de exigir a los políticos con dignidad y consciencia que acaben con este sufrimiento..." Per Rosa María Artal

Rosa María Artal

Imaginemos un país donde se “vende” un Banco, el de Valencia, -hundido por el putrefacto PP de esa comunidad durante su larga hegemonía- por un euro. El agraciado es CaixaBank. Y se han ido por el sumidero 5.500 millones de euros de nuestros impuestos que ya hemos pagado y seguiremos pagando en calidad de vida. Imaginemos también un país en el que, 37 años después de su muerte, se rinde homenaje al dictador de cuatro décadas, y ni el gobierno lo impide, ni cruje la sociedad de arriba abajo. Ese mismo ejecutivo que amnistía por dos veces –enmendando la plana a la justicia con empecinado tesón digno de otras causas- a unos condenados por tortura. Del cuerpo de los Mossos de Escuadra. O en el que un chico de 21 años, Alfonso Fernández Ortega, está detenido -sin juicio- en la prisión de Soto desde el 14N, fecha de la huelga general, bajo acusaciones poco claras.

 

 Vamos a imaginar muchas más cosas, por ejemplo, que la OCDE nos pronostique para 2013 el peor año de la crisis, con 6,2 millones de parados, una deuda que dejó Zapatero en 68,5% del PIB y que va a llegar al 97,6%. O que la economía retrocederá el triple de lo que ha manejado el gobierno para elaborar los presupuestos. Más aún, que escuchemos decir al presidente Rajoy: “ Confío en que la OCDE se equivoque”. Y es que su gobierno debió de comprar la bola de cristal adivinatoria en un comercio chino de los que tanto nos gustan ahora. Ya nos venden por la tele las ganas que tienen los millonarios de ese país en venir a residir a España y comprar su permiso de residencia. Por 160.000 euros, viene de regalo con el piso adquirido.

 Pero es el momento de contar con otra hipótesis: la oposición política no hace otra cosa que participar en los juegos florales parlamentarios y mediáticos oponiendo tímidas críticas. Alguna enmienda o proyecto que barre la apisonadora del PP, como es sabido, pero que hace quedar bien. Creen.

 El PSOE sigue desmoronándose. Ya no le ha faltado más que la trama corrupta que afecta a altos cargos del PSC. Perdió 8 diputados en las elecciones catalanas y sus dirigentes -al igual que los nacionales- “se felicitaron” por el trabajo realizado. Es que las encuestas decían que serían peores los resultados. Grandioso. Es que esta nueva dirección –estatal- “lleva solo 5 meses”. Renovada ella, con caras e ideas sorprendentes y prometedoras, a ver si para 2.050 encuentran la senda perdida y salen del agujero en el que entonces se encuentren. Y en el que, visto lo visto, seguirán congratulándose de lo bien que lo están haciendo.

 Lo peor es que la ciudadanía es del palo “yo voto al que tenga posibilidades de ganar”. Y solo ve dos caminos: PP y –todavía- PSOE. La izquierda más real que la que hoy representan los socialistas, ha ganado en Cataluña –si descontamos a ERC más local- 3 escaños que tampoco es para tirar cohetes, por mucho que también “se feliciten” por los resultados. Y aunque UPyD se dio allí un buen batacazo, su ultranacionalismo español gusta en el resto del Estado un poco más. Aunque sea de derechas o de izquierdas según convenga, o haya votado, de la mano del PP, en contra de llevar a cabo un referéndum sobre los recortes. El panorama así es idílico.

La sociedad no puede esperar más. Todo esto y mucho más es real, aunque parezca increíble. Nos encontramos en una situación límite. Achicando el agua que nos anega por todas partes. Con los profesionales de la medicina –todos los sectores: médicos, enfermeras, celadores, auxiliares, administrativos- fuertemente implicados en Madrid para que no nos desmantelen la sanidad pública, hemos de asistir impertérritos a las consignas del PP que insultan nuestra inteligencia diciendo que no se privatiza nada. Ah, vaya, que eso se llama “Plan de externalización de la gestión sanitaria” u “optimización de recursos”. Solo que se entregan al capital riesgo -para comerciar con nuestra salud por definición-  6 hospitales, un centenar de centros de atención primaria, el Instituto de Cardiología y otros servicios. Todo muy rentable. Se ha abierto un negocio de 400 millones de euros ¿Quién lo desprecia? Y ya se sabe que si no obtienen los beneficios deseados, también la Comunidad echará una manita para que se queden contentos.  “Optimizan” sus bolsillos y los de políticos y parientes implicados en esas empresas que es un gusto.

Algo más. Una pregunta clave, si le marean los datos. La medicina es una vocación de servicio público que ha de brear con las no muy agradables averías que arroja un cuerpo enfermo. Sus profesionales nos están alertando de la gravedad de estas medidas ¿A quién hace Vd. más caso? ¿A su médico o enfermera o… a los desprestigiados políticos?

Volvamos al principio. Hemos enterrado 5.500 millones de euros en un solo banco. Y quedan muchos pufos que cubrir en el sector. Las políticas neoliberales del PP están hundiendo la economía y nuestras vidas a extremos inimaginables. Cada vez pagamos más impuestos por menos servicios. Y nos “modulan” los derechos a diario. ¿Tanto le cuesta deducir a un sector de la sociedad lo que ocurre? ¿Por qué estamos mucho peor que hace un año? ¿Qué inventario ha añadido a todas las “herencias” –propias y ajenas- la actual gestión del PP? ¿En qué se justifican las mermas de sanidad, educación, cultura, ciencia, transportes, servicios… viendo quién se lleva nuestro dinero? 5.500 millones un solo banco, repito. 37.000 entre todos los afectados… por el momento. Los hospitales aún semiprivados ”rescatados” con dinero público. Las autopistas. Lo que haga falta. Mientras, un hombre se ha suicidado en Navarra porque le desahuciaban al deber… poco más de 4.000 euros de alquiler. ¿Las estafas continuas nos han “externalizado” el cerebro?

Atascado un sector mayoritario de la ciudadanía en mirar al Parlamento que le representa, que eligió para que cuidara de sus intereses, es hora de exigir a los políticos con dignidad y consciencia que acaben con este sufrimiento. Váyanse si es preciso, hagan huelga total, acudan a los Tribunales internacionales, no secunden más estos atropellos con florituras verbales y ninguna acción efectiva. Evidencien ante el mundo que no son cómplices de una acción de gobierno que degrada nuestra vida, sin que tengamos culpa alguna, y ni figuraba en los programas, ni se anunció -sino todo lo contrario- y nos sirven con continuas mentiras. ¿No ven la desesperación de mucha gente? ¿El atontamiento sumiso de otros? Aparquen el lirio y la hortensia ¡Y hagan algo de una vez!

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"...El Real Decreto aprobado por el Gobierno para regular algunos procedimientos de desahucio no supondrá ninguna mejora sobre la situación actual e incluso la empeora (...) excluyen a la mayoría de la gente afectada". Por la PAH

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Ada Colau

Representantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y juristas han asegurado la mañana del viernes en rueda de prensa que el Real Decreto aprobado por el Gobierno para regular algunos procedimientos de desahucio "no supondrá ninguna mejora sobre la situación actual e incluso la empeora", según ha asegurado Ada Colau, portavoz de la PAH. En palabras de José María Fernández Seijo, magistrado del juzgado de lo mercantil de Barcelona, "antes los jueces podían dudar sobre si paralizaban un procedimiento de desahucio, ahora pueden decir que al haber ya una norma no pueden ir más allá de lo que ésta dicta".

El Real Decreto [aprobado por el Consejo de Ministros el jueves y publicado la mañana del viernes en el Boletín oficial del Estado ha abierto un periodo de dos años de moratoria en el procedimiento de ejecución hipotecaria con una serie de condiciones que, en opinión de la PAH, “excluyen a la mayoría de la gente afectada”. Martì Batllori, presidente de la comisión de defensa del Colegio de Abogados de Girona, ha calificado en la rueda de prensa de “incompleta y vergonzosa desde el punto de vista jurídico” la nueva normativa, a la que identifica como “una segunda parte del decreto de Guindos”, en referencia al código de buenas prácticas que el Gobierno ofreció firmar a las entidades bancarias y que ha resuelto hasta la fecha 150 casos.

Colau ha asegurado que el Gobierno “ha desaprovechado la oportunidad” de regular de forma conveniente un parque de viviendas en alquiler social y ha juzgado como “incomprensible” que presente el Real Decreto a la vez que se crea el llamado “banco malo” por el que el Estado pasa a ser copropietario de una parte de los activos inmobiliarios en manos de las entidades financieras.

La PAH ha querido insistir en la alternativa ya presentada a través de la Iniciativa Legislativa Popular que ha recogido más de 600.000 firmas para regular la dación en pago retroactiva, el alquiler social y la moratoria en los procedimientos de ejecución de hipotecas. “Una economía no sale de la crisis si la población no sale de la crisis”, ha concluído Colau, que destaca cómo unas plataformas “sin recursos ni infraestructuras y criminalizadas” han liderado la respuesta social a la realidad de los desahucios.

Este lunes las plataformas [presentarán de forma masiva un escrito en el que se solicita la suspensión de todos los procedimientos de ejecución hipotecaria de viviendas habituales que se encuentren actualmente en los juzgados. El escrito, que ha sido elaborado junto con el Consejo General de la Abogacía Española, será distribuido entre los abogados colegiados para difundirlo también más allá de los afectados que ya se han organizado en la PAH.

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La huelga de hambre de los seis trabajadores de la Compañía Telefónica entra en su día número 12 mientras su seguimiento es silenciado (y censurado en La Vanguardia) por todos los medios de comunicación de masas, incluído El País o El Periódico de Catalunya. Por Àngels Martínez i Castells

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Hoy se cumplen ya los 12 días de huelga de hambre de los compañeros de Telefonica. La foto anterior corresponde al inicio de la misma. Ayer, Elena, Toni y Zé, de DEMPEUS per la Salut Pública visitaron a los 5 compañeros en lucha frente a la todopoderosa y prepotente Telefónica. Como cuenta Toni Barbarà, médico, la situación ambiental, pero sobretodo el semblante de los compañeros denotan la dureza del momento. A pesar de los cuidados de un equipo fraternal de compañer@s médicos y sanitarios, tantas horas de tensión y ayuno, sin otra ingesta que líquidos con electrolitos, representa un quebranto que va profundizando en un limbo desconocido y expectante de cual será el siguiente síntoma, el nuevo deterioro físico y psíquico… y que gravedad tendrá.

La historia es de una dureza absolutamente inusual, que permite hablar de encarnizamiento: el conflicto se remonta a 2010 con el despido fulminante del trabajador Marcos Andrés Armenteros por haber acumulado varias bajas médicas, perfectamente extendidas por su facultativo del sistema nacional de salud. Es el disparate más aberrante de una progresiva reforma/contrareforma laboral que a paso de tuerca ha llegado a la ignominia de poder despedir a un trabajador por el hecho simple y llano de enfermar.

 

La normativa aplicada es producto de sucesivos recortes en las condiciones laborales: Que llega a considerar como despido procedente a un trabajador/a que presente un 20% de bajas médicas (aunque estén perfectamente justificadas y documentadas) a lo largo de 4 meses no consecutivos de un mismo año. Se trata del nefasto artículo 52 D del estatuto de los Trabajadores. Una normativa obscena que pretende castigar el “absentismo”… en la primitiva versión era aplicable cuando este supuesto absentismo alcanzara el 5% de la plantilla. Ese porcentaje bajó al 2’5 % en el periodo Zapatero, para acabar hoy, en versión PP, en el 0%, es decir independientemente de que haya o no absentismo.

Hay que denunciar que hoy día, inmersos en esta brutal crisis-estafa, los servicios de atención en el trabajo sitúan una nueva patología social en las antípodas del dicho “absentismo”: es el “PRESENTISMO”, o sea la asistencia al puesto de trabajo incluso en condiciones inhumanas, de enfermedad o indisposición, pero arrastrando el dolor y la rabia ante la posibilidad de perder el puesto de trabajo en una salvaje competencia frente a otro compañer@ no enfermo en ese momento. Es la consagración del principio del beneficio empresarial por encima de cualquier consideración social, laboral, de derecho, de humanidad. Patronos impunes que exclaman: “¡Si no son rentables, si se ponen enfermos, ¡se les despide y listos !”

Marcos tuvo la fatalidad de enfermar de forma reiterada, y en lugar de sostener una baja prolongada, se fue reincorporando a su puesto de trabajo para acabar con la injusta penalización de su despido. Pleiteó contra la empresa ¡ y ganó ¡! Despido nulo y readmisión!. Parecía que la justicia se iba a imponer…. Pero el poderoso entramado jurídico de la no menos poderosa Telefónica recurrió y en el nuevo proceso, aun confirmándose su culpa dolosa, se decretó despido solo ” improcedente”, y con esa fórmula como todo el mundo va sabiendo se permite la no readmisión por cuatro cuartos. Se trata además y por encima de todo de dejar bien claro su “principio de autoridad” su “aquí manda la patronal” su “ordeno, mando y doy ejemplo a quienes quieran plantar cara, o simplemente pretenda ejercer sus derechos”.

Todo este brutal escenario  está siendo objeto de una opacidad mediática literal. Es el silencio impuesto y culpable de y a los medias que dependen, obedecen, acatan ni que sea a regañadientes, las indicaciones (órdenes) de lo poderosa empresa millonaria, amiga del poder, cómplice de tantos entramados macrofinancieros, y determinante en el sector. Lali Sandiumenge ya lo padeció en La Vanguardia.

Desde  Dempeus de la Salut pública les reiteramos nuestra solidaridad y apoyo.

Es importante que desde las redes sociales se difunda esta injustícia.  Este es el artículo de Esther Vivas en Publico, y os remitimos también al de Lali Sandiumenge censurado en La Vanguardia. Lali ha abierto un nuevo blog `para poder contar la verdad en   “Luchamos contra Telefónica en su propio terreno”, y una explicación de la censura Hay que informar. Y este es el comunicado que corresponde con su onceavo día de Huelga de Hambre (ayer):

FACEBOOK: Huelga de Hambre en Telefónica
TWITTER: @HHTelefonica
BLOG: http://huelgadehambreentelefonica.blogspot.com.es
Email: huelgahambretelefonica@gmail.com
También os pedimos que difundáis el nº de cuenta de apoyo a la huelga de hambre

0081-5041-83-0001506556

para que hagáis vuestras aportaciones para sufragar los gastos de prensa, carteles, infraestructuras y apoyo a los huelguistas.
Gracias por vuestro apoyo.
Ved también en este blog:  En Telefonica, una huelga de hambre solidaria para Marcos y el video de cafèAMBllet explicando estos hechos:

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¿SUICIDIOS O CRIMEN DE ESTADO? Tendríamos que dejar de hablar ya de suicidios y de poner sobre la mesa la comisión de un verdadero crimen de Estado porque sus instituciones, que tienen la obligación de evitar el dolor de los ciudadanos y cuentan con medios para ello, son las que lo están provocando, por Juan Torres López

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Todos los datos permiten asegurar que una gran parte del incremento en el número de suicidios que se viene dando en España está relacionado con la forma en que se está gestionando la crisis. Ya he comentado en artículos anteriores y más extensamente con Vicenç Navarro en el libro ‘Los amos del mundo. Las armas del terrorismo financiero (Espasa, 2012)’, que en todos los países en los que se han aplicado políticas de ajuste neoliberal se ha podido detectar ese fenómeno, así que no es de extrañar que ahora se esté produciendo en España. Actualmente, parece que en nuestro país se producen entre nueve y diez suicidios cada día y que un tercio de ellos, según se puso de manifiesto en un reciente congreso de Psiquiatría, son los que tienen que ver con problemas económicos de diverso tipo originados por la crisis.

Y no hacen falta muchos estudios científicos para comprobar igualmente que una gran parte de esos suicidios se relacionan con los desahucios, que en estos momentos dejan sin vivienda a más de quinientas familias cada día en España. Ya son bastantes los casos en los que se han producido justo antes de que las autoridades y la policía procediesen a desalojar a las familias de sus viviendas en diferentes lugares de España.

Se trata de un verdadero drama que tiene una responsabilidad muy directa: las autoridades e instituciones del Estado que hasta el momento no han hecho nada efectivo para evitarlo. Todo lo contrario, lo han provocado con las políticas que vienen aplicando e incluso lo facilitan, como esos jueces que llegan a decretar que los desahucios se lleven a cabo sin previo aviso para evitar que la población acuda en ayuda solidaria de los afectados.

El Gobierno actual y el anterior han dedicado sumas millonarias a salvar y proteger a los banqueros y a los grandes propietarios, pero no han tomado ni una sola medida efectiva para acabar de una vez por todas con la desprotección de las familias de menos ingresos que pierden sus viviendas.

Cambiar las leyes para establecer medidas como la dación de pago, la creación de tribunales que gestionen la reestructuración de la deuda familiar, la disminución temporal de las cuotas para las personas sin ingresos o en paro, quitas familiares, u otras parecidas que podrían evitar los desahucios no comportan grandes dificultades legales ni supondrían demasiado coste económico (al revés, permitirían aumentar la demanda efectiva y así mejorar la situación económica). Por eso es injustificable que se sigan llevando a cabo desahucios que provocan docenas de suicidios y un sufrimiento personal y social tan extraordinario.

Que los dos grandes partidos se pusieran de acuerdo en unos pocos días para modificar la Constitución, y así contentar a los poderes financieros, y no lo hagan para adoptar medidas de rango muy inferior dirigidas a proteger a las miles de familias que se quedan en la calle solo refleja que se trata de dos organizaciones políticas que han perdido el norte para convertirse en simples piezas de un dominio oligárquico que ya es insoportable, y que requiere una respuesta social a la altura de su traición a los principios elementales de la ética, la justicia y el buen gobierno.

Es incomprensible, y empieza a producir una rabia inmensa, contemplar día a día a los parlamentarios ocupados en todo tipo de asuntos pero incapaces de acabar con el drama. Es desolador comprobar que los jueces no hayan reaccionado ya cuando llevan tanto tiempo como ejecutores de un derecho que es la antítesis de la justicia. Es patético e indignante ver a la policía defender día a día a las autoridades que echan a las gentes de sus casas y a los Bancos que se quedan con ellas, y golpear con saña a las pobres mujeres y hombres que las defienden. Es una vergüenza comprobar que hasta la jerarquía de la Iglesia Católica, que tanto habla de defender a la familia, llame a la policía para desalojar de sus templos (como en La Almudena de Madrid) a quienes quieren llamar la atención de la sociedad hacia lo que está pasando (en clara contradicción, hay que reconocerlo, con la inmensa mayoría de sus fieles de abajo que siempre suelen apoyarlos). Es tremendo que no salga ni una sola palabra ni un gesto de ayuda del Jefe del Estado, que se dedica, por el contrario, a defender las políticas que provocan el paro y la pérdida de las viviendas, mintiendo sobre los efectos que están provocando sobre la sociedad y la situación económica solo para proteger los intereses de los grupos más poderosos. Es sencillamente insultante, que en lugar de defender a las miles de personas que sufren, el Gobierno no solo siga aplicando sin misericordia las políticas que agudizan la crisis, sino que se dedique a ir indultando semana tras semana a los pocos financieros y políticos delincuentes que habían sido condenados en los años anteriores. Y es un insulto a la inteligencia y un despropósito la Constitución que declara que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”, pero que a la vez no impide que se produzcan más de medio millar de desahucios diarios.

Cada vez que muere una persona desesperada por el paro o por la pérdida de vivienda, o a causa del peor tratamiento que reciben cuando son dependientes o están enfermas, aumenta algo más la responsabilidad de todas esas instituciones y personas. No podemos ni debemos aceptar que todo lo que está pasando en España, el daño tan grande que se le está haciendo a millones de personas, sea un simple accidente o algo inevitable. Es un daño orquestado, perfectamente evitable y que se produce solo porque se quiere beneficiar a otros grupos sociales. Por eso me parece que las personas que dirigen esas instituciones o que toman las decisiones tienen una auténtica responsabilidad criminal y no solo política que debería investigarse y depurarse cuanto antes.

Tendríamos que dejar de hablar ya de suicidios y de poner sobre la mesa la comisión de un verdadero crimen de Estado porque sus instituciones, que tienen la obligación de evitar el dolor de los ciudadanos y cuentan con medios para ello, son las que lo están provocando. La gente normal y corriente tiene derecho a defenderse e incluso el deber de levantarse contra los tiranos.

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"¡Hay alternativas a los recortes! Las fuerzas auténticamente democráticas deberían coordinarse a nivel europeo, incluyendo una huelga general a nivel de toda la Eurozona para indicar que las clases populares están diciendo basta ya de esta dictadura financiera que está llevando a todos los países al desastre." Por Vicenç Navarro

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Vicenç Navarro

Según los datos de la Comisión Europea, la actividad económica en la Eurozona está descendiendo. Durante el periodo Abril-Junio descendió, como promedio, un 0,2%, y se espera que el informe de Octubre muestre una contracción incluso mayor de tal actividad. A estos datos debe añadirse la información proveída por el Banco Central Europeo, que señala que la actividad financiera también ha disminuido en la Eurozona, sin que se espere la reactivación de tal actividad en un futuro próximo. Mírese como se mire, pues, la situación económica y financiera va mal, en realidad, muy mal. Las cifras de desempleo en la Eurozona han alcanzado niveles sin precedentes, 18 millones de parados con un incremento anual de un millón durante estos años de crisis.

Es obvio que las políticas de austeridad –que se han estado promoviendo por la troika (la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional)- no están reavivando la economía de la Eurozona. En realidad, todos los datos señalan que, al revés, la están hundiendo. Y a pesar de ello, la troika continúa insistiendo en que la solución pasa por todavía más austeridad y más recortes. En estos momentos, está exigiendo en Grecia que se recorten 11.500 millones de euros del presupuesto nacional. En España también se están exigiendo para 2013 añadir 13.000 millones de euros de recortes a los que han ocurrido durante cada año de la crisis. En Francia, con un gobierno socialista, presidido por el Sr. François Hollande, éste está planeando recortar 30.000 millones de euros de su presupuesto. Y la lista puede alargarse incluyendo más y más países de la Eurozona. Las políticas de recortes han sido el eje central de las intervenciones públicas en los países de la Eurozona.

Además de estos recortes, se están aplicando otras políticas de claro corte neoliberal, como el retraso de la edad de jubilación, la reducción de los beneficios sociales y laborales, el descenso del seguro de desempleo, la reducción de salarios, y una larga lista de intervenciones que están reduciendo el bienestar social de las clases populares, que constituyen la mayoría de la población en los países de la Eurozona.

Europa se rebela

Como era de esperar, tales clases populares de estos países se están rebelando frente a estas políticas, políticas que en su gran mayoría se están imponiendo a la ciudadanía sin que hubiera un mandato popular para ello, ya que tales medidas no estaban en el programa electoral de los partidos gobernantes. De ahí que la legitimidad de tales gobiernos y de las instituciones que gobiernan la Eurozona y la Unión Europea esté cada vez más cuestionada. La atracción de Europa, que era generalizada en los países del Sur de tal continente (la mayoría habían sufrido dictaduras fascistas o fascistoides durante muchos años), está desapareciendo muy rápidamente. Y la conveniencia del euro como moneda común también se está cuestionando. Varias encuestas han aparecido en los mayores medios de información europeos diciendo que un porcentaje cada año mayor, identifica el establecimiento del euro como responsable de su pérdida de capacidad adquisitiva.

La rebelión de las clases populares a estas políticas neoliberales impuestas por el establishment europeo está actualmente generalizada. En Portugal, acaba de realizarse una huelga general y hay manifestaciones de protesta día tras día. En Francia, este domingo hubo manifestaciones a lo largo de su territorio protestando por la propuesta del presidente Hollande de aprobar el Pacto Fiscal que obligará, en la práctica, a perpetuar las políticas de austeridad. En Grecia, las protestas laborales y sociales son también el pan de cada día, alcanzando cada vez más una orientación violenta que puede afectar la viabilidad de sus instituciones representativas. Un tanto parecido ocurre en España, donde la represión por parte del Estado, heredero, en parte, de la dictadura, es especialmente acentuado en contra de las numerosas manifestaciones que toman lugar a lo largo del territorio español. Y lo mismo está ocurriendo en Italia, donde los sindicatos están liderando una oposición cada vez más generalizada contra las imposiciones del gobierno Monti.

La respuesta del establishment que gobierna la Eurozona

Ni que decir tiene que esta agitación social está generando respuestas del establishment que gobierna la Eurozona. Una de ellas, son las medidas tomadas por el BCE de comprar bonos públicos (de corto periodo, no más de tres años) en el mercado primario, condicionado a que los países pidan un rescate del European Stability Mechanism (ESM), al cual se le ha dotado de 500.000 millones de euros para que compre deuda pública (a largo plazo, de 10 años) en el mercado secundario, sujeto todo ello a unas condiciones leoninas que implican todavía más recortes. Estas medidas de recortes y austeridad, forzando una bajada de los salarios, supondrán todavía un mayor endeudamiento, junto con una mayor austeridad, reforzándose así el ciclo vicioso entre endeudamiento, austeridad y declive de la actividad económica.

Lo que está pasando en España con el rescate bancario es un claro ejemplo de ello. Se proveen 100.000 millones de euros, que se prestan al Estado español (con lo cual el déficit y la deuda pública aumentan), con la condición de que se reduzca todavía más el gasto público, empeorando así, incluso más, la situación de la economía española.

¡Hay alternativas a los recortes!

Para cualquier persona que no esté obcecada con el dogma neoliberal es obvio que la solución a la crisis económica pasa por romper este círculo vicioso, que se inicia con un endeudamiento que quiere resolverse a base de políticas de austeridad que determinan un descenso de la actividad económica y de los ingresos al Estado, lo cual lleva a pedir prestado más dinero y a endeudarse. Este círculo vicioso es lo que está llevando la Eurozona al desastre.

Lo que tiene que hacerse es dejar de endeudarse, renegociando una deuda que ha beneficiado a la banca y a sus accionistas, pero a nadie más. No se puede avanzar con un sistema financiero que funciona para tan pocos a costa del sacrificio de tantos. La banca privada ya ha perdido su función social, que es la de proveer crédito. Si no ofrece crédito, no tiene lógica su existencia. El tamaño del sector financiero en una economía debe por lo tanto reducirse sustancialmente mediante toda una serie de medidas, que incluyen desde una carga impositiva mucho más elevada a la banca (sin afectar los ahorros del ciudadano normal y corriente), gravando principalmente a los grandes depósitos, las largas transacciones y las actividades especulativas. Otras medidas deberían incluir su nacionalización, con pleno intervencionismo del Estado para garantizar la disponibilidad de crédito razonable y accesible. No puede permitirse que la banca privada sea el aparato sanguíneo del cuerpo económico.

Por otra parte, los Estados deben dejar de depender tanto de los préstamos externos, observación que es especialmente relevante para los países llamados en la terminología anglosajona PIGS (o GIPSI si se incluye Italia). Cada uno de estos Estados (cuyos ingresos al Estado son excesivamente bajos) debe incrementar sustancialmente sus ingresos públicos. Si España tuviera la carga fiscal de Suecia, el Estado español ingresaría 200.000 millones de euros más al año. En Italia, según el Banco de Italia, la riqueza existente en el país, altamente concentrada (que podría y debería general fondos al Estado), representa 8.600.000 millones de euros, que es más de cuatro veces los 2.000.000 millones de euros de deuda pública que tiene su Estado. Si tal riqueza concentrada, como sugiere Tom Gill en su artículo “Europe is Revolting” (CounterPunch, Septiembre de 2012) se la gravara con un 2% de la riqueza poseída por el 50% más rico de los propietarios, se generarían 100.000 millones de euros más al año para las arcas del Estado.

Un tanto semejante en Portugal, donde el gobierno propuso recientemente unos recortes de 4.900 millones de euros (que tuvo que retirar debido a la oposición de la ciudadanía). Los sindicatos portugueses propusieron como alternativas un aumento del gravamen de un 0,25% en las transacciones bancarias (consiguiendo así 2.000 millones), de un 10% en las ganancias en la propiedad de los mayores accionistas del país (consiguiendo 1.700 millones de euros), un incremento del impuesto de sociedades para las empresas que facturan a partir de 1.2 millones de euros al año (1.200 millones de euros), y una disminución del fraude fiscal (1.200 millones de euros). Todas estas medidas afectarían sólo al 1% de la población: los súper ricos. Todas estas propuestas son altamente populares.

Otras propuestas también altamente populares es la reducción del gasto en las Fuerzas Armadas. Gran parte de tales fuerzas militares hacen funciones policiales y de represión interna, caso claro en España, donde se asigna a tales fuerzas armadas la garantía de “la unidad de España”, función que expresa el carácter  policial y de represión interna del país, defendiendo en la práctica un centralismo que inhibe la expresión de la riqueza de España que debería basarse en la expresión de su plurinacionalidad. Ni que decir tiene que estas propuestas alternativas, populares a nivel de calle, son inmensamente impopulares en los establishments que gobiernan a los países de la Eurozona, que están imponiendo políticas opuestas, altamente impopulares. Hoy existen unas instituciones que no han sido elegidas por la población, que gobiernan e imponen lo que favorece a sus intereses particulares, a costa de los intereses generales. Las fuerzas auténticamente democráticas deberían coordinarse a nivel europeo, incluyendo una huelga general a nivel de toda la Eurozona para indicar que las clases populares están diciendo basta ya de esta dictadura financiera que está llevando a todos los países al desastre.

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“Culpar a la víctima” es una de las características que más y mejor definen el fascismo. La pusieron en práctica en los campos de exterminio y, en una parte de los recluidos, tomó cuerpo. Por Zana

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SÍNDROME DE CULPABILIDAD

Mientras no se demuestre lo contrario, los Gobiernos salen de las urnas

Han sido los anglosajones bajo el epígrafe “victim blaming”, que literalmente quiere decir que hay que culpar a la víctima de su propia tragedia, quienes primero nos advirtieron, pero como ocurre siempre con estas cosas, no hicimos caso.

No voy a descubrir nada nuevo si digo que “culpar a la víctima” es una de las características que más y mejor definen el fascismo. La pusieron en práctica en los campos de exterminio y, en una parte de los recluidos, tomó cuerpo. Ahora, con los castigos que nos imponen, en forma de recortes en calidad de vida y libertades, para pagar su deuda a sus bancos, hacen lo mismo. Habéis vivido por encima de vuestras posibilidades, nos dicen, y una gran parte de nosotr@s, lo creemos.

 

Ha calado, y de una manera verdaderamente preocupante, la idea de que todos los males que nos acechan es por culpa nuestra, y mientras no nos desembaracemos de ese sentimiento de culpabilidad la lucha está perdida.

Y, sin embargo, sí que hay algo de cierto en esto de que somos culpables de nuestra propia tragedia. Tragedia que es como una versión del Síndrome de Estocolmo, donde nosotr@s, aceptando de buen grado el castigo, pagamos sonrientes y amablemente el rescate a los captores.

Sí, creo que somos culpables de nuestras desgracias, en tanto y cuanto somos los responsables de que gobierne quien nos gobierna. Bueno lo de gobernar es un decir, una manera de hablar, figurar, figura Rajoy, otra cosa es que quien manda son los de siempre, es decir, los banqueros.

Y aún reconociendo que el modelo de elección, la Ley Electoral, está corrompido y diseñado para que ganen los partidos que defienden al Sistema, es decir la Alternancia “Socioneoliberal” representada por los partidos conservadores y socialdemócratas, con la inestimable ayuda de los partidos periféricos (también de cultura y trayectoria Socioneoliberal), aún reconociendo esta trampa seudodemocrática, y mientras no se demuestre pucherazo electoral, gobierna quien los votantes quieren. Aquí voy a hacer un apunte un tanto curioso: gobierna quien los votantes quieren y lo hace con la complicidad un tanto extraña de quienes, declarándose antisistema, se abstienen. Y digo extraña complicidad porque conociendo, como conocen, que su abstención favorece, por la simple caída del peso de la lógica numérica, a los partidos contra los que dicen quieren luchar, aún así, se abstienen.

Somos culpables de sustentar, con nuestra apatía en muchos casos, y nuestra estupidez en otros muchos, todo lo que nos sucede. Acabamos de saber que los Presupuestos Generales del Estado para 2013 inciden, de manera un tanto draconiana, en más y enormes sacrificios y recortes. También hemos visto como el día de la “presentación en sociedad” de dichos recortes, robos habría que llamarlos, los tres ministros sin vergüenza que allí estaban sonreían ampliamente, como quien lo hace con la convicción del deber cumplido.

Culpables de permitir, con nuestra apatía y estupidez, que la política fiscal, aprobada por quienes ganan en las urnas, sea regresiva (en vez de progresiva) y que por tanto, y como viene sucediendo desde hace muchos años, beneficie a las rentas del capital y a las rentas superiores a costa de las rentas del trabajo.

 

Culpables de mirar para otro lado mientras algunos advertíamos que nos estaban imponiendo un modelo de desarrollo sustentado en el agravamiento de las desigualdades. Culpables de no entender, o de no querer entender, aquello que Martín Niemöller dijo: primero vinieron a por…, pero como yo no lo era no hice nada para evitarlo.

Culpables de no sentir ya ni nauseas cuando un exministro, Eduardo Serra para más señas, se despacha con esta frase: la prioridad de un Estado es la Defensa, por encima de Educación y Sanidad.

Sí, lo mismo tienen razón cuando nos dicen que la culpa es nuestra.

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La educación pública retrocede 30 años.

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En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que se presentó el nuevo anteproyecto de ley educativa, las únicas preguntas dirigidas por los periodistas al ministro de Educación, José Ignacio Wert, trataron sobre la recentralización que supone que el ministerio pase a decidir del 55% al 65% del contenido curricular en detrimento de las consejerías autonómicas de educación, además de una pregunta cuestionando la legalidad del traslado forzoso de docentes. Ninguno de los periodistas le planteó al ministro si había consultado a la comunidad educativa su proyecto de reforma.

“Llevamos años oyendo que no se pueden cambiar leyes educativas sin llegar a consensos y [Wert] la ha sacado absolutamente solo sin contar con padres, profesores ni nadie de la comunidad educativa”, afirma indignada Cecilia Salazar, de Ciudadanos por la Educación Pública. A José Luis Pazos, presidente de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (FAPA) Giner de los Ríos, de Madrid, le llama la atención que una reforma que se plantea “en supuesto beneficio de los alumnos y las familias, se haga sin tener en cuenta ni la opinión de los alumnos ni la de las familias”.

Contrarreforma ideológica

El ministro Wert aseguró que su reforma no era ideológica, aunque no explicó de forma convincente por qué. En la comunidad educativa hay un amplio consenso en sentido contrario. Para Enrique Díez, coordinador federal del área de educación de Izquierda Unida, “está fuera de duda que desde sus prejuicios ideológicos han establecido sus pautas aplicables a la educación, y su modelo está muy claro: es un modelo para que los ricos puedan llegar a los puestos más altos, que serán los másters y los doctorados; los grados para la clase intermedia técnica y el resto en una precariedad permanente en un mercado laboral en permanente rotación”.

Guillermo Valenzuela, profesor interino que participa en la Marea Verde de Aragón, también cree que es una reforma ideológica porque “profundiza en la supeditación de la educación al mercado laboral. El proceso educativo se diseña en función de las necesidades que tiene el mercado laboral y se concibe que los estudiantes son solamente futura mano de obra. La educación no tiene un sentido por sí mismo”. Cecilia Salazar añade que “la segregación muy temprana de alumnos lo que propiciará es que pocos alumnos lleguen a bachillerato y sean desviados hacia un mercado laboral de mano de obra muy barata”.

Tres vías de segregación

La primera segregación se producirá con los llamados “programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento”, en 2º y 3º de la ESO, en los que se agruparán alumnos con dificultades que recibirán contenidos devaluados. La segunda segregación llegará al terminar 3º de ESO. Un segmento del alumnado, el que más dificultades arrastre, será desviado a un curso puente que impedirá el reenganche al bachillerato. Estos ciclos de Formación Profesional Básica sustituirán a los actuales Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI). Cecilia Salazar explica que “los PCPI estaban pensados para alumnos de más de 16 años que iban a dejar el centro; era un intento para reenganchar de alguna forma y que pasasen a Formación Profesional de Grado Medio”. Sin embargo, “en la ley Wert se convierte en una salida, es decir, tiran directamente un alumno a la basura. Esto que antes era un ‘recoger’, ahora es una salida que no va a ningún lado, porque no hay titulación de ESO para este itinerario”. Enrique Díez va un poco más lejos y cree que “no sólo es para que salga mano de obra barata, sino para que salga cuanto antes”. En el texto del anteproyecto se puede leer que ‘se animará a estos programas a los que tengan una situación socioeconómica desfavorable’. Para Díez, “equipara la pobreza con la poca capacidad para el estudio”.

La tercera vía de segregación se hace a través de asignaturas optativas para que en 4º de la ESO los itinerarios para FP y para el bachillerato estén bien diferenciados. Para Enrique Díez, “la consecuencia es que deriva a la población escolar con más dificultades o menos recursos hacia la FP de grado medio o hacia el mercado laboral. Por tanto, convierte a la FP en una vía de segunda categoría. Cuanto antes se segrega, más se atenta contra la igualdad de oportunidades”.

Una de las razones esgrimidas por el ministro para implantar la segregación en itinerarios ha sido la mejora de los datos de fracaso escolar. El catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Cádiz, J. Félix Angulo, en un informe difundido por Soy Pública, explica que “dicha división en itinerarios pretende segregar disfrazando de esta manera el fracaso escolar”. Para el catedrático, el fracaso escolar es un problema de clase social, ya que la proporción entre hijos de trabajadores del sector servicios (profesionales y gerentes) e hijos de trabajadores sin cualificación es significativa: con respecto al acceso al bachillerato, por cada 2,7 alumnos del primer grupo llega 1 del grupo de trabajadores no cualificados, en FP la proporción es de 0,4 por cada 1; en cuanto a abandono de los estudios tras la secundaria es de 0,5 por cada 1 y el ratio de alumnos que abandonan la secundaria es de 0,12 –de la descendencia del primer grupo– por cada uno del grupo segundo.

La segregación viene acompañada de una nueva FP, con formación dual, una parte en la empresa y otra en el centro educativo, copiando el modelo alemán. No obstante, y como apunta Cecilia Salazar, “aquí no existe un tejido empresarial que pueda absorber eso y dar una formación efectiva al alumnado. En grandes empresas puede que sí, pero aquí lo que hay fundamentalmente son pymes que no pueden absorber a todas estas personas, por lo cual no tiene el menor sentido fuera de que se realiza trabajo gratis”.

El anteproyecto planteado por Wert introduce tres exámenes-reválida al término de cada etapa educativa (6º de primaria, 4º ESO y 2º Bachillerato), que serán realizados de forma externalizada, no por los profesores del centro. Para el catedrático J. Félix Angulo “no son pruebas de diagnóstico, sino que abren o cierran la posibilidad de continuar estudiando o bien marcan (como en primaria) al alumnado para el resto de su escolaridad, clasificándolo”. Guillermo Valenzuela indica que es profundizar “en la línea pedagógica que incide en la importancia del examen y de la evaluación. Todo el proceso educativo tendría como fin último poder pasar esas pruebas. Es un sistema de evaluación doblemente reduccionista. Hay muchas maneras distintas de evaluar un proceso de aprendizaje, y nosotros criticamos que la única manera de evaluar sea esa”.

Enrique Díez cree que esto muestra que la educación se concibe “no como algo que te sirva para desarrollarte, sino como un campo permanente de obstáculos, un suplicio permanente como si esto fuera un vía crucis”. Además, sostiene que el “modelo busca someter los centros educativos a las exigencias del mercado, especialmente a la competitividad, y por eso establece esas pruebas externas a nivel nacional, para ofrecer una clasificación de colegios según sus resultados, con el fin de que los ‘clientes’ puedan comparar y elegir el centro que más ventajas competitivas les aporte a sus hijos e hijas en el futuro mercado laboral”.

Cecilia Salazar cree que aquí se pueden dar las mismas consecuencias que se han dado en países que han implantado este sistema. “Lo que ha sucedido es que se ha establecido un ránking en función del cual depende la dotación económica del centro. Esto puede implicar que los centros que tienen más problemas cada vez tengan menos dinero, por lo que cada vez irán peor”. Cecilia cree que si la dotación de un centro depende de las notas de los alumnos en esta evaluación externa, “los profesores no vamos a tener más remedio que dedicarnos a enseñar exclusivamente cómo se aprueba, porque la dotación depende de ello. La reflexión crítica, la creatividad, se va a acabar porque nos vamos a dedicar a hacer pruebas tipo test para que cuando los alumnos se enfrenten al examen puedan pasarlo”.

En este nuevo escenario competitivo, Enrique Díez cree que las escuelas se van a hacer más selectivas y van a rechazar al alumnado que presenta mayores dificultades porque les puede hacer descender la posición en el ránking. “Esto tiene que ver con que se instaura el pago por resultados, propio del mundo empresarial”, apunta. La reforma acaba con la selectividad y cada universidad podrá elegir, si quiere, sus pruebas de acceso, como se hace en el mundo anglosajón.

Sin democracia escolar

Otra de las novedades que introduce el anteproyecto es el refuerzo del poder del director, nombrado por la administración y al que se le exigirá un perfil de gestor acreditado con titulaciones específicas. El informe de J. Félix Angulo alerta sobre la supuesta autonomía de los centros que esto supone: “Se convertirá, a través del control que el Gobierno pueda ejercer por las reválidas que implante, en una autonomía cautiva, que lleva a una especie de privatización encubierta de la escolaridad”. A Jesús Sánchez, presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), le parece “sangrante la pérdida de capacidad de decisión de los consejos escolares, en cada centro se le relega a un papel consultivo sin carácter vinculante, lo que nos parece una tomadura de pelo”. En los consejos escolares se sientan padres y madres, alumnos y docentes, y actualmente tienen capacidad de decisión sobre algunos aspectos del centro. Otro padre que participa en la vida activa del instituto de su hijo, José Luis Pazos, cree que “el ministerio plantea esto porque entiende que la democracia la tienen que ejercer solamente unas cuantas personas”. Los profesores también alertan sobre esta medida. Guillermo Valenzuela cree que generan un modelo de educación “muy autoritario, concentrándose la gestión del centro en el director, que pasa a tener más poder”. Guillermo cree que se va a dejar “muy poca autonomía para los profesores, que tendrán menos capacidad para decidir lo que van a impartir y cómo van a evaluar”. Además, tiene sus reservas con que los directores puedan elegir a los interinos, “en nuestro sistema no es más que inducir al enchufismo y a la corrupción”. 

Para Cecilia Salazar es una falta de democracia absoluta. “Ahora en Madrid tenemos el problema de los profesores irlandeses contratados de forma ilegal por la comunidad, pero con la Ley Wert sería legal; hasta hoy en los centros públicos se hace con un baremo, de forma trasparente... Si el director gestiona esto, se saltan muchos derechos al mismo tiempo”. Enrique Díez cree que va a suponer “la profesionalización de la dirección escolar como si fueran gerentes: lo que van es a gestionar los centros públicos con rentabilidad económica, y no con rentabilidad social”.

A este cambio de modelo hay que añadirle la degradación que los centros ya han sufrido con los recortes presupuestarios. Díez asegura que “lo que pretenden es convertir la educación en un negocio. Los datos de la Unesco dicen que se mueve en el mundo de la educación dos billones de dólares anualmente. Ahora el capitalismo ha conquistado toda la geografía, y la última frontera que les queda son los servicios públicos”. José Luis Pazos cree que la reforma pone la puntilla a las agresiones presupuestarias. “Se quiere desmantelar gran parte de los avances que la educación pública ha conseguido en las últimas tres o cuatro décadas”.

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"Sin poner sobre la mesa un NO radical a seguir aplicando políticas que nos arruinan, sin proponer una quita de nuestra deuda, repudiando la ilegítima, y sin una renegociación con Europa de la política económica y de las condiciones generales de consolidación del euro no tenemos solución. Si los españoles quisiéramos, podríamos conseguir darle la vuelta a la situación." Por Juan Torres López

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Presupuestos 2013, un engaño más

29 de septiembre de 2012

Juan Torres López

Como se recordará, el Gobierno de Rajoy retrasó la presentación de los Presupuestos de 2012 hasta después de celebradas las elecciones andaluzas para ocultar a los electores sus incumplimientos y los recortes tan duros que les imponía, en contra de lo prometido en su programa electoral.

Este año vuelve a haber citas electorales pero no puede hacer lo mismo. En lugar de ello, ha optado por presentar unos presupuestos para 2013 falseados, evitando producir un impacto muy negativo en la opinión pública (por ejemplo, sin hacer referencia a lo que hará con la obligada revalorización de las pensiones, que debería constar en estos Presupuestos) y a sabiendas de que en los próximos meses, o incluso semanas, tendrá que ir corrigiendo lo dicho ahora porque será imposible que, con los números presentados, se cumplan los objetivos que va a exigir Europa y que el propio Partido Popular dice haber asumido.

Sin perjuicio de que haya que analizar con más detalle el documento presupuestario, las claves principales del que nos acaban de presentar son las siguientes.

Escenario irreal

En primer lugar, los Presupuestos 2013 están basados en un escenario macroeconómico completamente irreal. Es materialmente imposible que, con las políticas que se están aplicando y con las previstas, así como con la evolución presente de nuestra economía se pueda conseguir que la caída del PIB sea solo del 0,5% en 2013. Como también lo es que el consumo privado disminuya tan escasamente como se prevé (-1,4%), que la inversión solo descienda un 2,1%, frente a la caída de quizá más del 10% que va a tener en 2012, que las importaciones disminuyan tan poco (-1,5%), cuando lo más seguro es que el precio del petróleo suba bastante, o que las exportaciones crezcan un 6% (frente a un 1,6% estimado para 2012) cuando sabemos que nuestra producción de automóviles, por ejemplo, está cayendo un 22%, que las pernoctaciones turísticas disminuyeron un 10% en este verano, o que la economía europea se va a resentir cada vez más por el efecto de las políticas de austeridad.

Lo que hace el gobierno es recurrir a un viejo truco: se infla la proyección de crecimiento y así las cifras presupuestadas de ingresos son mayores, pudiendo presentar entonces mejores registros de saldo presupuestario.

El tiempo dirá quién lleva razón. De momento, como se puede demostrar leyendo el libro Lo que España se necesita, quien está equivocándose y mintiendo es el gobierno y por mi parte me permito asegurar que con estos Presupuestos y con los recortes que conllevan incluso será imposible que se alcance el objetivo de déficit de 3,8% del PIB de la Administración Central y la Seguridad Social previsto para 2013. El gobierno de Rajoy está engañando una vez a los españoles.

Maniatados por la deuda

La segunda característica de los Presupuestos de 2013 a mi juicio es que ya muestra que la carga de la deuda y de los intereses es materialmente insoportable. Uno de cada cuatro euros de gasto público irá destinado a pagar intereses (38.590 millones euros, y eso en una previsión igualmente optimista), de modo que el recorte conjunto que deberán hacer los diversos ministerios (3.883 millones de euros) apenas sirve para cubrir la mitad de los que van a aumentar respecto a 2012 (9.742 millones de euros, como he dicho, en estimación optimista).

Si a los intereses se añade el principal de la deuda que España va acumulando, es fácil deducir que estos Presupuestos no resuelven nada porque dejan a nuestra economía y a la sociedad en su conjunto con las manos atadas: una deuda artificialmente alimentada y encarecida nos consume sin remedio.

Recortes profundamente antisociales

El Ministro de Hacienda miente también ante los españoles cuando afirma que “el ajuste no se está haciendo sobre el gasto social”. La afirmación es tan falsa y demagógica que avergüenza, máxime cuando son sus propios compañeros de gobierno y de partido los que difunden a los cuatro vientos que el Estado de Bienestar es una carga insoportables y que hay que reducirlo drásticamente.

Los Presupuestos de 2013 hacen recaer el ajuste en los derechos sociales y van a suponer una nueva rebaja del gasto social en España por varias razones:

- Siguen suponiendo una pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores tanto por la congelación de salarios directos (empleados públicos), como por la reducción de salarios indirectos (educación, sanidad, servicios de dependencia) o salarios diferidos (pensiones).

- Los recortes que se vienen realizando y que profundizan los Presupuestos de 2013 son también muy antisociales porque debilitan, por no decir que destrozan, las fuentes de creación del capital social (formación, investigación, transferencia del conocimiento, redes sociales, infraestructuras…) que son mucho más necesarias para la población de menos renta de cara a generar por su cuenta nuevas fuentes de ingresos y bienestar.

- El gobierno del Partido Popular sigue renunciando a realizar un ajuste fiscal progresivo, equitativo y que equilibre el sacrificio de los diferentes grupos sociales. En lugar de afrontar una lucha efectiva contra el fraude y una reforma impositiva que permita aumentar la recaudación sin deprimir el consumo y el empleo, se ha limitado a realizar cambios mínimos que más bien pueden ocultar nuevas facilidades a especuladores, poseedores de dinero negro y promotores.

- Miente también el Ministro en este aspecto si se tiene en cuenta que las transferencias a las comunidades autónomas (que principalmente se dedican luego a gasto social) disminuirán en 2013 en 1.175 millones de euros (o en más si, como en 2012 hay recortes adicionales).

Nuevas leyes para concentrar privilegios y poder en los mercados

Como en otras ocasiones, la presentación de los Presupuestos se aprovecha para anunciar una batería muy amplia de normas orientada a reforzar la libertad de las grandes corporaciones en perjuicio de los intereses generales o incluso de los principios básicos de los estados democráticos.

 

Esto último es lo que implica en mi opinión la creación de una autoridad fiscal independiente que solo se puede interpretar como el dar un paso más para vaciar de contenido a los parlamentos a la hora de hacer que se ejecuten las preferencias que los ciudadanos expresan cuando votan.

Y junto a esta propuesta, otras encaminadas, según dice el gobierno, a liberalizar los mercados, pero que en realidad solo se destinan a proteger aún más a los grupos económicos y financieros más poderosos. Su resultado será el mismo que el alcanzado en otras ocasiones cuando, defendiendo la libertad de mercado con grandes proclamas, se han eliminado normas regulatorias y protección de los consumidores: mercados más concentrados, precios más elevados, ingresos más altos para los grandes propietarios.

En definitiva, estos Presupuestos son un engaño más del gobierno de Mariano Rajoy: no se van a cumplir, pero contienen nuevos recortes y medidas depresivas que van a empeorar aún más la situación. Los empresarios pequeños y medianos, los que se dedican a crear riqueza y precisan de financiación y demanda, no van a obtener lo que precisan y estarán en peores condiciones para crear empleo o simplemente para mantener abiertos sus establecimientos; los trabajadores y los pensionistas van a ganar menos; España va a seguir perdiendo capital social e intangible… Eso sí. El Partido Popular habrá sorteado mintiendo una dificultad más procurando perder los menos votos posibles, que es lo único que parece interesarle.

La complicidad de Bruselas

Una última consideración. Podría sorprender, que a pesar de que sea evidente que parten de estimaciones inasumibles y nada realistas, Bruselas haya dado enseguida su visto bueno a estos Presupuestos, diciendo que incluso van más lejos de lo esperado. A mi juicio es normal: no les preocupa que España se recupere o no, ni siquiera que llegue a cumplir sus propias exigencias de déficits (ellos saben mejor que nadie que con más austeridad es imposible lograrlo porque los ingresos caen mucho más que los gastos: usan la exigencia como excusa no como objetivo posibilista). Lo que buscan es simplemente que los bancos españoles paguen sus deudas a los centroeuropeos y preparar el definitivo asalto a nuestra economía que se producirá en la ya inmediata oleada de privatizaciones que van a darse en España, unas preparados en bandeja directamente por el gobierno, y otras como inevitable consecuencia del deterioro de los servicios públicos mal financiados.

Hay que romper la soga

Los Presupuestos 2013 tensan aún más la soga que nos tiene atrapados y no hay más remedio que cortarla cuanto antes.

Pero el problema ya no es solo económico o financiero sino político y social.

El PSOE primero y ahora el PP han descoyuntado a España. Ahora no hay otra solución a nuestros problemas que poner sobre la mesa la imperiosa necesidad de lograr un nuevo acuerdo de salvación social y nacional (que dada la realidad de nuestro Estado debería ser en realidad,  de unidad plurinacional, federal). A estas alturas me temo que no hay más que dos alternativas: mantener una confianza suicida en que la misma Europa que nos hundió va a rescatarnos, o confiar en nosotros mismos y, por primera vez, hacer frente a lo que nos está condenando inútilmente al desastre y decir ¡Basta!, naturalmente, sin que eso signifique que no debamos mirarnos al mismo tiempo hacia dentro y afrontar también nuestras propias debilidades con transparencia.

Sin poner sobre la mesa un NO radical a seguir aplicando políticas que nos arruinan, sin proponer una quita de nuestra deuda, repudiando la ilegítima, y sin una renegociación con Europa de la política económica y de las condiciones generales de consolidación del euro no tenemos solución. Si los españoles quisiéramos, podríamos conseguir darle la vuelta a la situación.

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¿Por qué es importante que la Sanidad Pública cubra también a las personas con mayores ingresos? Por Marciano Sánchez Bayle

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Marciano Sánchez Bayle

En el RD Ley 16/2012 y en el RD 1192/2012 en los que se vincula el acceso a la atención sanitaria a la condición de asegurado se excluye explícitamente de la atención sanitaria a las personas con rentas superiores a 100.000 euros al año, dándoles la opción de suscribir convenios especiales de atención sanitaria con los que recibirían asistencia mediante el pago de unas cantidades entre 750 y 1560 euros/año según sean mayores o menores de 65 años, por cierto las mismas que se exigen a los inmigrantes irregulares.

El argumentario oficial viene a decir que la medida se basa en el hecho de que se trata de personas con elevados recursos y que no tiene sentido que el conjunto de la ciudadanía les sufrague la sanidad gratuita. Este argumento supone o mala fe o desconocimiento sobre la financiación de la Sanidad Pública que desde el Pacto de Toledo (1995) se basa en los impuestos y no en las cotizaciones a la Seguridad Social, es más a partir de los acuerdos sobre financiación autonómica de 2001 y 2009 los fondos provienen del IRPF y fundamentalmente de los impuestos sobre el consumo (IVA, hidrocarburos, impuestos especiales,…) de manera que estas personas (las que tienen rentas superiores a 100.000 euros/año) que son las que las declaran a Hacienda, ya cotizan mas en el IRPF y mediante el consumo con lo que su aportación al mantenimiento de la Sanidad es mayor que el del resto de la población (y si se pensase que aún así es insuficiente el mecanismo adecuado seria el incrementar el porcentaje de aportación de los tramos superiores de la renta y/o crear tramos nuevos como se ha hecho en Francia).

 Siendo esto así, ¿por qué este empeño de dejarlos fuera de la cobertura pública o al menos de dificultar su acceso? En primer lugar, conviene preguntarse quien obtiene beneficios de esta salida de la cobertura pública de las personas con rentas elevadas, obviamente las compañías privadas de aseguramiento y provisión sanitaria  están sumadamente interesadas en este grupo de población porque son personas que significativamente tienen menos problemas de salud y utilizan menos el sistema sanitario, por lo que el supuesto efecto de disminuir la presión sobre la Sanidad Pública es irrelevante y además se les da una coartada para que no paguen los impuestos que van destinados a la sanidad o consigan desgravaciones fiscales de los seguros privados, que es un conocido objetivo de los gobiernos conservadores (CiU lo ha reclamado  reiteradamente), favoreciendo así la desfinanciación de la Sanidad Pública. Por otro lado, los “convenios” que propone el gobierno para mantener su cobertura pública son sospechosamente similares o mas caros que los seguros privados alternativos.

Pero hay otros puntos clave que aconsejan mantener la cobertura de este grupo de población, mencionaré algunos:

1. La legitimidad del sistema sanitario público. Si se excluye al sector con más poder de la sociedad, no solo económico, ¿cómo van a defender el SNS si para ellos ya es “algo” de lo que no pueden obtener beneficios? Recordemos que por ahora  gran parte de los candidatos a ser excluidos por la vía de renta alta acuden a la pública cuando detectan problemas de salud graves, pues saben que, todavía, en el SNS hay magníficos recursos y profesionales que pueden resolverles mejor sus problemas de enfermedad. Algunos han comprobado en sus carnes cómo se comporta la privada cuando el caso es complejo.

2. El principio de equidad. ¿Porqué potenciar la privada si la pública es más equitativa? ¿Acaso el valor de la equidad, para todos ricos y pobres, no es un valor a defender? ¿Queremos una sociedad con más desigualdad o con menos? Sabemos las consecuencias de la desigualdad, más pobreza, más violencia, más injusticias, más rencor, más odio, más enfermedad,... ¿Es eso lo que queremos? La Constitución habla de los derechos de todas las personas, segmentar derechos por grupos económicos y sociales, es avanzar en la línea de eliminarlos.

3. Garantizar la eficiencia. Si tenemos uno de los SNS más eficientes del mundo (relación calidad/precio) ¿a qué viene introducir medidas como ésta que lo que van a conseguir es que deje de serlo por la vía de la inequidad? Nuestro SNS es uno de los más eficientes del mundo, se pueden consultar los informes al respecto de la OCDE, o del Observatorio Europeo de Políticas y Sistemas de Salud (OMS-Oficina Regional para Europa). Eficiente,  lo que significa es mayor calidad a un menor precio, así de forma muy sucinta. En los EEUU, el país dedicaba en 2010 un 17,6% del PIB a gastos de salud, mientras en el nuestro esta cifra se situaba en 2009 en el 7,1% (gasto público. Fuente: OCDE). Y  a pesar de ello nuestros índices de salud superan de manera muy significativa a  los de EEUU. Son mucho mejores con menos de la mitad de gasto. ¿Somos o no somos más eficientes? Lo somos sin duda.

 4. Asegurar una cobertura de calidad. También sabemos como se las gastan en las compañías privadas de seguros sanitarios, sus pólizas están cargadas de “letra pequeña” (mas aún que la de las preferentes) y de exclusiones y limitaciones de cobertura. Si tienes más de 65 años te dirán que ya veremos si nos interesa aceptarlo como asegurado, si tienes una enfermedad crónica pues ya veremos que valor le ponemos a la prima, si tienes una enfermedad grave ya veremos hasta dónde cubrimos la asistencia, que vale, que si, que te lo pueden cubrir todo, pero  eso es muy caro También sabemos que si alguna vez necesitamos y usamos los servicios asistenciales del SNS que nadie nos pregunta el tamaño de nuestra cuenta corriente, ni ha condicionado la atención de sus profesionales si eres diabético desde hace años, o si un familiar enfermo de lo mismo, o si vives en Cádiz o en Navarra,  y tampoco te han dicho que si al cabo de 6 meses no estas recuperado que no vuelvas. Quizás deberías saber que la segunda causa de ruina en las familias americanas (las de EEUU) son los gastos derivados de enfermedad, y no estamos hablando de familias sin seguro, no, estamos hablando de familias que tenían algún tipo de seguro médico. Es decir familias que pagaban sus cuotas pero en las que un mal día alguien se pone más enfermo de lo que dice la póliza y entonces comienzan los problemas de tipo financiero. Que si tengo que pedir un préstamo, que si me lo van a dar o no, que si lo podré pagar. Y así cada vez mas hasta ser la segunda causa repito, hasta la insolvencia, ruina, quiebra o apretura del cinturón al máximo (adiós a la universidad de mis hijos, al nuevo coche, etc.). La angustia a la que esta sometida la clase media americana esta bien descrita en películas como “John Q” (2001) de Nick Cassavetes, protagonizada por el actor Denzel Washington. Ejemplos como el reflejado en la película abundan a millones en los EEUU. ¿Le gustaría  a alguien encontrarse en parecidas circunstancias? Estoy seguro que no. Y eso que los chicos del Gobierno  del PP admiran, la libertad de elección que existe en EEUU, un gran país en muchos otros aspectos, es solo libertad directamente proporcional al tamaño de nuestra economía. De las rentas bajas no hablamos pues simplemente están excluidos de la atención sanitaria.

Otra consideración. Deberíamos conocer que cuando el beneficio es el motor casi exclusivo de un servicio no son sino las consideraciones ligadas al mismo las que se imponen. Es la cuenta de resultados la que marca la agenda y eso implica una gestión de personal, entre otras, que significa peores remuneraciones, menos personal cualificado fundamentalmente del lado de la enfermería, y lo más grave la selección de patologías que son rentables y el descarte de las que no lo son, habitualmente derivadas de una u otra forma al sector público, si es que existe.

La retirada de las rentas elevadas del sistema sanitario público tiene pues efectos muy negativos sobre el funcionamiento del SNS y responde a una estrategia bastante clara de potenciar los seguros privados y  “descremar” la cobertura de la Sanidad Pública. Es evidente que desde el gobierno del PP se pretende segmentar el actual sistema sanitario creando un nuevo modelo donde las personas de mayores rentas serian atendidas por los seguros privados (muy probablemente subvencionados mediante desgravaciones fiscales), los trabajadores por cuenta ajena tendrían un sistema de seguro público mas deteriorado y de menor calidad que el actual y la asistencia del resto de la población volvería a depender de un modelo de beneficencia de muy baja calidad,  y conviene recordar la frase de Olof Palme de que “un servicio para pobres será siempre un pobre servicio”, porque eso es lo que pretende la actual contrarreforma sanitaria, el deterioro del sistema público para favorecer los negocios privados a costa de la salud de todos.

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