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| Albert Sales |
Hoy empieza a funcionar el MEDE (Mecanismo Europeo De Estabilidad),
una nueva institución financiera intergubernamental que tiene como
objetivo garantizar la solvencia de los estados miembro facilitándoles
crédito y asumiendo las funciones hasta ahora desempeñadas por el Fondo
Europeo de Estabilidad Financiera y el Mecanismo Europeo de Estabilidad
Financiera. La creación del MEDE ha sido posible gracias a la
modificación del artículo 136 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea que se llevo a cabo en 2011 para “salvaguardar la estabilidad de
la zona euro” e introducir “condiciones estrictas” para los
beneficiarios de la ayuda financiera.
El MEDE debe convertirse en una especie de Fondo Monetario
Internacional para los estados miembros de la UE. La capacidad de
crédito inicial prevista es de 700.000 millones de euros, de los cuales
80.000 procederan de la aportaciones directas de los estados y el resto
se alcanzaran mediante capital “movilizable” y garantías, es decir,
comprometiendo futuras cuotas de los países antes de haberlas ingresado.
Las explicaciones técnicas sobre la capacidad de crédito del MEDE son,
como es habitual en estos casos, auténticos jeroglíficos para la
ciudadanía. Ni la información resulta de fácil acceso, ni es
comprensible para la gran mayoría de personas que acabaran sufriendo las
consecuencias del funcionamiento de esta institución, ni el tema tiene
la relevancia mediática que merece, atendiendo al atentado contra el
funcionamiento de las instituciones democráticas que supone el
articulado del tratado fundacional del MEDE.
El único debate sobre el MEDE que ha tenido cierta repercusión ha
sido el rechazo de Alemania a la propuesta inicial de que esta
institución pudiera requerir capital ilimitado de los estados miembros
para ampliar su capacidad de crédito. A pesar de que organizaciones
ciudadanas presentaron multitud de recursos de inconstitucionalidad por
considerar que el MEDE agrede la soberanía de las instituciones
democráticas, el Tribunal Constitucional Alemán abrió las puertas a la
firma del tratado exigiendo tan sólo una modificación: que se fijará un
límite a la aportación alemana de 190.000 millones de euros (efectivo
más avales). Más allá de esta cifra, la contribución deberá ser votada
en el Parlamento. El resto de recursos han sido rechazados considerando
que el MEDE es creado el 11 de julio de 2011 por los ministros de
Finanzas de la zona euro actuando como representantes de la soberanía de
sus respectivos estados.
Pero el texto del tratado por el que se constituye el MEDE contiene
otros muchos aspectos preocupantes des de el punto de vista político y
de calidad democrática que escapan al debate de las cifras. Según el
articulado inicial, que todos los diputados y diputadas del
Europarlemento han tenido en sus manos, el MEDE, sus propiedades y sus
activos, van a gozar de una inmunidad total frente a los estados
miembro. No podrán ser objeto de ninguna forma de acción legal en su
contra ni podrán ser “intervenidos, confiscados o embargados” ya sea por
vía ejecutiva, judicial, administrativa o legislativa. Lo cual coloca a
esta institución, creada a la sombra de la opinión pública europea (si
es que existe tal cosa), fuera del control de las instituciones de las
ya debilitadas democracias liberales estatales. En el terreno de las
responsabilidades personales, el tratado establece que directores,
subdirectores, director ejecutivo y demás empleados del MEDE serán
inmunes a cualquier tipo de proceso legal por actividades ejercidas en
el desempeño de sus funciones, y gozarán de inviolabilidad de sus
archivos y documentos oficiales. Lo que significa que los tribunales de
los países europeos no podrán, bajo ningún concepto, investigar las
actividades profesionales de los altos cargos del MEDE.
Esta institución, que tendrá su sede en Luxemburgo, cristaliza la
subordinación de toda forma de ejercicio de la soberanía popular en
Europa a las necesidades financieras que, ante la deriva de los
acontecimientos, son las necesidades de los grandes bancos. Las
condiciones ligadas a los créditos y la conversión de deuda privada en
deuda pública, consolida el golpe de estado financiero que vive la Unión
Europea como consecuencia del profundo déficit democrático que arrastra
desde su fundación.
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