El pionero del tratamiento del VIH carga contra la política sanitaria de Rajoy. Se calcula que en España hay 460.000 inmigrantes en situación irregular, de los que entre 2.700 y 4.600 estarían infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana.

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Julio Montaner

Ningún miembro del Gobierno de Mariano Rajoy le ha pedido consejo, pero una de las mayores figuras mundiales en la lucha contra la epidemia de VIH, el argentino Julio Montaner, irrumpe ahora en la política española para desmontar con argumentos científicos el nuevo marco legal que deja sin asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación irregular en España.

Para Montaner, "por razones políticas, probablemente populistas y sin base racional alguna", el Gobierno español firma la sentencia de muerte de facto para muchos inmigrantes y facilita la transmisión del virus en toda la población, "ya que a la hora de transmitirse, el virus, a diferencia del Gobierno, no discrimina por factores étnicos".

Se calcula que en España hay 460.000 inmigrantes en situación irregular, de los que entre 2.700 y 4.600 estarían infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana. El Real Decreto-ley 12/2012, anunciado como una medida de ahorro y en vigor desde el 1 de septiembre, deja a estas personas sin acceso a los medicamentos contra el virus, la llamada terapia antirretroviral.

Montaner arremete contra las "consecuencias nefastas" de la nueva ley en el editorial de la revistade la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. "En última instancia, estas medidas no solo serán devastadoras para los inmigrantes infectados por el VIH, y para el control de la epidemia, sino que también tendrán el efecto económico opuesto", advierte.

Evitar "estupideces"

Montaner es director del Centro para la Excelencia en VIH/Sida de Columbia Británica, una provincia canadiense de más de cuatro millones de habitantes. El investigador, en conversación telefónica desde Vancouver, opina que su experiencia en la provincia debería servir para evitar "estupideces" en España.

El Gobierno de Columbia Británica, de centro derecha, financia completamente la terapia antirretroviral para las personas que viven con el VIH. A los pocos años de iniciar este programa, el equipo de Montaner detectó una sorprendente caída de las nuevas infecciones por VIH. La terapia antirretroviral disminuía la presencia del virus en el semen y en el flujo vaginal hasta valores indetectables en la gran mayoría de los tratados. Y sin virus no hay contagio. Un estudio internacional confirmó en 2011 que la terapia antirretroviral disminuye la transmisión sexual del VIH en un 96%.

El investigador argentino aporta más datos demoledores. Desde 1996, la mortalidad en los infectados en Columbia Británica ha caído un 85%. Al mismo tiempo, los médicos han detectado una reducción de más del 60% en el número de nuevos casos diagnosticados por año. Al contrario que el Gobierno de Rajoy, lo que han hecho las autoridades canadienses es aumentar la inversión en el tratamiento, al constatar que genera un ahorro económico al reducir las infecciones y los ingresos hospitalarios. El 18 de julio de este año, la Organización Mundial de la Salud adoptó este concepto del "tratamiento como prevención".

Para Montaner, "resulta desconcertante entonces que en 2012, cuando las agencias internacionales firmemente aprueban el tratamiento como prevención como el arma más prometedora en la lucha contra el VIH/sida", el Gobierno español camine "contra corriente y, en última instancia, contra el interés de su propio pueblo".

Más muertes y enfermedades para todos

"Si tienes una epidemia en un rebaño de vacas, ¿tratas sólo a las blancas? Entonces es que no tienes ni idea", resume indignado por teléfono.

El análisis de Montaner coincide con el de los españoles del Comité de expertos del Grupo para el Estudio del Sida (GESIDA), que hace unos días criticaron en la misma revista los efectos futuros del Real Decreto: aumentar la mortalidad, favorecer la aparición de enfermedades oportunistas, incrementar los ingresos hospitalarios, facilitar las infecciones en la población y favorecer la transmisión del VIH entre las mujeres embarazadas y el feto.

"Por tanto, la aplicación del Real Decreto supondrá un ahorro económico muy inferior al esperado a corto plazo e impactará negativamente en la salud pública de nuestro país, y muy especialmente en la de los pacientes infectados por el VIH que queden desatendidos, aumentando los gastos sanitarios a medio-largo plazo y alejándonos de los objetivos de salud internacionalmente asumidos", denunciaban los médicos José Antonio Pérez y Federico Pulido.