¿SUICIDIOS O CRIMEN DE ESTADO? Tendríamos que dejar de hablar ya de suicidios y de poner sobre la mesa la comisión de un verdadero crimen de Estado porque sus instituciones, que tienen la obligación de evitar el dolor de los ciudadanos y cuentan con medios para ello, son las que lo están provocando, por Juan Torres López

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Todos los datos permiten asegurar que una gran parte del incremento en el número de suicidios que se viene dando en España está relacionado con la forma en que se está gestionando la crisis. Ya he comentado en artículos anteriores y más extensamente con Vicenç Navarro en el libro ‘Los amos del mundo. Las armas del terrorismo financiero (Espasa, 2012)’, que en todos los países en los que se han aplicado políticas de ajuste neoliberal se ha podido detectar ese fenómeno, así que no es de extrañar que ahora se esté produciendo en España. Actualmente, parece que en nuestro país se producen entre nueve y diez suicidios cada día y que un tercio de ellos, según se puso de manifiesto en un reciente congreso de Psiquiatría, son los que tienen que ver con problemas económicos de diverso tipo originados por la crisis.

Y no hacen falta muchos estudios científicos para comprobar igualmente que una gran parte de esos suicidios se relacionan con los desahucios, que en estos momentos dejan sin vivienda a más de quinientas familias cada día en España. Ya son bastantes los casos en los que se han producido justo antes de que las autoridades y la policía procediesen a desalojar a las familias de sus viviendas en diferentes lugares de España.

Se trata de un verdadero drama que tiene una responsabilidad muy directa: las autoridades e instituciones del Estado que hasta el momento no han hecho nada efectivo para evitarlo. Todo lo contrario, lo han provocado con las políticas que vienen aplicando e incluso lo facilitan, como esos jueces que llegan a decretar que los desahucios se lleven a cabo sin previo aviso para evitar que la población acuda en ayuda solidaria de los afectados.

El Gobierno actual y el anterior han dedicado sumas millonarias a salvar y proteger a los banqueros y a los grandes propietarios, pero no han tomado ni una sola medida efectiva para acabar de una vez por todas con la desprotección de las familias de menos ingresos que pierden sus viviendas.

Cambiar las leyes para establecer medidas como la dación de pago, la creación de tribunales que gestionen la reestructuración de la deuda familiar, la disminución temporal de las cuotas para las personas sin ingresos o en paro, quitas familiares, u otras parecidas que podrían evitar los desahucios no comportan grandes dificultades legales ni supondrían demasiado coste económico (al revés, permitirían aumentar la demanda efectiva y así mejorar la situación económica). Por eso es injustificable que se sigan llevando a cabo desahucios que provocan docenas de suicidios y un sufrimiento personal y social tan extraordinario.

Que los dos grandes partidos se pusieran de acuerdo en unos pocos días para modificar la Constitución, y así contentar a los poderes financieros, y no lo hagan para adoptar medidas de rango muy inferior dirigidas a proteger a las miles de familias que se quedan en la calle solo refleja que se trata de dos organizaciones políticas que han perdido el norte para convertirse en simples piezas de un dominio oligárquico que ya es insoportable, y que requiere una respuesta social a la altura de su traición a los principios elementales de la ética, la justicia y el buen gobierno.

Es incomprensible, y empieza a producir una rabia inmensa, contemplar día a día a los parlamentarios ocupados en todo tipo de asuntos pero incapaces de acabar con el drama. Es desolador comprobar que los jueces no hayan reaccionado ya cuando llevan tanto tiempo como ejecutores de un derecho que es la antítesis de la justicia. Es patético e indignante ver a la policía defender día a día a las autoridades que echan a las gentes de sus casas y a los Bancos que se quedan con ellas, y golpear con saña a las pobres mujeres y hombres que las defienden. Es una vergüenza comprobar que hasta la jerarquía de la Iglesia Católica, que tanto habla de defender a la familia, llame a la policía para desalojar de sus templos (como en La Almudena de Madrid) a quienes quieren llamar la atención de la sociedad hacia lo que está pasando (en clara contradicción, hay que reconocerlo, con la inmensa mayoría de sus fieles de abajo que siempre suelen apoyarlos). Es tremendo que no salga ni una sola palabra ni un gesto de ayuda del Jefe del Estado, que se dedica, por el contrario, a defender las políticas que provocan el paro y la pérdida de las viviendas, mintiendo sobre los efectos que están provocando sobre la sociedad y la situación económica solo para proteger los intereses de los grupos más poderosos. Es sencillamente insultante, que en lugar de defender a las miles de personas que sufren, el Gobierno no solo siga aplicando sin misericordia las políticas que agudizan la crisis, sino que se dedique a ir indultando semana tras semana a los pocos financieros y políticos delincuentes que habían sido condenados en los años anteriores. Y es un insulto a la inteligencia y un despropósito la Constitución que declara que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”, pero que a la vez no impide que se produzcan más de medio millar de desahucios diarios.

Cada vez que muere una persona desesperada por el paro o por la pérdida de vivienda, o a causa del peor tratamiento que reciben cuando son dependientes o están enfermas, aumenta algo más la responsabilidad de todas esas instituciones y personas. No podemos ni debemos aceptar que todo lo que está pasando en España, el daño tan grande que se le está haciendo a millones de personas, sea un simple accidente o algo inevitable. Es un daño orquestado, perfectamente evitable y que se produce solo porque se quiere beneficiar a otros grupos sociales. Por eso me parece que las personas que dirigen esas instituciones o que toman las decisiones tienen una auténtica responsabilidad criminal y no solo política que debería investigarse y depurarse cuanto antes.

Tendríamos que dejar de hablar ya de suicidios y de poner sobre la mesa la comisión de un verdadero crimen de Estado porque sus instituciones, que tienen la obligación de evitar el dolor de los ciudadanos y cuentan con medios para ello, son las que lo están provocando. La gente normal y corriente tiene derecho a defenderse e incluso el deber de levantarse contra los tiranos.

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"Que la información económica se limite a los mercados y a la política económica de los gobiernos está tan normalizado como el monopolio del fútbol en la información deportiva. Los periódicos diluyen en el masculino genérico de “los parados” y “los jóvenes” a toda la población." Por June Fernández

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June Fernández

En la sección de Economía de un periódico generalista cualquiera, el Eurogrupo habla del rescate a España y el ministro Guindos defiende la viabilidad de las cuentas públicas. Mucha gente nos saltamos esas páginas porque sentimos que no entendemos de economía y que eso de la “confianza de los inversores” es una marcianada que nos pilla muy lejos, aunque sepamos que está directamente ligada a nuestras condiciones de vida. La ciudadanía se cita de forma tangencial, y a menudo sin darle voz: si acaso se cuenta que el Plan E se olvidó de los parados o que los jóvenes protestaron en una conferencia del ministro.

Que la información económica se limite a los mercados y la política económica de los gobiernos está tan normalizado como el monopolio del fútbol en la información deportiva. Los periódicos diluyen en el masculino genérico de “los parados” y “los jóvenes” a toda la población. Ese enfoque androcéntrico no sólo tiende a excluir a las mujeres en general, sino a obviar las situaciones de discriminación que afectan a tantas personas (más aún si son mujeres) que no suelen tener voz en los medios: discapacitadas, pensionistas, migrantes, trans, cuidadoras...

No es sólo que los medios hegemónicos sigan invisibilizando a las mujeres (representan sólo el 23% de las personas citadas en las informaciones y el 9% de fuentes expertas, según el Monitoreo Global de Medios de 2010), sino que lo asignado a las mujeres no se contempla al hablar de economía. El caso más claro es el llamado trabajo reproductivo, realizado mayoritariamente por mujeres, ya sea sin sueldo ni reconocimiento social, o en precario, sin derechos laborales y expuestas a acoso sexual, en el caso de las empleadas domésticas y las cuidadoras.

La economía feminista nos explica que los gobiernos –que se ahorran una ingente cantidad de dinero gracias a que las mujeres sostienen la cadena global de cuidados de forma no remunerada, o precaria y desregularizada– aprovechan la excusa de la crisis y el desmantelamiento del Estado de bienestar para renunciar a las escasas medidas de apoyo a las situaciones de dependencia que habían generado. Se da por hecho que las mujeres vuelvan a asumir toda la responsabilidad sobre los cuidados. Pero además, en el imaginario social, lejos de reconocer ese papel, se sigue pensando que la economía depende de las cotizaciones de esos trabajadores nombrados siempre en masculino.

Y no se atribuye esa involución al machismo, sino que se ve natural que sea la que gana menos, la que tiene un trabajo menos estable, la que deje su empleo o reduzca jornada para volcarse en la familia, como si fuera casual que las mujeres se encuentren peor posicionadas en el mercado laboral.

Carencias en los medios críticos

Este proceso rara vez se analiza en la prensa hegemónica: nunca en las páginas de Economía y de forma aislada y parcial en las páginas de Sociedad de los medios supuestamente progresistas. No se explica que cotizar menos va a abocar de nuevo a las mujeres a la dependencia (e incluso violencia) económica y a la pobreza, algo que se agrava con la reforma de las pensiones. Tampoco se habla de la situación en la que quedan las empleadas domésticas –la mayoría sin contrato, la mayoría inmigrantes sin papeles o que volverán a la irregularidad, y se verán además excluidas de la sanidad pública y las ayudas sociales– cuando las familias prescinden de sus servicios.

Medios de izquierda crítica como DIAGONAL se centran más en las personas que en los mercados, visibilizan las resistencias y las alternativas, incluidas las feministas. Pero desterrar el androcentrismo de forma permanente, y no sólo cuando toca hablar de género, es un reto pendiente también en la prensa alternativa.

No se trata sólo de que la periodista feminista de turno haga un reportaje sobre cómo los recortes afectan a las mujeres, sino que cuando se hable de presupuestos públicos, de medidas neoliberales o de alternativas anticapitalistas, la economía feminista se tenga en cuenta y se reconozca como una herramienta sólida para una comprensión global de los procesos económicos ligados a las relaciones de poder en los espacios públicos y en los privados, y como una propuesta de referencia para articular alternativas a los discursos y prácticas capitalistas.

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En el anteproyecto de ley que proyecta la supresión de las pedanías, "la idea general que se palpa es que se pretende esquilmar todos los bienes que tienen las entidades locales menores, los comunales”. En Álava, por ejemplo, los concejos son propietarios del 80% del monte público y de más del 70% del patrimonio edificado, por Patricia Manrique

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Ilustración María Calzadilla

“Van a dar un golpe mortal a la identidad de nuestros pueblos, los van a convertir en meros barrios de los ayuntamientos y no va a suponer ningún ahorro, puesto que las juntas vecinales y los concejos no reciben ningún fondo ni de la Administración estatal, ni de la autonómica”, explica Bernardo González, presidente de la junta vecinal de Nestares (Cantabria). El mundo rural se opone a la aniquilación de sus estructuras democráticas, propuesta en el anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Dicho anteproyecto se enmarca en la reforma de la Ley de Bases de Régimen local que, a su vez, forma parte de las medidas que el Consejo de ministros anunciaba el mes de julio y que se tomarán este semestre con el objetivo de que las Entidades Locales se adapten a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Sin embargo, desde el punto de vista de concejos y juntas vecinales se trata de una estrategia de centralización, un expolio de los bienes comunales y un gesto complaciente hacia una Unión Europea, que desconoce el carácter, arraigo y utilidad de este tipo de entidades.

El mundo rural se defiende

De las medidas que contendrá la reformada Ley de bases de Régimen local, texto legal de 1985 que regula entidades locales menores, municipios y provincias, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas adelantaba en julio la supresión de 3.725 entidades locales menores, además de aquellas mancomunidades “que no superen los criterios de evaluación”, el “fortalecimiento” de la figura de los interventores municipales, que pasarán a depender del Ministerio de Hacienda, y la eliminación de 21.338 concejales.

Actualmente, muchos pueblos, especialmente en el norte, se administran por junta vecinal, formada por un presidente y vocales elegidos directamente, o por concejo abierto, en el que participa una persona por unidad familiar. Se encargan de este modo de gestionar los servicios públicos más básicos: agua potable, saneamiento, luz pública, obra pública, mantenimiento de viales, casa del pueblo, cementerios, etc. Su supresión retirará a vecinas y vecinos la capacidad de decisión en beneficio de los ayuntamientos y diputaciones provinciales, pese a que este primer escalón administrativo, con fuerte arraigo en el territorio, es el más cercano. “Hay un fuerte reconocimiento de este tipo de entidades en el mundo rural: de hecho, en las elecciones municipales se vota más a la entidad local que a los propios ayuntamientos”, explica José Manuel García del Valle, secretario general de la Federación Asturiana de Parroquias Rurales.

Javier Argote, de la Federación de concejos de Ála-va, donde hay 335 concejos, destaca: “Somos asamblearios, por lo que cada vecino decide lo que se hace”. Esta federación presentó en 2011 una campaña a favor de los concejos con el lema “La democracia real ya existe en nuestros pueblos”, en alusión al 15M, resaltando la conveniencia de extrapolar su modelo a otras instituciones. A ellos está vinculada también la organización de las tareas del común, que se realizan mediante trabajos colectivos (“sestaferias”, “facenderas”, “a veredas” o “auzolan”, según la zona). El pueblo pone la mano de obra y las diputaciones los medios.

“Yo no sé dónde ven el ahorro”, se pregunta Mónica Villacorta, presidenta de la junta vecinal de Tarilonte de la Peña (Palencia), “nosotros no cobramos y si dejamos de hacer nuestro trabajo van a tener que contratar a una empresa”. Para Argote, la respuesta es clara: “No hay ningún ahorro ni en cobros de sueldos ni en gastos de administración. La idea general que se palpa es que se pretenden esquilmar todos los bienes que tiene las entidades locales menores, los comunales”. En Álava, por ejemplo, los concejos son propietarios del 80% del monte público y de más del 70% del patrimonio edificado. En el caso de Nestares, “nos confiscarían un patrimonio de más de ocho millones de euros”, explica González. El campo de golf del pueblo, propiedad de la Junta vecinal, vale más de cuatro millones, a los que hay que añadir 60.000 metros cuadrados de terrenos urbanos, 24 hectáreas de terreno rústico, edificios, mobiliario y equipamientos. Para Argote, “el gasto va a ser mayor porque todo aquello que se está haciendo de una manera gratuita, al pasar al ayuntamiento o las diputaciones, va a tener un coste”. En general, con el rendimiento económico que se saca de los bienes comunales los pueblos pagan sus gastos.

Para el ministro Montoro, estas entidades “son demasiado opacas y no rinden cuentas”. Sin embargo, los pueblos denuncian serias dificultades para hacerlo. En algunos lugares, como en Cantabria, se exige su presentación por internet, cuando buena parte de la población rural carece de conexión. Según García del Valle, “la mayoría de municipios del noroeste de España no tiene endeudamiento, normalmente generan beneficios”. Por supuesto, no están exentas de corruptelas que, como en otra instituciones, pueden ser denunciadas.

El refuerzo de las diputaciones, cuyos cargos no son de elección directa, es interpretado por García del Valle como “un paso más para centralizar y tener el control desde el Gobierno estatal de los municipios”. En esta línea, la supresión de las juntas “serviría también a los ayuntamientos para eliminar una administración que puede discutirles sus decisiones”, subraya González-Antón, que, en su ejercicio como abogado, ha llevado diversos pleitos entre juntas y ayuntamientos. Las declaraciones políticas de los últimos tiempos, sobre todo de ámbito autonómico, hacen creer a las federaciones que la propuesta no prosperará y esperan que esto sirva, entre otras cuestiones, para clarificar sus competencias y poner en valor su labor.

Juntas, concejos, parroquias... en lucha

Estas pequeñas administraciones, que desde hace siglos conforman la vida colectiva de los pueblos en diversos territorios de España, en especial en el norte, son, pese a su fuerte implantación en el imaginario colectivo rural, sumamente desconocidas. La provincia de León concentra 1.234 de estos entes, Cantabria 524, Navarra 340 y el País Vasco 348. En cambio, en otros territorios prácticamente no existen: Andalucía tiene 48, la Comunidad de Madrid dos, o la provincia de Valladolid nueve. Su distribución irregular ha contribuido a la ignorancia acerca de su carácter de primer escalón de la estructura administrativa del Estado.

En respuesta a la amenaza de su supresión, las entidades locales menores han decidido organizarse. “Estamos montando federaciones propias, como ya había en algunos sitios –Navarra, Asturias, Álava–, pero en otros muchos estaban sin organizar, en parte por dejadez, y en parte porque había instrucciones de los partidos mayoritarios, que no están dando facilidades para que nos asociemos y tengamos voz propia”, reflexiona González-Antón.

Siguen un modelo multipartidista y horizontal y están optando, en general, por vincularse atendiendo a la realidad territorial, agrupándose por provincias y comunidades autónomas que trabajarán en red para cuestiones de ámbito estatal. Fruto de este trabajo en común, el pasado septiembre unas cinco mil personas llegaban a Madrid para defender las entidades menores con un nulo eco en prensa.

Ninguna entidad local fue consultada para la redacción del anteproyecto, aunque sí la Federación Española de Municipios y Provincias. Sin embargo, consideran que ésta no representa sus intereses: “Cuando les consultaron, debieron pensar que si nos suprimen, mejor, porque se quita un contrapoder. Muchas veces las juntas tienen más patrimonio que el propio municipio, que mejoraría sus cuentas formidablemente”, explica.

 Análisis: Un ‘concejicidio’ administrativo

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Elecciones: la lección de la unidad. La Alternativa Galega de Esquerda (AGE), unión de cuatro partidos, supone una apuesta exitosa que marca el camino a seguir al aunar en su seno cuestiones medulares que son la base misma de su espectacular entrada en el escenario gallego, por Javier Couso

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Javier Couso

Continúa inexorable el paso del tiempo que nos conduce a esa implosión europea de la que hablaba el Presidente venezolano Hugo Chávez. Implosión que en nuestro caso será explosión y nos estallará en la cara.

Como si de una función de teatro se tratase, vamos representando los actos que vemos como espectadores en Grecia y que pronto nos convertirán en protagonistas de nuestra propia miseria.



Las elecciones autonómicas en Galicia y Euskadi dan algunas claves de las que conviene sacar conclusiones, sobre todo para quienes creemos que es posible armar espacios colectivos de resistencia que confluyan en un proyecto a la ofensiva. Hoy ni siquiera podemos jugar a la defensiva, nos ganan por goleada.



Lo primero que salta a la vista es la consolidación de una tendencia sostenida en el descenso del bipartidismo, mitigada por una injusta ley electoral hecha a la medida de los dos grandes partidos. Pero los fríos datos no mienten y si sumamos, el PP y el PSOE pierden en estas dos elecciones 485.537 votos.



Como en el escenario heleno, el PSOE va siguiendo fielmente la estela del PASOK en una debacle de descrédito que aumenta día a día. Ni más ni menos que 334.802 votos que restar al partido social-liberal en las elecciones vascas y gallegas.



Junto a esta disminución del apoyo al bipartidismo se va observando que solo la unión en coaliciones amplias da resultados. Una clara muestra es el ejemplo de EH-Bildu en los comicios vascos, aunque con un componente específico en relación al conflicto nacional y al futuro que se abre tras el cese de la actividad de ETA.



En cuanto a la izquierda federalista, y sin dejar el escenario vasco, vemos como la pérdida de representación parlamentaria es consustancial a la división interna y a la confusión de varias voces de una misma organización defendiendo dos proyectos diferentes.



El caso gallego nos trae el sabor agridulce de la jornada. Por un lado asistimos a una revalidación de la mayoría absoluta del PP por mor de la trampa electoral (perdiendo 134.494 votos los populares ganan 3 escaños) que será utilizada desde La Moncloa como aval para continuar en la destructiva senda de la carrera antisocial de recortes y por otro lado a la irrupción de una izquierda plural y anticapitalista que trae un poco de aire fresco al panorama de derrota continuada.



La Alternativa Galega de Esquerda (AGE), unión de cuatro partidos, supone una apuesta exitosa que marca el camino a seguir al aunar en su seno cuestiones medulares que son la base misma de su espectacular entrada en el escenario gallego.



La suma de un lenguaje sin complejos, su pluralidad y un carismático liderazgo histórico como argamasa, han conseguido aglutinar e ilusionar para obtener 200.000 sufragios que se traducen en 9 escaños. AGE irrumpe en el Parlamento Gallego a pesar del descrédito generalizado que se evidencia en una abstención que crece imparable, alcanzando un 36,2%  en Galicia.


Este elevado nivel de abstencionismo, con motivos reales para la desafección, es alentado por un antipoliticismo que, en el fondo, busca blindar el sistema, sea con el bipartidismo, sea con futuros gobiernos de expertos, convirtiéndose en definitiva en uno de los lastres que impiden el avance de alternativas reales a este capitalismo neoliberal.



En la transformación de la sociedad solo existen dos caminos: la consecución de gobiernos por medio de votos arropados por una mayoría social o la quiebra del sistema por un enfrentamiento activo y organizado, casi siempre a través de la violencia.



No sé realmente como quieren cambiar este sistema los abstencionistas, si su motivación es el hartazgo o la protesta activa pero, aunque veo algunas posiciones que buscan el desbordamiento social en la calle, son absolutamente minoritarias y, más que poner en jaque al sistema, refuerzan por contraposición limitada al sector de orden del poder.



Si algo hemos aprendido últimamente de América Latina es la posibilidad de llegar a tomar las riendas del país y poner freno a la dictadura financiera. Ellas y ellos pasaron antes por la hecatombe social de ser gobernados por políticos al servicio del FMI y el Banco Mundial, lo mismo que empezamos a vivir aquí.



Por este motivo hay que pararse y meditar sobre la AGE gallega para extender e imitar su ejemplo en base a las premisas señaladas: liderazgos atractivos, creíbles y aglutinadores, unidad generosa en la diversidad, oposición frontal a la deuda y al déficit neoliberal, lenguaje claro y sin complejos, proyecto alternativo de país que no aspire a ser la muleta de un PSOE social-liberal.


El escenario vacío está esperando que comience la obra de la transformación social. Hace falta cambiar el guión e impulsar a los grandes intérpretes del pueblo.

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HAY ALTERNATIVAS AL RESCATE. La cuestión es clara: no se aplican medidas alternativas, no porque no las haya, sino porque se quiere utilizar el rescate para beneficiar a los grupos sociales privilegiados y no al conjunto de la sociedad, por Juan Torres López

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Juan Torres López

A la vista de como se está presentando la situación económica en la inmensa mayoría de los medios de comunicación y de la falta de pluralidad que hay en tertulias, informativos y demás fuentes de opinión, es natural que la mayoría de la gente piense que el llamado rescate es inevitable.

El razonamiento con el que están vendiendo su inevitabilidad es elemental: el Estado español ha acumulado una deuda muy grande, los mercados no confían en su capacidad de pago y por eso le imponen unos tipos de interés muy elevados que antes o después harán imposible que España haga frente al vencimiento de los pagos. Por eso no hay más remedio que acudir a un “rescate” en forma de un préstamo o crédito con el que el Estado enjugue sus pagos inminentes y pueda garantizar los venideros.

A pesar de su aparente evidencia, el razonamiento hace aguas por varias partes. Sobre todo, porque la alternativa a la presión de los mercados a cuenta de nuestra deuda no es únicamente que el Estado se cargue con una aún mayor y a cambio de imponerle condiciones draconianas que van a hundir nuestra economía durante años.

Desde luego había otras alternativas antes de que la situación llegase a la degradación actual, como hemos puesto de manifiesto en otros trabajos, y particularmente en el libro Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España, y a las que no me voy a referir en este momento.

Pero también las hay ahora, ya en situación de emergencia.

Para bajar la prima de riesgo no hace falta rescate alguno sino simplemente que el Banco Central Europeo se comporte como una auténtica autoridad monetaria y evite que las presiones especulativas la eleven con el único propósito de obtener beneficios. Ni el nivel de deuda pública española cuando comenzaron las presiones ni incluso el actual (cercano al 90% pero mucho más bajo que el de otros países) justifica por sí mismo la presión de los mercados. Esos niveles (ahora, no lo olvidemos, más altos por la inacción del BCE) están todavía dentro de los que pueden asumirse sin demasiadas complicaciones a poco que se recupere la actividad y el ingreso, que es lo que están impidiendo, precisamente, las políticas europeas y la posición que mantiene el BCE.

Lo que ocurre es que los dirigentes del Banco Central Europeo no actúan para evitar que siga subiendo la prima de riesgo española porque no busca resolver la inestabilidad que eso provoca sobre el euro. Lo que está haciendo en realidad es actuar como manager de los intereses de la banca privada europea que solo trata de asegurarse el cobro de la deuda privada que con ella tienen los bancos de la periferia, y concretamente los españoles.

La presión que sufre España es la excusa que sirve para imponer un rescate que en realidad no es el rescate de España para que haga frente a su deuda soberana, sino para que financie la deuda que los bancos privados tienen con los alemanes y franceses (139.191 y 115.261 millones, respectivamente, a comienzos de 2012, que representan el casi el 45% de los 571.519 millones de dólares que deben).

Si de verdad quisiéramos “rescatar” a la economía española lo que se debería hacer no es imponerle una losa de deuda aún mayor, más recortes en el gasto público que se requiere para que las empresas puedan crear empleos y los ciudadanos vivir dignamente, y, en definitiva, frenar aún más la actividad económica que se necesita para crear ingresos, empleo y proporcionar bienestar social.

Lo que habría que hacer serían otras cosas: recuperar inmediatamente la demanda y hacer que las empresas y consumidores dispongan también de inmediato de la financiación que necesitan. Y además, como ya he explicado en otros textos, avanzar para que la actividad que se recupere sea de nuevo tipo, vertebradora y sostenible y que no reproduzca los males que provocaron la situación en la que estamos.

Esos tres objetivos (demanda suficiente, financiación adecuada y cambio de modelo) se podrían conseguir incluso en el muy corto plazo si en lugar de dejarnos llevar por el fundamentalismo neoliberal que nos invade nos dedicásemos a innovar y a concretar las diferentes propuestas alternativas que muchos economistas, personal o colectivamente, están ofreciendo.

Como una muestra más de que estas alternativas al rescate existen, de que son viables y de su efecto mucho más positivo para la economía y la sociedad española, quisiera referirme brevemente a la que acaba de divulgar Antonio Quero, alto funcionario europeo y militante socialista, con muy amplia experiencia política y de gestión (se puede ver con detalle en Bases para un Acuerdo Nacional para la salida de la crisis y la defensa de la soberanía económica).

En resumidas cuentas, su propuesta se basa cuatro ejes principales.

En primer lugar la creación de 3 millones de empleos y 2,5 millones de puestos de formación para jóvenes, principalmente poniendo en marcha un innovador sistema de anticipo subvencionado de contrataciones a las empresas, nuevos sistemas de rotación-sustitución, un fondo de inversiones para la creación y expansión de empresas y planes de eficiencia energética y de empleo juvenil.

En segundo lugar, un estímulo inmediato de la demanda incrementando la renta disponible familiar mediante la rebaja temporal de hipotecas y alquileres al 20% de la renta de las familias con ingresos menores a 3.000 euros mensuales. Una medida que inmediatamente permitiría incrementar la demanda agregada en 48.750 millones en tres años.

En tercer lugar, la generación de 75.000 millones de euros anuales de recursos públicos adicionales mediante una reforma del modelo bancario actual consistente básicamente en separar, por un lado, la captación de depósitos y, por otro, la concesión del crédito. Para ello se crearía inmediatamente una Central de Depósitos que garantizaría la integridad del sistema y haría innecesario cualquier tipo de rescate y que permitiría que inmediatamente comenzase a fluir el crédito a empresas y familias así como financiar sin problemas la deuda del Estado.

Finalmente, se propone blindar la inversión en educación y en I+D+i porque constituye la base imprescindible para mejorar el futuro de nuestra economía y el progreso de nuestra sociedad.

Si a todo ello se añade una reforma fiscal en la línea de la que proponen los técnicos del Ministerio de Hacienda, que permitiría obtener 63.000 millones de euros adicionales al año, el Estado y el conjunto de nuestras empresas y consumidores podrían ir generando de modo inmediato ingresos suficientes para salir de la situación en la que estamos sin necesidad de un rescate traumático, injusto y claramente contrario a los intereses nacionales.

La cuestión es clara: no se aplican medidas alternativas no porque no las haya sino porque se quiere utilizar el rescate para beneficiar a los grupos sociales privilegiados y no al conjunto de la sociedad.

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España: ejemplo de totalitarismo invertido, por Juan Laborda

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Juan Laborda

En 2003 Sheldon Wolin, profesor emérito de filosofía política de la Universidad de Princeton, publicó una de sus obras más relevantes, “Inverted Totalitarianism”. El totalitarismo invertido es el momento político en el que el poder corporativo se despoja finalmente de su identificación como fenómeno puramente económico y se transforma en una coparticipación globalizadora con el Estado. Mientras que las corporaciones se vuelven más políticas, el Estado se orienta cada vez más hacia el mercado. España, en su actual deriva, es un excelente ejemplo de ello. La antidemocracia, y el dominio de la élite son elementos básicos del totalitarismo invertido.

La antidemocracia no adopta la forma de ataques explícitos a la idea del gobierno por el pueblo. Políticamente, significa alentar la "desmovilización cívica", condicionando al electorado a entusiasmarse por períodos breves, controlando su lapso de atención y promoviendo luego la distracción o la apatía. El ritmo intenso de trabajo y los horarios de trabajo prolongados combinados con la inseguridad laboral son la fórmula para la desmovilización política, para privatizar la ciudadanía.

Según Wolin, en el totalitarismo invertido "los elementos clave son un cuerpo legislativo débil, un sistema legal que sea obediente y represivo, un sistema de partidos en el que un partido, esté en el gobierno o en la oposición, se empeña en reconstituir el sistema existente con el objetivo de favorecer de manera permanente a la clase dominante, los más ricos, los intereses corporativos, mientras que dejan a los ciudadanos más pobres con una sensación de impotencia y desesperación política y, al mismo tiempo, mantienen a las clases medias colgando entre el temor al desempleo y las expectativas de una fantástica recompensa una vez que la nueva economía se recupere”.

Pero ahí no para todo, hay mucho más, “ese esquema es fomentado por unos medios de comunicación cada vez más concentrados y aduladores, por la integración de las universidades con sus benefactores corporativos; por una máquina de propaganda institucionalizada a través de grupos de reflexión y fundaciones conservadoras generosamente financiadas, por la cooperación cada vez más estrecha entre la policía y los organismos nacionales encargados de hacer cumplir la ley, dirigido a la identificación de disidentes internos, extranjeros sospechosos…”.

Desconfianza y miedo como motor político

La antidemocracia, en definitiva, es una fórmula que funciona de manera indirecta. Se alienta a los ciudadanos a desconfiar de su gobierno y de los políticos; a concentrarse en sus propios intereses; a quejarse de los impuestos; a cambiar el compromiso activo por gratificaciones simbólicas de patriotismo. Sobre todo, se promueve la despolitización envolviendo a la sociedad en una atmósfera de temor colectivo y de impotencia individual: miedo a la pérdida de puestos de trabajo, incertidumbre de los planes de jubilación, gastos en educación y sanidad en ascenso. ¿Nos suena, verdad? En esto se está transformando nuestra querida España.

El totalitarismo invertido explota a los pobres, reduciendo o debilitando los programas de salud y los servicios sociales, reglamentando la educación masiva para una fuerza de trabajo insegura, amenazada por la importación de trabajadores de bajos salarios. El resultado es que la ciudadanía, o lo que queda de ella, se sumerge en medio de un perpetuo estado de preocupación. Entonces, tristemente, Hobbes vence a Rousseau: cuando los ciudadanos se sienten inseguros y al mismo tiempo impulsados por aspiraciones competitivas, anhelan estabilidad política más que compromiso cívico; protección más que participación política.

Crisis actual y totalitarismo invertido

La expansión financiera que despega a partir de 1993 obedece a políticas explícitas y deliberadas. Desde finales de los 80 occidente en general, y muy especialmente Estados Unidos, experimentaba una larga secuencia de crecimientos raquíticos que mostraban las tremendas dificultades para mantener expansiones de la producción, sobre la base de una redistribución de la renta que no conseguía expandir a la clase media, ya entonces muy afectada por una intensa deslocalización que trataba de aprovechar la globalización comercial y financiera. Un proceso simultáneamente acelerado por un continuo cambio tecnológico.

La burbuja financiera no fue sino una vía para sortear artificialmente los limites que la desequilibrada distribución de la riqueza en el mundo. Las emisiones billonarias de activos financieros derivados, han servido para sostener una expansión artificial de la demanda, que sortease la caída de la tasa de ganancia del capital y, sobre todo, facilitase la financiación de un gigantesco proceso de acumulación, y la adquisición de riquezas por todo el globo a favor de unas pocas manos.

La continua aplicación de regulaciones, o re-regulaciones a favor de la movilización del capital, es una constante histórica, que desdice la visión ingenua que alude a los problemas de codicia desatada para explicar la actual crisis. Por ello cualquier ejercicio de prospectiva no debe dejar de tener en cuenta las posibles estrategias de las clases dominantes y las configuraciones históricas que dan forma operativa y real a los intereses de las elites.

A la vista de los acontecimientos, el capital piensa que aún puede darle una vuelta de tuerca al mercado global liberalizado, posicionándose desde hace años para dominar la extracción de rentas especulativas, aprovechando los escenarios de geoescasez energética y alimentaría, y diseñando, a espaldas del poder democrático, las nuevas arquitecturas financieras globales.

España como ejemplo del totalitarismo invertido

Las medidas económicas adoptadas tanto por el ejecutivo Rajoy como por el anterior, además de ser ineficientes desde un punto de vista económico, reavivan una brutal lucha de clases. De un lado, los protegidos, que no son otros que los acreedores que tomaron riesgos excesivos, la élite bancaria insolvente, y la clase empresarial que siempre ha jugado con las cartas marcadas. De otro, los perdedores, la ciudadanía en su conjunto, representada por los trabajadores, las clases medias, y, sobretodo, los más desfavorecidos.

Y ello es especialmente grave, cuando en nuestra querida España han sido fundamentalmente las élites económicas y financieras, representadas por las sociedades no financieras y las instituciones bancarias, quienes se apalancaron sin ningún control del riesgo, o bien alrededor de un colateral cuyo precio acabó colapsando, o sobre un negocio cuyos retornos son y serán muy inferiores a los que se suponían por el precio pagado. Fueron las élites quienes vivieron por encima de sus posibilidades y ahora, sin ningún rubor, quieren que les paguemos la fiesta.

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PER LA JUSTÍCIA SOCIAL I LA RAÓ DEMOCRÀTICA. CRIDA A LA CATALUNYA FEDERALISTA I D’ESQUERRES.

El resultat de la convocatòria electoral anticipada del proper 25 de novembre serà decisiu per al futur dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. Des que fa dos anys CiU va arribar al Govern de la Generalitat, hem viscut un procés polític paradoxal. D’una banda, el Govern d’Artur Mas s’ha situat a l’avançada d’un model de política fiscal i de dures retallades socials, educatives i sanitàries, que ens allunya del model social dels països més avançats d’Europa, alhora que a les Corts espanyoles ha donat suport reiterat a les polítiques laborals més regressives de la democràcia. L’aliança CiU-PP ha fet possible també un retrocés escandalós en els mitjans públics de comunicació, revertint els passos endavant cap a una major llibertat, que havien donat els governs progressistes a Espanya i Catalunya. I de l’altra , CiU ha consumat, en molt poc temps, un gir estratègic oportunista, posant-se al davant d’un moviment independentista que pretén iniciar un procés de secessió de Catalunya.

La societat catalana està patint una greu crisi econòmica que ja ha esdevingut una crisi social i política, que s’ha traduït en un augment de la pobresa i la desigualtat i en una minva en el principi d’igualtat d’oportunitats. Moltes persones avui estan patint i veient truncats els seus projectes vitals. Aquesta situació reclama per part de tothom un exercici de responsabilitat política i ètica, sobretot en un moment on el descrèdit dels partits i les institucions és extraordinàriament greu. Considerem que el trencament amb Espanya no és la única sortida de futur i que l’inici d’un procés de secessió en un context com l’actual, posa en perill la cohesió social i no és el camí per millorar les condicions de vida dels catalans, ni des del punt de vista econòmic, ni social ni cultural.

Avui molts proposen la independència com un camí “màgic” per sortir de les dificultats, deslliurant-nos del pes mort que, diuen, representa Espanya. Un discurs on es barregen veritats a mitges i exageracions diverses, particularment pel que fa a les relacions fiscals entre Catalunya i l’Estat, fins al punt que és habitual escoltar afirmacions tan populistes i agressives com “Espanya ens roba”. Paral•lelament, alguns sectors independentistes han aconseguit estendre la idea que la secessió, que vol dir el trencament de l’Estat, serà un procés sense costos econòmics excessius, sense fractura social, políticament amable, en què tot seran només beneficis. El sobiranisme creu que el fenomen de la globalització només pot tenir conseqüències positives per a Catalunya i per això ha assumit sense complexes el model econòmic neoliberal. Per a la societat catalana, disposar d’un estat propi serà un “bon negoci”, s’afirma. L’èmfasi en les virtuts econòmiques de la independència, que no se sostenen en una anàlisi rigorosa, no és altra cosa que una calculada estratègia per esquivar una realitat social rotunda des de fa moltes generacions: el fet que la major part de la ciutadania de Catalunya compartim catalanitat i espanyolitat en graus diversos.

Defugim les visions apocalíptiques sobre una virtual secessió, però tampoc no estem disposats a acceptar acríticament els arguments ensucrats de l’independentisme. No creiem que pertànyer a Espanya sigui una obligació perpètua, però no compartim tampoc les raons dels qui sostenen la necessitat històrica de la ruptura. Pensem que la secessió no és la resposta raonable als problemes de la societat catalana en el marc de les complexitats, interdependències i sobiranies compartides del segle XXI. Especialment, no és la resposta intel•ligent en el context d’una Europa que necessita avançar cap a nivells més elevats d’unitat política en el marc d’una crisi que amenaça la seva pròpia supervivència. La comparació entre beneficis i costos socials és molt més favorable en el cas d’un millor encaix federal de Catalunya a Espanya i a Europa, que no pas en el cas de la independència.

Per tot això, reconeixent-nos hereus de les esquerres catalanes que han defensat sempre “Catalunya, un sol poble”, alcem la nostra veu per defensar obertament que el trencament amb Espanya no és la millor opció ni per sortir de la crisi actual ni per articular una alternativa des de l’esquerra a les polítiques d’austeritat europees. A més, els riscos, les tensions i les incerteses d’un procés de secessió no són pas el millor escenari per millorar les condicions de vida de la gent, particularment dels sectors més humils i vulnerables.

Fins al dia d’avui no hi hagut a penes controvèrsia democràtica, on els interrogants de la ruptura hagin pogut ser debatuts àmpliament en el marc d’un debat públic basat en els principis del pluralisme democràtic. El federalisme té profundes arrels entre els sectors progressistes de Catalunya i compta amb experiències d’èxit en altres estats del món que haurien de ser tingudes en compte. Reclamem a les forces polítiques d’esquerres que, en un moment electoral com aquest, siguin valentes, escoltin la gent, facin un esforç pedagògic, s’atreveixin a parlar clar i apostin per explorar i explicar a la ciutadania els camins d’un federalisme nou, desacomplexat i exigent amb l’Estat, on la ciutadania de Catalunya s’hi pugui sentir bé des de les seves identitats compartides.

Volem una Espanya federal en el marc d’una Europa federal i socialment justa. No se’ns escapen les dificultats del que proposem i la sensació real fins avui d’un cert fracàs en aquest propòsit. D’una banda, perquè l’esquerra espanyola majoritària no ha volgut jugar a fons aquesta carta, i, de l’altra, perquè la dreta espanyola és profundament nacionalista i s’atrinxera quan li convé en l’immobilisme constitucional. A Catalunya, els darrers anys s’han anat acumulant molts greuges i incomprensions, des de la desgraciada sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut fins als reiterats incompliments dels successius governs espanyols en matèria d’inversió. La relació entre els governs democràtics d’Espanya i de Catalunya s’ha caracteritzat per la irresponsabilitat d’aquells que han tingut voluntat de monopolitzar i apropiar-se de les idees d’Espanya i de Catalunya, amb objectius partidistes clars. Tanmateix, creiem que no hi ha raons suficients per defallir i que, en qualsevol cas, l’alternativa de la secessió és enormement inquietant i perillosa per a la cohesió social. En sentim còmplices de les veus que, des d’altres territoris d’Espanya, expressen el seu disgust i impotència davant la imatge monolítica que des de Catalunya alguns projecten d’Espanya, una imatge tan injusta i irreal com la que des de la resta de l’estat molts tenen de Catalunya. En aquest sentit, és del tot imprescindible que s’engegui un moviment federalista d’abast espanyol, que serveixi també per subratllar que són més les coses que ens uneixen que no pas les que ens separen.

Les properes eleccions al Parlament de Catalunya no poden esdevenir un plebiscit on “independència sí, independència no” sigui el tema únic de campanya. Democràticament és imprescindible jutjar l’acció política del govern sortint i confrontar els programes electorals en relació a tots els altres aspectes on el nostre Parlament té competències i atribucions específiques, particularment en el camp de les polítiques de benestar. Igualment, no podem deixar de recordar que el President Mas arriba a aquestes eleccions sota l’ombra de la corrupció i de la responsabilitat del seu partit, CDC, en el cas del saqueig al Palau de la Música.

Aquestes eleccions, en canvi, sí que poden ser el començament d’un exercici col•lectiu per debatre i articular les diferents alternatives polítiques –totes elles legítimes- en relació a l’anomenat “encaix” de Catalunya dins d’Espanya i Europa. Però des d’un debat lliure i plural, serè i ordenat, sobre les raons que porten a uns, des l’anomenat “dret a decidir”, a demanar el trencament i als altres a demanar un nou acord. Un procés que es resolgui des del principi democràtic, en el marc d’un estat de dret, i que, si s’escau, conclogui amb la celebració d’un referèndum. Avui el principal risc no és que Catalunya (o Espanya) perdi sobirania sinó que anem enrere en termes de democratització, que els ciutadans de tota Europa perdin encara més sobirania davant els mercats i el capital. No la recuperarem si no ens esforcem per enderrocar les fronteres que queden entre els europeus, en comptes de crear-ne de noves.

Per tot això, volem fer una crida a la ciutadania progressista de Catalunya perquè el proper 25 de novembre es mobilitzi i faci confiança a aquelles formacions polítiques que presentin programes nítidament d’esquerres i que contemplin una renovada i potent opció federal. Que posin també en el centre del debat electoral la forma com s’han efectuat les polítiques de retallades de l’estat de benestar realitzades pel Govern de Mas, amb el suport del PP. I que confrontin l’existència de diferents alternatives davant la crisi. Que reclamin de la Unió Europea polítiques d’impuls al creixement econòmic a fi d’evitar que l’austeritat recaigui només en els serveis públics i les prestacions socials. És a dir, una Europa unida al servei de la gent. En definitiva, que apostin amb claredat per un model d’estat federal on la major part de la ciutadania de Catalunya pugui sentir-se còmoda i reconeguda, compartint amb altres pobles un projecte comú de convivència, justícia i cohesió social.

Barcelona, 11 d’octubre del 2012

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"Que nadie diga, pues, que no hay alternativas", por Juan Torres López

Llegit al seu bloc GANAS DE ESCRIBIR

Juan Torres López

Un estudio reciente del investigador del DIW (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung) de Berlin, Stefan Bach (Capital Levies-A Step Towards Improving Public Finances in Europe. DIW Economic Bulletin 8.2012), comenta algunas soluciones que podrían permitir hacer frente a la crisis con más éxito que las medidas de austeridad que se vienen tomando en Europa. En concreto, se refiere al establecimiento de impuestos extraordinarios sobre la población de rentas más elevadas, algo que en España venimos proponiendo también diferentes economistas críticos.

Según los datos que proporciona para el caso alemán, un impuesto sobre el 10% de las personas de mayores ingresos (que en Alemania concentran las dos terceras partes de la riqueza) proporcionaría ingresos equivalentes al 9% del Producto Interior Bruto. Y, según sus estimaciones, este último porcentaje podría ser aún mayor en los países del sur de Europa, como el nuestro.

Eso significa que por esta vía, evidentemente más equitativa y mucho menos dañina para la actividad productiva, para el empresariado que crea empleo y para el conjunto de la sociedad, incluso se podrían obtener más recursos que los que se ahorran con los recortes que se vienen produciendo y que, en lugar de salvarla, están provocando que la economía se venga abajo.

Se trata a mi juicio de una alternativa que se debería considerar con urgencia en un país como el nuestro que se ha puesto a la cabeza de la desigualdad en Europa y en donde el número de millonarios así como la riqueza de sus grandes fortunas crece sin cesar y paralelamente al deterioro de la economía y de las condiciones de vida de la mayoría de la población.

Que nadie diga, pues, que no hay alternativas.

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Workers Fight for Justice, From Wal-Mart to Chipotle. La lucha, desde Florida a California, por mejorar las duras condiciones laborales y los sueldos insuficientes de los trabajadores y trabajadoras de estas empresas. Por Amy Goodman, de Democracy Now!

Article llegit a TRUTHDIG

Amy Goodman

The great recession of 2008, this global economic meltdown, has wiped out the life savings of so many people and created a looming threat of chronic unemployment for millions. This is happening while corporate coffers are brimming with historically high levels of cash on hand, in both the “too big to fail” banks and in nonfinancial corporations. Despite unemployment levels that remain high, and the anxiety caused by people living paycheck to paycheck, many workers in the United States are taking matters into their own hands, demanding better working conditions and better pay. These are the workers who are left unmentioned in the presidential debates, who remain uninvited into the corporate news networks’ gilded studios. These are the workers at Wal-Mart, the largest private employer in the United States. These are the tomato pickers from Florida. With scant resources, armed with their courage and the knowledge that they deserve better, they are organizing and getting results.

This week, Wal-Mart workers launched the first strike against the giant retailer in its 50-year history, with protests and picket lines at 28 stores across 12 states. Many of these nonunion workers are facing retaliation from their employer, despite the protections that exist on paper through the National Labor Relations Board. The strikers are operating under the banner of OUR Walmart: Organization United for Respect at Wal-Mart, started with support from the United Food and Commercial Workers Union. OUR Walmart members protested outside Wal-Mart’s “Meeting for the Investment Community 2012” in Bentonville, Ark. Demanding a stop to the company’s retaliations, the group promised a vigorous national presence at Wal-Mart stores on Black Friday, the day after Thanksgiving and the largest retail shopping day of the year. The workers have an impressive array of allies ready to join them, including the National Organization for Women.

Wal-Mart has historically shrouded its business practices by engaging subcontractors to perform tasks like warehousing and delivery. In Elwood, Ill., warehouse workers employed by Wal-Mart subcontractor RoadLink went out on strike immediately after a similar strike in California. According to Warehouse Workers for Justice (WWJ), “warehouse workers labor under extreme temperatures, lifting thousands of boxes that can weigh up to 250lbs each. Workplace injuries are common; workers rarely earn a living wage or have any benefits.”

According to WWJ, after 21 days on strike in Elwood, the workers “won their principal demand for an end to illegal retaliation against workers protesting poor conditions. They will return to work ... with full pay for the time they were on strike.”

I spoke with one of the Elwood strikers, Mike Compton, who described just one of the awful conditions they endured at their low-wage job:

“We have a big problem with dust. You know, all our containers that we unload come from China, and they’re just filled with black dust. It’s horrible, breathing the stuff in all day, you know, and we’d have to ask seven, eight times to get a dust mask. We’d just be pointed in different directions, to a different manager, to a different department. And half the time we’d walk away empty-handed at the end of it anyway. We’ve actually had trailers that were labeled ‘defumigated in Mexico.’ We don’t know why. People have had trouble breathing in the trailers. You know, dust—something as simple and as cheap as a dust mask should just be readily available to anyone, in my opinion, especially a company as wealthy as Wal-Mart.”

Compton was in Bentonville, Ark., Wal-Mart’s corporate headquarters, to protest at the Wal-Mart investor meeting Meanwhile, immigrant farmworkers have for generations labored under brutal conditions, picking tomatoes in the rural town of Immokalee, Fla. In 1993, they formed the Coalition of Immokalee Workers (CIW) to organize in solidarity with consumers to demand that major restaurant chains source their tomatoes from farms that pay a fair wage to their workers.

I spoke with farmworker and CIW organizer Gerardo Reyes-Chavez. He was in Denver, where the fast-food outlet Chipotle is based. CIW has been working on Chipotle for 10 years. He told me: “We have been able to create a Fair Food Program, addressing abuses in the tomato industry. We created a whole new system ... to identify where abuses are going on and uproot them from the system. This is an opportunity for Chipotle to do the right thing. They claim that they sell food with integrity, and they are really focused on the sustainability ... what we are saying is, this is an opportunity for them to make it a reality.”

The day after I spoke with Reyes-Chaves, Chipotle signed the Fair Food Agreement. As the presidential candidates trade barbs over jobs in their heavily-controlled debates, workers at the grass roots are organizing for change, from Florida to California.

Denis Moynihan contributed research to this column.

Amy Goodman is the host of “Democracy Now!,” a daily international TV/radio news hour airing on more than 1,000 stations in North America. She is the author of “Breaking the Sound Barrier,” recently released in paperback and now a New York Times best-seller.

© 2012 Amy Goodman

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EL CAPITALISMO Y LA UE ANALIZADOS POR JUAN MANUEL SÁNCHEZ GORDILLO, ALCALDE DE MARINALEDA, EN EL AÑO 1985.

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"El amo, si pudiera , siempre nos mantendría sometidos. Sabe de antemano que una parte no desdeñable de la ciudadanía, convenientemente asustada, es capaz de renunciar a su libertad y pedir voluntariamente el papel de esclavo." Juan Rivera y el tratamiento que la mayoría de medios de comunicación españoles han hecho de la matanza de mineros en Sudáfrica.

Article llegit a COLECTIVO PROMETEO

El tratamiento informativo dado por la mayoría de televisiones y periódicos nacionales a las imágenes del fusilamiento con alevosía y muerte de – por ahora – 34 mineros de la empresa Lomnin, dedicada a la explotación del platino, en Marikana ( Sudáfrica), llama poderosamente la atención por dos elementos: la asepsia y el silencio. 

     Ante la represión policial y sus consecuencias mortíferas no ha salido la consabida voz en “off” ni el aviso de que el vídeo podía herir, por su crudeza, la sensibilidad del espectador. Tampoco se ha editorializado o utilizado la carga de adjetivos reservados para otras ocasiones. Los presentadores, con voz neutra y distante, se han limitado a enunciar lo que estábamos viendo, sin concesiones a la sensibilidad o a cualquier atisbo de humanismo afectado. 

     Y rápidamente se ha sustituido la noticia por otra distinta, sin regodeo en la sangre, ni en las convulsiones de los moribundos, ni en los ayes y lamentos, pese a que todo estaba grabado. Sin repeticiones una y otra vez de la imagen ( lástima que los muertos no fuesen cajeros de Mercadona y hubiesen recibido, en lugar de centenares de tiros mortales a bocajarro,un minúsculo empellón) .Todo limpio, aséptico. 

      También ha destacado la “ sonoridad del silencio”. No hemos podido escuchar, más allá de los consabidos lugares comunes de “ pesar”, la voz de Hillary Clinton condenando ni amenazando, ni de sus palmeros pidiendo la intervención militar, ni la de todos los que magnifican cualquier mínimo incidente en Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador o Argentina, rasgándose las vestiduras por la violación de un derecho. Al parecer la vida no lo es. 

     Pero todo tiene su lógica. Aunque las imágenes nos recuerden , por su puesta en escena, a las ya vistas durante los años del “ apartheid” y la matanza sea la mayor perpetrada desde que éste se abolió en 1994, la visión de los dueños de los medios de difusión, de la oligarquía , es distinta: sólo se trataba de un conflicto social, pues los convocantes, la AMCU ( Asociación de la Minería y la Construcción), reclamaban mejoras salariales y a la hora de ejecutar a trabajadores, colaboraron sin problemas, codo con codo, policías blancos y policías negros. 

     Es más, la comisaria general , Mangwashi “ Riah” Phiyega , que pudo sufrir -por el color de su piel- en su juventud segregación y marginación, aclaró apresuradamente que la policía” usó la fuerza para defenderse”, adjuntando como prueba tres machetes y cuatro palos incautados. 

      Y la empresa Lomnin lanzó su insultante comunicado en el que , por supuesto, “lamenta profundamente” lo ocurrido pero recuerda que el problema no es de ” relaciones laborales, sino de orden público”.

      La situación vivida en Sudáfrica nos debe servir al resto de trabajadores como lección práctica de Historia.  

     Me explico: el capitalismo depredador va siempre a intentar que el Estado como garante de derechos a los ciudadanos desaparezca y sólo tenga competencias de Defensa y Policía - bueno, menos al parecer próximamente en las cárceles españolas donde se buscaría sustituir en sus labores a la Guardia Civil por empresas de seguridad privada con dueños muy próximos al partido que hoy ( des)gobierna España-, dejando el resto, desde la Educación a la Sanidad, pasando por Infraestructuras, en manos privadas.

      En esta visión ideológica, los conflictos que se generan inevitablemente, pasan a tener tratamiento de orden público y sólo se contempla la represión indiscriminada de los mismos, no las causas que los provocan, para evitar temidos “ contagios”. 

     Nada nuevo. Es la fórmula que el capitalismo lleva aplicando desde los albores de la Revolución Industrial.

     La lección: los derechos que estamos perdiendo a pasos agigantados con la excusa de la crisis, no cayeron del cielo ni vinieron de la nada. Se obtuvieron con sangre, lucha y movilizaciones. Seguramente harán falta nuevos muertos y más represión para que, al final, los mineros surafricanos vean mejorar sus condiciones laborales o cumplidas sus reivindicaciones. 

      Por ello,para mantener los nuestros no vale solamente el quejido. Es imprescindible la organización y la resistencia. El amo, si pudiera , siempre nos mantendría sometidos. Sabe de antemano que una parte no desdeñable de la ciudadanía, convenientemente asustada, es capaz de renunciar a su libertad y pedir voluntariamente el papel de esclavo.

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El MEDE (Mecanismo Europeo De Estabilidad): La consolidación del golpe de estado financiero en la UE. Por Albert Sales e Inés Marco

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Albert Sales

Hoy empieza a funcionar el MEDE (Mecanismo Europeo De Estabilidad), una nueva institución financiera intergubernamental que tiene como objetivo garantizar la solvencia de los estados miembro facilitándoles crédito y asumiendo las funciones hasta ahora desempeñadas por el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera y el Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera. La creación del MEDE ha sido posible gracias a la modificación del artículo 136 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que se llevo a cabo en 2011 para “salvaguardar la estabilidad de la zona euro” e introducir “condiciones estrictas” para los beneficiarios de la ayuda financiera.

El MEDE debe convertirse en una especie de Fondo Monetario Internacional para los estados miembros de la UE. La capacidad de crédito inicial prevista es de 700.000 millones de euros, de los cuales 80.000 procederan de la aportaciones directas de los estados y el resto se alcanzaran mediante capital “movilizable” y garantías, es decir, comprometiendo futuras cuotas de los países antes de haberlas ingresado. Las explicaciones técnicas sobre la capacidad de crédito del MEDE son, como es habitual en estos casos, auténticos jeroglíficos para la ciudadanía. Ni la información resulta de fácil acceso, ni es comprensible para la gran mayoría de personas que acabaran sufriendo las consecuencias del funcionamiento de esta institución, ni el tema tiene la relevancia mediática que merece, atendiendo al atentado contra el funcionamiento de las instituciones democráticas que supone el articulado del tratado fundacional del MEDE.

El único debate sobre el MEDE que ha tenido cierta repercusión ha sido el rechazo de Alemania a la propuesta inicial de que esta institución pudiera requerir capital ilimitado de los estados miembros para ampliar su capacidad de crédito. A pesar de que organizaciones ciudadanas presentaron multitud de recursos de inconstitucionalidad por considerar que el MEDE agrede la soberanía de las instituciones democráticas, el Tribunal Constitucional Alemán abrió las puertas a la firma del tratado exigiendo tan sólo una modificación: que se fijará un límite a la aportación alemana de 190.000 millones de euros (efectivo más avales). Más allá de esta cifra, la contribución deberá ser votada en el Parlamento. El resto de recursos han sido rechazados considerando que el MEDE es creado el 11 de julio de 2011 por los ministros de Finanzas de la zona euro actuando como representantes de la soberanía de sus respectivos estados.

Pero el texto del tratado por el que se constituye el MEDE contiene otros muchos aspectos preocupantes des de el punto de vista político y de calidad democrática que escapan al debate de las cifras. Según el articulado inicial, que todos los diputados y diputadas del Europarlemento han tenido en sus manos, el MEDE, sus propiedades y sus activos, van a gozar de una inmunidad total frente a los estados miembro. No podrán ser objeto de ninguna forma de acción legal en su contra ni podrán ser “intervenidos, confiscados o embargados” ya sea por vía ejecutiva, judicial, administrativa o legislativa. Lo cual coloca a esta institución, creada a la sombra de la opinión pública europea (si es que existe tal cosa), fuera del control de las instituciones de las ya debilitadas democracias liberales estatales. En el terreno de las responsabilidades personales, el tratado establece que directores, subdirectores, director ejecutivo y demás empleados del MEDE serán inmunes a cualquier tipo de proceso legal por actividades ejercidas en el desempeño de sus funciones, y gozarán de inviolabilidad de sus archivos y documentos oficiales. Lo que significa que los tribunales de los países europeos no podrán, bajo ningún concepto, investigar las actividades profesionales de los altos cargos del MEDE.

Esta institución, que tendrá su sede en Luxemburgo, cristaliza la subordinación de toda forma de ejercicio de la soberanía popular en Europa a las necesidades financieras que, ante la deriva de los acontecimientos, son las necesidades de los grandes bancos. Las condiciones ligadas a los créditos y la conversión de deuda privada en deuda pública, consolida el golpe de estado financiero que vive la Unión Europea como consecuencia del profundo déficit democrático que arrastra desde su fundación.

Tratado constitutivo MEDE

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La brutalidad de las actuaciones de la policía española, con el propósito de "reducir" a las personas que se manifiestan pacíficamente en la calle, es un fiel reflejo de las políticas practicadas por la clase gobernante que, a falta de argumentos, impone sus medidas con la única lógica de la fuerza. Murcia 29 de septiembre

Visionat a TERCERA INFORMACIÓN

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