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domingo, 23 de septiembre de 2012

¿Por qué es importante que la Sanidad Pública cubra también a las personas con mayores ingresos? Por Marciano Sánchez Bayle

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Marciano Sánchez Bayle
En el RD Ley 16/2012 y en el RD 1192/2012 en los que se vincula el acceso a la atención sanitaria a la condición de asegurado se excluye explícitamente de la atención sanitaria a las personas con rentas superiores a 100.000 euros al año, dándoles la opción de suscribir convenios especiales de atención sanitaria con los que recibirían asistencia mediante el pago de unas cantidades entre 750 y 1560 euros/año según sean mayores o menores de 65 años, por cierto las mismas que se exigen a los inmigrantes irregulares.

El argumentario oficial viene a decir que la medida se basa en el hecho de que se trata de personas con elevados recursos y que no tiene sentido que el conjunto de la ciudadanía les sufrague la sanidad gratuita. Este argumento supone o mala fe o desconocimiento sobre la financiación de la Sanidad Pública que desde el Pacto de Toledo (1995) se basa en los impuestos y no en las cotizaciones a la Seguridad Social, es más a partir de los acuerdos sobre financiación autonómica de 2001 y 2009 los fondos provienen del IRPF y fundamentalmente de los impuestos sobre el consumo (IVA, hidrocarburos, impuestos especiales,…) de manera que estas personas (las que tienen rentas superiores a 100.000 euros/año) que son las que las declaran a Hacienda, ya cotizan mas en el IRPF y mediante el consumo con lo que su aportación al mantenimiento de la Sanidad es mayor que el del resto de la población (y si se pensase que aún así es insuficiente el mecanismo adecuado seria el incrementar el porcentaje de aportación de los tramos superiores de la renta y/o crear tramos nuevos como se ha hecho en Francia).

 Siendo esto así, ¿por qué este empeño de dejarlos fuera de la cobertura pública o al menos de dificultar su acceso? En primer lugar, conviene preguntarse quien obtiene beneficios de esta salida de la cobertura pública de las personas con rentas elevadas, obviamente las compañías privadas de aseguramiento y provisión sanitaria  están sumadamente interesadas en este grupo de población porque son personas que significativamente tienen menos problemas de salud y utilizan menos el sistema sanitario, por lo que el supuesto efecto de disminuir la presión sobre la Sanidad Pública es irrelevante y además se les da una coartada para que no paguen los impuestos que van destinados a la sanidad o consigan desgravaciones fiscales de los seguros privados, que es un conocido objetivo de los gobiernos conservadores (CiU lo ha reclamado  reiteradamente), favoreciendo así la desfinanciación de la Sanidad Pública. Por otro lado, los “convenios” que propone el gobierno para mantener su cobertura pública son sospechosamente similares o mas caros que los seguros privados alternativos.

Pero hay otros puntos clave que aconsejan mantener la cobertura de este grupo de población, mencionaré algunos:

1. La legitimidad del sistema sanitario público. Si se excluye al sector con más poder de la sociedad, no solo económico, ¿cómo van a defender el SNS si para ellos ya es “algo” de lo que no pueden obtener beneficios? Recordemos que por ahora  gran parte de los candidatos a ser excluidos por la vía de renta alta acuden a la pública cuando detectan problemas de salud graves, pues saben que, todavía, en el SNS hay magníficos recursos y profesionales que pueden resolverles mejor sus problemas de enfermedad. Algunos han comprobado en sus carnes cómo se comporta la privada cuando el caso es complejo.

2. El principio de equidad. ¿Porqué potenciar la privada si la pública es más equitativa? ¿Acaso el valor de la equidad, para todos ricos y pobres, no es un valor a defender? ¿Queremos una sociedad con más desigualdad o con menos? Sabemos las consecuencias de la desigualdad, más pobreza, más violencia, más injusticias, más rencor, más odio, más enfermedad,... ¿Es eso lo que queremos? La Constitución habla de los derechos de todas las personas, segmentar derechos por grupos económicos y sociales, es avanzar en la línea de eliminarlos.

3. Garantizar la eficiencia. Si tenemos uno de los SNS más eficientes del mundo (relación calidad/precio) ¿a qué viene introducir medidas como ésta que lo que van a conseguir es que deje de serlo por la vía de la inequidad? Nuestro SNS es uno de los más eficientes del mundo, se pueden consultar los informes al respecto de la OCDE, o del Observatorio Europeo de Políticas y Sistemas de Salud (OMS-Oficina Regional para Europa). Eficiente,  lo que significa es mayor calidad a un menor precio, así de forma muy sucinta. En los EEUU, el país dedicaba en 2010 un 17,6% del PIB a gastos de salud, mientras en el nuestro esta cifra se situaba en 2009 en el 7,1% (gasto público. Fuente: OCDE). Y  a pesar de ello nuestros índices de salud superan de manera muy significativa a  los de EEUU. Son mucho mejores con menos de la mitad de gasto. ¿Somos o no somos más eficientes? Lo somos sin duda.

 4. Asegurar una cobertura de calidad. También sabemos como se las gastan en las compañías privadas de seguros sanitarios, sus pólizas están cargadas de “letra pequeña” (mas aún que la de las preferentes) y de exclusiones y limitaciones de cobertura. Si tienes más de 65 años te dirán que ya veremos si nos interesa aceptarlo como asegurado, si tienes una enfermedad crónica pues ya veremos que valor le ponemos a la prima, si tienes una enfermedad grave ya veremos hasta dónde cubrimos la asistencia, que vale, que si, que te lo pueden cubrir todo, pero  eso es muy caro También sabemos que si alguna vez necesitamos y usamos los servicios asistenciales del SNS que nadie nos pregunta el tamaño de nuestra cuenta corriente, ni ha condicionado la atención de sus profesionales si eres diabético desde hace años, o si un familiar enfermo de lo mismo, o si vives en Cádiz o en Navarra,  y tampoco te han dicho que si al cabo de 6 meses no estas recuperado que no vuelvas. Quizás deberías saber que la segunda causa de ruina en las familias americanas (las de EEUU) son los gastos derivados de enfermedad, y no estamos hablando de familias sin seguro, no, estamos hablando de familias que tenían algún tipo de seguro médico. Es decir familias que pagaban sus cuotas pero en las que un mal día alguien se pone más enfermo de lo que dice la póliza y entonces comienzan los problemas de tipo financiero. Que si tengo que pedir un préstamo, que si me lo van a dar o no, que si lo podré pagar. Y así cada vez mas hasta ser la segunda causa repito, hasta la insolvencia, ruina, quiebra o apretura del cinturón al máximo (adiós a la universidad de mis hijos, al nuevo coche, etc.). La angustia a la que esta sometida la clase media americana esta bien descrita en películas como “John Q” (2001) de Nick Cassavetes, protagonizada por el actor Denzel Washington. Ejemplos como el reflejado en la película abundan a millones en los EEUU. ¿Le gustaría  a alguien encontrarse en parecidas circunstancias? Estoy seguro que no. Y eso que los chicos del Gobierno  del PP admiran, la libertad de elección que existe en EEUU, un gran país en muchos otros aspectos, es solo libertad directamente proporcional al tamaño de nuestra economía. De las rentas bajas no hablamos pues simplemente están excluidos de la atención sanitaria.

Otra consideración. Deberíamos conocer que cuando el beneficio es el motor casi exclusivo de un servicio no son sino las consideraciones ligadas al mismo las que se imponen. Es la cuenta de resultados la que marca la agenda y eso implica una gestión de personal, entre otras, que significa peores remuneraciones, menos personal cualificado fundamentalmente del lado de la enfermería, y lo más grave la selección de patologías que son rentables y el descarte de las que no lo son, habitualmente derivadas de una u otra forma al sector público, si es que existe.

La retirada de las rentas elevadas del sistema sanitario público tiene pues efectos muy negativos sobre el funcionamiento del SNS y responde a una estrategia bastante clara de potenciar los seguros privados y  “descremar” la cobertura de la Sanidad Pública. Es evidente que desde el gobierno del PP se pretende segmentar el actual sistema sanitario creando un nuevo modelo donde las personas de mayores rentas serian atendidas por los seguros privados (muy probablemente subvencionados mediante desgravaciones fiscales), los trabajadores por cuenta ajena tendrían un sistema de seguro público mas deteriorado y de menor calidad que el actual y la asistencia del resto de la población volvería a depender de un modelo de beneficencia de muy baja calidad,  y conviene recordar la frase de Olof Palme de que “un servicio para pobres será siempre un pobre servicio”, porque eso es lo que pretende la actual contrarreforma sanitaria, el deterioro del sistema público para favorecer los negocios privados a costa de la salud de todos.
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miércoles, 12 de septiembre de 2012

El pionero del tratamiento del VIH carga contra la política sanitaria de Rajoy. Se calcula que en España hay 460.000 inmigrantes en situación irregular, de los que entre 2.700 y 4.600 estarían infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana.

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Julio Montaner
Ningún miembro del Gobierno de Mariano Rajoy le ha pedido consejo, pero una de las mayores figuras mundiales en la lucha contra la epidemia de VIH, el argentino Julio Montaner, irrumpe ahora en la política española para desmontar con argumentos científicos el nuevo marco legal que deja sin asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación irregular en España.

Para Montaner, "por razones políticas, probablemente populistas y sin base racional alguna", el Gobierno español firma la sentencia de muerte de facto para muchos inmigrantes y facilita la transmisión del virus en toda la población, "ya que a la hora de transmitirse, el virus, a diferencia del Gobierno, no discrimina por factores étnicos".

Se calcula que en España hay 460.000 inmigrantes en situación irregular, de los que entre 2.700 y 4.600 estarían infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana. El Real Decreto-ley 12/2012, anunciado como una medida de ahorro y en vigor desde el 1 de septiembre, deja a estas personas sin acceso a los medicamentos contra el virus, la llamada terapia antirretroviral.

Montaner arremete contra las "consecuencias nefastas" de la nueva ley en el editorial de la revistade la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. "En última instancia, estas medidas no solo serán devastadoras para los inmigrantes infectados por el VIH, y para el control de la epidemia, sino que también tendrán el efecto económico opuesto", advierte.

Evitar "estupideces"
Montaner es director del Centro para la Excelencia en VIH/Sida de Columbia Británica, una provincia canadiense de más de cuatro millones de habitantes. El investigador, en conversación telefónica desde Vancouver, opina que su experiencia en la provincia debería servir para evitar "estupideces" en España.

El Gobierno de Columbia Británica, de centro derecha, financia completamente la terapia antirretroviral para las personas que viven con el VIH. A los pocos años de iniciar este programa, el equipo de Montaner detectó una sorprendente caída de las nuevas infecciones por VIH. La terapia antirretroviral disminuía la presencia del virus en el semen y en el flujo vaginal hasta valores indetectables en la gran mayoría de los tratados. Y sin virus no hay contagio. Un estudio internacional confirmó en 2011 que la terapia antirretroviral disminuye la transmisión sexual del VIH en un 96%.

El investigador argentino aporta más datos demoledores. Desde 1996, la mortalidad en los infectados en Columbia Británica ha caído un 85%. Al mismo tiempo, los médicos han detectado una reducción de más del 60% en el número de nuevos casos diagnosticados por año. Al contrario que el Gobierno de Rajoy, lo que han hecho las autoridades canadienses es aumentar la inversión en el tratamiento, al constatar que genera un ahorro económico al reducir las infecciones y los ingresos hospitalarios. El 18 de julio de este año, la Organización Mundial de la Salud adoptó este concepto del "tratamiento como prevención".

Para Montaner, "resulta desconcertante entonces que en 2012, cuando las agencias internacionales firmemente aprueban el tratamiento como prevención como el arma más prometedora en la lucha contra el VIH/sida", el Gobierno español camine "contra corriente y, en última instancia, contra el interés de su propio pueblo".

Más muertes y enfermedades para todos
"Si tienes una epidemia en un rebaño de vacas, ¿tratas sólo a las blancas? Entonces es que no tienes ni idea", resume indignado por teléfono.

El análisis de Montaner coincide con el de los españoles del Comité de expertos del Grupo para el Estudio del Sida (GESIDA), que hace unos días criticaron en la misma revista los efectos futuros del Real Decreto: aumentar la mortalidad, favorecer la aparición de enfermedades oportunistas, incrementar los ingresos hospitalarios, facilitar las infecciones en la población y favorecer la transmisión del VIH entre las mujeres embarazadas y el feto.

"Por tanto, la aplicación del Real Decreto supondrá un ahorro económico muy inferior al esperado a corto plazo e impactará negativamente en la salud pública de nuestro país, y muy especialmente en la de los pacientes infectados por el VIH que queden desatendidos, aumentando los gastos sanitarios a medio-largo plazo y alejándonos de los objetivos de salud internacionalmente asumidos", denunciaban los médicos José Antonio Pérez y Federico Pulido.
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sábado, 8 de septiembre de 2012

Hagan el favor de irse muriendo, que hay que ahorrar: las mujeres pobres, primero. Per Àngels Martínez i Castells

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Cada día nos desayunamos o almorzamos con un nuevo recorte en la sanidad.  Y cada vez son más agresivos. Y más letales. El proceso que siguen en el PP para hacer que nos traguemos más suavemente la píldora empieza por lanzar un globo sonda, como el de hace un par de días sobre el REpago de las mamografías. Luego se echa humo con prestaciones de otro tipo, a poder ser que tengan algo que ver con la estética para que el conjunto pierda el carácter de recorte severo: por ejemplo, la eliminación de los pliegues después del tratamiento quirúrgico a las personas muy obesas que han perdido peso en poco tiempo…  O insinuaciones más insidiosas sobre que no se destinen fondos públicos a financiar los problemas de fertilidad  (poniendo casi siempre la raíz del problema en la mujer, cuando cada vez es menos el caso).  Lo importante es hacer una buena mezcla, levantar mucho polvo, para disimular lo fundamental: que las mujeres son de nuevo las víctimas propiciatorias de los hachazos sobre la sanidad. Ahora, amenazadas con perder el derecho a mamografías a no ser que REpaguen. ¡En cuantas casas con dificultades económicas incluso para poder comer, se podrá destinar dinero para una prevención tan necesaria que puede salvarlas de un cáncer de mama!
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Soraya Sáenz de Santamaría pidió ayer que no se especulara sobre este tema “tan sensible para las mujeres”, aunque admitió que se está revisando la cartera de servicios sanitarios y  que “una comisión de expertos” (¡ay, dios!) y las Comunidades Autónomas “trabajan” en el tema…. Con lo que vienen recomendando hasta la fecha los “expertos” de la FAES y las JONS,  y la mayoría de consejeros de Salud de las Comunidades (en lugar destacado,el de  Catalunya) ya nos podemos ir preparando.
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El hecho demostrado con las medidas que han tomado desde su entrada en el gobierno, es que al  PP parece importarle muy  poco la gente con pocos ingresos. Y  están legislando y gobernando contra las mujeres (sólo hay que oír las declaraciones de Gallardón sobre las “verdaderas” mujeres, la “violencia”  y el derecho al aborto). El gobierno del PP tiene que disimular, además,  que considera la prevención de las enfermedades para las personas que no puedan pagarse el derecho a la sanidad, poco más que un gasto inútil (precisamente porque ahorra muchos gastos posteriores a la sanidad).  Pero lo más importante, y que no se tiene en cuenta, es que la prevención, ahorra muchos sufrimientos y salva vidas.
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Si todo sigue por este camino -con el sesgo de clase y género de los hachazos sobre la sanidad- es de temer que para dentro de poco empiecen también  los rumores sore REpago en la prueba del Papanicolau, el test que permite la detección del cáncer de cérvix o cuello uterino, y que deberían hacerse de forma rutinaria todas las mujeres, aunque se las haya  vacunado – con grandes costos y dudosos resultados sobre su eficacia-  contra el VPH (virus del Papiloma Humano).
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Son tantas las mujeres a las que ha podido detectarse a tiempo un tumor maligno con estas medidas básicas de prevención que tenemos todos los motivos del mundo para llenar plazas y avenidas en contra de estos recortes (que además de injustos, son discriminatorios). Sería necesaria una protesta alzada y contundente de toda la sociedad, con las mujeres en vanguardia: sufren y compensan las tensiones sociales de los recortes a costa de su tiempo y su salud,  y somos también  las primeras afectadas en los recortes a la dependencia (que exigirá más trabajo y más entrega en los cuidados), y a la ayuda por hijo (poniendo mayores dificultades a la vida laboral de muchas mujeres…)
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Este Gobierno del PP prefiere la industria de la muerte a la salud y la vida. Por eso, mientras anuncian el REpago en rehabilitación (en estos momentos, donde yo vivo, si te llegan a “apuntar” en la lista de espera, te advierten que el plazo es de dos años)  conceden un crédito extraordinario de 1.782 millones de euros al Ministerio de Defensa para pagar las deudas con las empresas de armamento. De algo tendrá que servir que el ministro de Defensa, Pedro Morenés, fuera hasta tiempos muy recientes un alto ejecutivo de empresas de fabricación de armamento. Y no es para nada inocente que Artur Mas, que pasa de Adelson a Bañuelos (del fuego a las brasas)  en sus propuestas de un futuro nada saludable para Catalunya, escogiera a Boi Ruiz  como “conseller de salut” . Boi Ruiz procedía de la presidencia de la Unió Catalana d’Hospitals (La Unió),  la patronal sanitaria más antigua e importante de Catalunya, formada por unas 100 entidades deseosas de hacer negocio a costa de la sanidad pública.

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domingo, 19 de agosto de 2012

Criminalizar a los pobres por ser pobres y por supuestamente amenazar el modo de vida de aquellos que son sólo un poco menos pobres que ellos es una vieja estratagema del poder para enfrentar a unos pobres con otros, para encontrar un chivo expiatorio a las miserias de muchos, para bloquear la solidaridad básica que la mayoría de las personas sentiría por otras personas en situaciones desesperadas o producto de la injusticia, para que el miedo y la ignorancia sustituyan a los requerimientos de justicia, en definitiva. Por Beatriz Gimeno

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Beatriz Gimeno
En cualquier situación en la que los poderosos intentan imponer una medida que perjudica a los más pobres y que iría contra el más elemental sentido de la justicia e incluso de la lógica, vemos como utilizan todos los medios ideológicos, es decir mediáticos, a su alcance para conseguir que la culpa recaiga sobre los que sufren las consecuencias de la misma. El capitalismo, que crea pobres y que extiende la miseria entre la mayoría, tiene un formidable aparato ideológico para que la gente termine pensando que los que no tienen nada es porque se lo merecen. Lo contrario sería dejar que la gente se diera cuenta de que unos son muy pobres porque otros son muy ricos y de que la riqueza puede repartirse siguiendo criterios de solidaridad y de justicia.

El Partido Popular es un burdo ejemplo del funcionamiento de este mecanismo. No hay medida injusta, insolidaria e inhumana que el PP tome que no vaya acompañada de su batería de razones para culpabilizar o, al menos para extender la sospecha, sobre los que tienen menos y que son además los más perjudicados por dichas medidas. Las razones de la crisis han quedado reducidas, y mucha gente se lo ha creído, a que “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”; nada de las maniobras del capitalismo financiero para expoliar a sociedades enteras. Todo queda reducido a que las familias trabajadoras (animados y engañados por los bancos) se compraron un piso que no podían pagar. Nadie se pregunta por qué comprarse un piso para vivir dignamente es algo que queda fuera de las posibilidades económicas de la mayoría de las familias, y si eso es normal.

Después de eso, una vez que parece haberse extendido que los culpables de la crisis son los que la sufren en mayor medida o, por lo menos, que todos tenemos la misma culpa, no hay medida que no lleve aparejado su correspondiente culpable y, por supuesto, injusto culpable. Así, la reforma laboral que ha conseguido que haya muchos más parados, que se rebajen los sueldos, que se endurezcan las condiciones de trabajo etc. se aprobó acompañada de una campaña en la que los parados eran prácticamente unos vagos y unos delincuentes que se merecen lo que les pasa. Se ha conseguido extender la idea de que los parados son personas muy dadas al fraude. Los verdaderos defraudadores, en cambio, gozan de una amplia amnistía que les anima a seguir defraudando en el futuro.

Después se expulsa del sistema sanitario a los inmigrantes irregulares que no suponen apenas gasto sanitario pero sí ingresos –según demuestran todos los estudios. Se les deja fuera con la excusa de que así el sistema será más sostenible. Es decir, se deja sin sanidad a personas ¿se supone que para que el derecho a la sanidad siga siendo un derecho de las personas? Y a las CC AA que se rebelan y que deciden seguir defendiendo ese derecho básico el PP las acusa de insolidarias. Ahora un tal Floriano, un tipo con pinta de señorito de toda la vida, dice que entre los receptores de los 420 € hay muchos que viven con sus padres. Así que a las pensiones de miseria que cobran muchos ancianos y, sobre todo, ancianas, ahora hay gente que tiene la desfachatez de sumar los 420 euros con la intención de ver si entre todos consiguen para ir viviendo. Es posible que una de las medidas que han anunciado que van a tomar para poder seguir recibiendo esa ayuda sea vivir entre cartones, o quizá no. Quizá vivir en un cartón sea considerado “falta de domicilio fijo” y motivo para que te retiren la ayuda.

De este mismo tipo son las medidas anti pobres que cada vez con más frecuencia imponen algunos ayuntamientos. Y también de este tipo son las mediadas antiprostitución aprobadas por el Ayuntamiento de Barcelona que no sólo impone multas a las mujeres que se dedican a la prostitución para ganar un dinero que necesitan, sino que encima las mandan a un curso de “reinserción”. ¿Reinserción de qué? Porque es obvio que para conseguir un trabajo digno no servirá el curso, ya que si dichos trabajos existieran posiblemente muchas de esas mujeres no estarían dedicándose a la prostitución en la calle. Así que no es más que otra muestra de la milenaria costumbre de culpar de la prostitución a las propias mujeres y de considerarlas peligrosas sociales. Seguramente que si dieran de los clientes un curso de reinserción antipatriarcal, la cosa mejoraría. Pero no, eso no se les pasa por la cabeza. Pretender acabar con la prostitución sin variar ni un ápice las condiciones de desigualdad de género y de desigualdad económica es sólo una muestra más de ese culpar a los pobres de su pobreza.

En la Edad Media los pobres eran delincuentes, extendían las plagas y traían mala suerte. Cada vez que ocurría cualquier desgracia se perseguía a los pobres que eran odiados por serlo. Los pobres eran temidos por aquellos que se encontraban un poco por encima del nivel básico de subsistencia, y eran odiados por los ricos a los que los pobres no les gustan nada porque nunca se sabe por donde van a salir. Estamos cada vez más cerca de esa situación. De hecho, cada vez que el PP toma una nueva medida económica debajo de la redacción de la misma hay una letra pequeña, muy pequeña, que dice:¡que se jodan!”.

Y no olvides que el 15 de septiembre la Cumbre Social contra los Recortes, formada por más de 150 entidades de la sociedad civil ha convocado una Marcha a Madrid. Tenemos que llenar Madrid con la protesta, tenemos que conseguir un cambio de políticas y podemos hacerlo. Pon este día en tu agenda.

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