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Todos los datos permiten asegurar que una gran parte del incremento
en el número de suicidios que se viene dando en España está relacionado
con la forma en que se está gestionando la crisis. Ya he comentado en
artículos anteriores y más extensamente con Vicenç Navarro en el libro
‘Los amos del mundo. Las armas del terrorismo financiero (Espasa,
2012)’, que en todos los países en los que se han aplicado políticas de
ajuste neoliberal se ha podido detectar ese fenómeno, así que no es de
extrañar que ahora se esté produciendo en España. Actualmente, parece
que en nuestro país se producen entre nueve y diez suicidios cada día y
que un tercio de ellos, según se puso de manifiesto en un reciente
congreso de Psiquiatría, son los que tienen que ver con problemas
económicos de diverso tipo originados por la crisis.
Y no hacen falta muchos estudios científicos para comprobar
igualmente que una gran parte de esos suicidios se relacionan con los
desahucios, que en estos momentos dejan sin vivienda a más de quinientas
familias cada día en España. Ya son bastantes los casos en los que se
han producido justo antes de que las autoridades y la policía
procediesen a desalojar a las familias de sus viviendas en diferentes
lugares de España.
Se trata de un verdadero drama que tiene una responsabilidad muy
directa: las autoridades e instituciones del Estado que hasta el momento
no han hecho nada efectivo para evitarlo. Todo lo contrario, lo han
provocado con las políticas que vienen aplicando e incluso lo facilitan,
como esos jueces que llegan a decretar que los desahucios se lleven a
cabo sin previo aviso para evitar que la población acuda en ayuda
solidaria de los afectados.
El Gobierno actual y el anterior han dedicado sumas millonarias a
salvar y proteger a los banqueros y a los grandes propietarios, pero no
han tomado ni una sola medida efectiva para acabar de una vez por todas
con la desprotección de las familias de menos ingresos que pierden sus
viviendas.
Cambiar las leyes para establecer medidas como la dación de pago, la
creación de tribunales que gestionen la reestructuración de la deuda
familiar, la disminución temporal de las cuotas para las personas sin
ingresos o en paro, quitas familiares, u otras parecidas que podrían
evitar los desahucios no comportan grandes dificultades legales ni
supondrían demasiado coste económico (al revés, permitirían aumentar la
demanda efectiva y así mejorar la situación económica). Por eso es
injustificable que se sigan llevando a cabo desahucios que provocan
docenas de suicidios y un sufrimiento personal y social tan
extraordinario.
Que los dos grandes partidos se pusieran de acuerdo en unos pocos
días para modificar la Constitución, y así contentar a los poderes
financieros, y no lo hagan para adoptar medidas de rango muy inferior
dirigidas a proteger a las miles de familias que se quedan en la calle
solo refleja que se trata de dos organizaciones políticas que han
perdido el norte para convertirse en simples piezas de un dominio
oligárquico que ya es insoportable, y que requiere una respuesta social a
la altura de su traición a los principios elementales de la ética, la
justicia y el buen gobierno.
Es incomprensible, y empieza a producir una rabia inmensa, contemplar
día a día a los parlamentarios ocupados en todo tipo de asuntos pero
incapaces de acabar con el drama. Es desolador comprobar que los jueces
no hayan reaccionado ya cuando llevan tanto tiempo como ejecutores de un
derecho que es la antítesis de la justicia. Es patético e indignante
ver a la policía defender día a día a las autoridades que echan a las
gentes de sus casas y a los Bancos que se quedan con ellas, y golpear
con saña a las pobres mujeres y hombres que las defienden. Es una
vergüenza comprobar que hasta la jerarquía de la Iglesia Católica, que
tanto habla de defender a la familia, llame a la policía para desalojar
de sus templos (como en La Almudena de Madrid) a quienes quieren llamar
la atención de la sociedad hacia lo que está pasando (en clara
contradicción, hay que reconocerlo, con la inmensa mayoría de sus fieles
de abajo que siempre suelen apoyarlos). Es tremendo que no salga ni una
sola palabra ni un gesto de ayuda del Jefe del Estado, que se dedica,
por el contrario, a defender las políticas que provocan el paro y la
pérdida de las viviendas, mintiendo sobre los efectos que están
provocando sobre la sociedad y la situación económica solo para proteger
los intereses de los grupos más poderosos. Es sencillamente insultante,
que en lugar de defender a las miles de personas que sufren, el
Gobierno no solo siga aplicando sin misericordia las políticas que
agudizan la crisis, sino que se dedique a ir indultando semana tras
semana a los pocos financieros y políticos delincuentes que habían sido
condenados en los años anteriores. Y es un insulto a la inteligencia y
un despropósito la Constitución que declara que “todos los españoles
tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”, pero que a
la vez no impide que se produzcan más de medio millar de desahucios
diarios.
Cada vez que muere una persona desesperada por el paro o por la
pérdida de vivienda, o a causa del peor tratamiento que reciben cuando
son dependientes o están enfermas, aumenta algo más la responsabilidad
de todas esas instituciones y personas. No podemos ni debemos aceptar
que todo lo que está pasando en España, el daño tan grande que se le
está haciendo a millones de personas, sea un simple accidente o algo
inevitable. Es un daño orquestado, perfectamente evitable y que se
produce solo porque se quiere beneficiar a otros grupos sociales. Por
eso me parece que las personas que dirigen esas instituciones o que
toman las decisiones tienen una auténtica responsabilidad criminal y no
solo política que debería investigarse y depurarse cuanto antes.
Tendríamos que dejar de hablar ya de suicidios y de poner sobre la
mesa la comisión de un verdadero crimen de Estado porque sus
instituciones, que tienen la obligación de evitar el dolor de los
ciudadanos y cuentan con medios para ello, son las que lo están
provocando. La gente normal y corriente tiene derecho a defenderse e
incluso el deber de levantarse contra los tiranos.
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