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| Ilustración María Calzadilla |
“Van a dar un golpe mortal a la
identidad de nuestros pueblos, los
van a convertir en meros barrios
de los ayuntamientos y no va a suponer ningún ahorro, puesto que
las juntas vecinales y los concejos
no reciben ningún fondo ni de la
Administración estatal, ni de la
autonómica”, explica Bernardo
González, presidente de la junta
vecinal de Nestares (Cantabria).
El mundo rural se opone a la
aniquilación de sus estructuras
democráticas, propuesta en el
anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local. Dicho anteproyecto se enmarca
en la reforma de la Ley de Bases de
Régimen local que, a su vez, forma
parte de las medidas que el Consejo
de ministros anunciaba el mes de julio y que se tomarán este semestre
con el objetivo de que las Entidades
Locales se adapten a la Ley
Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Sin embargo, desde el punto
de vista de concejos y juntas vecinales se trata de una estrategia
de centralización, un expolio de
los bienes comunales y un gesto
complaciente hacia una Unión
Europea, que desconoce el carácter, arraigo y utilidad de este tipo
de entidades.
El mundo rural se defiende
De las medidas que contendrá la
reformada Ley de bases de
Régimen local, texto legal de 1985
que regula entidades locales menores, municipios y provincias, el
Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas adelantaba en julio la supresión de 3.725
entidades locales menores, además
de aquellas mancomunidades “que
no superen los criterios de evaluación”, el “fortalecimiento” de la
figura de los interventores municipales, que pasarán a depender del
Ministerio de Hacienda, y la eliminación de 21.338 concejales.
Actualmente, muchos pueblos, especialmente en el norte,
se administran por junta vecinal, formada por
un presidente y vocales elegidos directamente, o por concejo abierto,
en el que participa una persona por
unidad familiar. Se encargan de este
modo de gestionar los servicios públicos más básicos: agua potable,
saneamiento, luz pública, obra pública, mantenimiento de viales, casa
del
pueblo, cementerios, etc. Su supresión retirará a vecinas y vecinos la
capacidad de decisión en beneficio
de los ayuntamientos y diputaciones
provinciales, pese a que este primer
escalón administrativo, con fuerte
arraigo en el territorio, es el más cercano. “Hay un fuerte
reconocimiento de este tipo de entidades en el
mundo rural: de hecho, en las elecciones municipales se vota más a la
entidad local que a los propios ayuntamientos”, explica José Manuel
García del Valle, secretario general de la Federación Asturiana de
Parroquias Rurales.
Javier Argote, de la Federación de concejos de Ála-va,
donde hay 335 concejos, destaca: “Somos asamblearios, por lo que cada
vecino decide lo que se hace”. Esta federación presentó en 2011 una
campaña a favor de los concejos con el lema “La democracia real ya existe en nuestros pueblos”, en alusión al 15M,
resaltando la conveniencia de extrapolar su modelo a otras
instituciones. A ellos está vinculada también la organización de las
tareas del común, que se realizan mediante trabajos colectivos
(“sestaferias”, “facenderas”, “a veredas” o “auzolan”, según la zona).
El pueblo pone la mano de obra y las diputaciones los medios.
“Yo no sé dónde ven el ahorro”, se pregunta Mónica
Villacorta, presidenta de la junta vecinal de Tarilonte de la Peña
(Palencia), “nosotros no cobramos y si dejamos de hacer nuestro trabajo van a tener que contratar a una empresa”. Para Argote, la respuesta es clara: “No hay ningún ahorro ni en cobros de sueldos ni en gastos de administración. La
idea general que se palpa es que se
pretenden esquilmar todos los bienes que tiene las entidades locales menores, los comunales”. En Álava, por
ejemplo, los concejos son propietarios del 80% del monte público y de
más del 70% del patrimonio edificado. En el caso de Nestares, “nos confiscarían un patrimonio de más de
ocho millones de euros”, explica
González. El campo de golf del pueblo, propiedad de la Junta vecinal,
vale más de cuatro millones, a los
que hay que añadir 60.000 metros cuadrados de terrenos urbanos, 24
hectáreas de terreno rústico, edificios, mobiliario y equipamientos. Para Argote, “el
gasto va a ser mayor
porque todo aquello que se está haciendo de una manera gratuita, al
pasar al ayuntamiento o las diputaciones, va a tener un coste”. En general,
con el rendimiento económico que
se saca de los bienes comunales los
pueblos pagan sus gastos.
Para el ministro Montoro, estas
entidades “son demasiado opacas y
no rinden cuentas”. Sin embargo, los
pueblos denuncian serias dificultades para hacerlo. En algunos lugares, como en Cantabria, se exige su
presentación por internet, cuando
buena parte de la población rural carece de conexión. Según García del
Valle, “la mayoría de municipios del
noroeste de España no tiene endeudamiento, normalmente generan beneficios”. Por supuesto, no están
exentas de corruptelas que, como
en otra instituciones, pueden ser
denunciadas.
El refuerzo de las diputaciones,
cuyos cargos no son de elección directa, es interpretado por García del
Valle como “un paso más para centralizar y tener el control desde el
Gobierno estatal de los municipios”.
En esta línea, la supresión de las juntas “serviría
también a los ayuntamientos para eliminar una administración que puede
discutirles sus decisiones”, subraya González-Antón,
que, en su ejercicio como abogado,
ha llevado diversos pleitos entre juntas y ayuntamientos. Las declaraciones políticas de los
últimos tiempos, sobre todo de ámbito autonómico, hacen creer a las
federaciones que la propuesta no
prosperará y esperan que esto sirva,
entre otras cuestiones, para clarificar sus competencias y poner en
valor su labor.
Juntas, concejos, parroquias... en lucha
Estas pequeñas administraciones,
que desde hace siglos conforman
la vida colectiva de los pueblos
en diversos territorios de España,
en especial en el norte, son, pese
a su fuerte implantación en el
imaginario colectivo rural, sumamente desconocidas. La provincia
de León concentra 1.234 de
estos entes, Cantabria 524, Navarra 340 y el País Vasco 348. En
cambio, en otros territorios prácticamente no existen: Andalucía
tiene 48, la Comunidad de
Madrid dos, o la provincia de
Valladolid nueve. Su distribución
irregular ha contribuido a la ignorancia acerca de su carácter de
primer escalón de la estructura
administrativa del Estado.
En respuesta a la amenaza de
su supresión, las entidades
locales menores han decidido
organizarse. “Estamos montando federaciones propias, como
ya había en algunos sitios
–Navarra, Asturias, Álava–,
pero en otros muchos estaban
sin organizar, en parte por dejadez, y en parte porque había
instrucciones de los partidos mayoritarios, que no están
dando facilidades para que nos
asociemos y tengamos voz propia”, reflexiona González-Antón.
Siguen un modelo multipartidista y horizontal y están optando,
en general, por vincularse atendiendo a la realidad territorial,
agrupándose por provincias y
comunidades autónomas que
trabajarán en red para cuestiones de ámbito estatal. Fruto de
este trabajo en común, el pasado septiembre unas cinco mil
personas llegaban a Madrid
para defender las entidades
menores con un nulo eco en
prensa.
Ninguna entidad local fue consultada para la redacción del
anteproyecto, aunque sí la
Federación Española de
Municipios y Provincias. Sin
embargo, consideran que ésta
no representa sus intereses:
“Cuando les consultaron,
debieron pensar que si nos
suprimen, mejor, porque se
quita un contrapoder. Muchas
veces las juntas tienen más
patrimonio que el propio municipio, que mejoraría sus cuentas formidablemente”, explica.
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