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| Beatriz Gimeno |
Entre la vorágine de recortes en derechos
laborales, económicos y sociales están pasando un poco desapercibidas,
aunque no para los afectados y sus familias, la subida de las tasas
universitarias en todas las universidades públicas que junto con la
radical disminución de las becas están expulsando del campus a miles de
estudiantes. Esta subida no es exclusiva de España sino que se está
produciendo en todo el mundo. No tiene misterio: están privatizando la
universidad. En poco tiempo estudiar en España ya no estará al alcance
de muchas familias corrientes y menos aun si son varios los hijos que
querrían hacerlo.
La razón última de este incremento de tasas
es la misma que ha llevado a la privatización de los servicios más
básicos para la vida, como la sanidad. Todo lo que pueda ser negocio,
será negocio. La universidad puede ser un gran negocio para unos pocos
pero, sobre todo, para los bancos. Una vez que el cliente perfecto para
el banco, aquella persona que se hipoteca de por vida, puede que esté
agotado, hay que buscar nuevos nichos clientelares, es decir, personas a
las que vender los créditos. Los estudiantes y las tasas universitarias
son un negocio perfecto. Las tasas suben tanto que no son pagables para
las familias normales, por lo que los bancos ofrecen créditos baratos,
tan baratos que parecen pagables, a los estudiantes. En España ya
estamos comenzando a escuchar hablar de esa política que lleva décadas
ya naturalizada en EE.UU, tan naturalizada como lo han estado las
hipotecas aquí.
Vamos aquí a dejar aparte las consecuencias
sociales de considerar el conocimiento y la investigación mercancías que
pueden venderse y comprarse en el mercado como cualquier otra,
consecuencias que serán muy importantes a largo plazo. Pero ciñéndome
únicamente a la cuestión económica se trata de que las personas que
quieran estudiar sin ser ricas tengan que pedir créditos a los bancos
para poder hacerlo. En teoría, el préstamo universitario parece tan
fácil como en su día parecieron las hipotecas a una gran parte de la
población. Primero se suben los precios extraordinariamente y después se
ofrecen créditos que parecen pagables por algo que, en todo caso, es
necesario: una casa o una buena educación. Los créditos universitarios
son a bajo interés y parecen una ganga. El universitario no lo tiene que
comenzar a devolver hasta que empieza a trabajar, sólo entonces. Chicos
y chicas de 18 años firman contratos con los bancos sin saber si van a
trabajar, en qué, por qué salario o en cuánto tiempo.
Finalmente,
en el mejor de los casos, estos jóvenes comienzan sus vidas con una
deuda a los bancos que puede llegar a los 100.000 euros y que en el
momento en que trabajen tendrán que pagar. Además, claro, tendrán
también que pagar el piso, la sanidad, la educación de sus hijos e hijas
etc. Para que nos hagamos una idea del negocio, en EE.UU, el año pasado
se concedieron 100.000 millones de dólares en préstamos para
estudiantes, con sus intereses correspondientes. Además de lo que
significa que la mayoría de los jóvenes estén obligados a endeudarse
antes de tener la madurez suficiente, además de lo que significa para la
libertad de estas personas comenzar sus vidas con una deuda enorme, los
créditos a los estudiantes pueden convertirse en la nueva burbuja. Si
el paro juvenil se dispara y los salarios bajan no es descabellado
pensar que llegará el momento en que estos créditos, o la mayoría de
ellos, no puedan recuperarse, como ha ocurrido con las hipotecas, o que
comiencen a existir personas cuyos sueldos completos sean embargados
para pagar las deudas a los bancos y se conviertan en los nuevos
desahuciados.
La buena noticia es que aunque parezca difícil a
veces sí se puede. Acabamos de ver que la lucha del movimiento ciudadano
contra los desahucios ha conseguido, al menos, poner el tema en la
agenda política de los partidos. Pero además tenemos el ejemplo de
Quebec. Allí, el gobierno aumentó el coste de las matrículas
universitarias en un 75% , lo que provocó una huelga indefinida de
estudiantes universitarios y de institutos. La respuesta del gobierno a
esta huelga y a las manifestaciones que se produjeron fue la
criminalización de las protestas, restringiendo específicamente las
libertades de asociación, reunión y expresión. Esto nos tiene que sonar.
Finalmente, más de 2500 detenidos y tras siete meses de huelga, la
nueva primera ministra Pauline Marois ha anulado tanto la subida de las
tasas como las leyes crininalizadoras de las protestas.
La
protesta no ha acabado porque no es que Marois no quiera subir las
tasas, sino que quiere “acomodarlas a la inflación”, mientras que los
estudiantes quebecoises exigen el derecho a disfrutar de una enseñanza
universitaria gratuita, igual que los chilenos, que llevan dos años de
duros enfrentamientos con el gobierno por la misma razón. Ayer los
estudiantes de la universidad Complutense protagonizaron protestas que
terminaron con duras cargas policiales. La lucha por una vida vivible es
global y las protestas tienen que globalizarse también y ya han
comenzado a hacerlo. El 14 de noviembre Huelga General en España y en
varios países europeos.
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