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| Vicenç Navarro |
Las Vegas es conocida coloquialmente en
EEUU como “la capital del vicio” o, según algunos, “la capital del mal”,
expresión utilizada no sólo por los conservadores, sino también en
bastantes círculos progresistas. Y una de las causas de esta valoración
negativa por parte de los progresistas es el profundo anti-sindicalismo
de la industria lúdica basada en tal ciudad, junto con una gran
discriminación en contra de los trabajadores latinos, que representan
una cuarta parte de toda la fuerza laboral de tal industria lúdica. Las
Vegas está hoy en medio de un gran conflicto laboral, resultado del
intento de los trabajadores de los casinos y casas de juego de
sindicalizarse.
En EEUU, la ley Taft-Hartley Act,
aprobada por el Congreso de EEUU en los años post II Guerra Mundial (a
pesar del veto del presidente Truman), resultado de una alianza entre el
Partido Republicano y los congresistas del Partido Demócrata del Sur de
EEUU (la zona más conservadora de aquel país) prohíbe a los sindicatos
de EEUU comportarse como sindicatos de clase. Es decir, que cada grupo
de trabajadores (dividido en miles de categorías) debe espabilarse por
su propia cuenta, sin poder contar con la movilización de otros grupos
que tengan en común las mismas condiciones de trabajo y las mismas
reivindicaciones. Tal Ley debilita enormemente a los sindicatos, como
aparece ahora claramente en Las Vegas, donde, a pesar de la gran
simpatía a nivel popular que la movilización laboral para poder
establecer tal sindicato ha despertado, es muy poco lo que otros
sindicatos pueden hacer en su apoyo.
Es una lucha dura y enormemente
desequilibrada, pues frente a los trabajadores que intentan
sindicalizarse hay los grandes intereses empresariales de tal industria,
financiados, por cierto, por los grandes bancos (como el Deutsche Bank y
JP Morgan entre otros), que tienen a su vez gran número de cajas de
resonancia mediática movilizadas para desacreditar a los trabajadores.
Uno de los ejes de la campaña anti-sindical es acentuar que la
sindicalización sería un desastre para los trabajadores y para la
industria (los trabajadores de la industria lúdica de Las Vegas están
entre los peor pagados en EEUU). El mundo empresarial envía mensajes a
los trabajadores, que rezan como sigue: “No pidas la sindicalización. No
firmes la petición a favor de la sindicalización. No pongas en peligro
tu trabajo, sobre todo ahora cuando, si miras alrededor de ti, verás que
no hay otros puestos de trabajo disponibles” (“Don’t sign a union card.
Don’t put your job in jeopardy, specially when there is no job
outside”. Labor Notes. September 2012).
La movilización empresarial se
caracteriza por una gran brutalidad, que se ejerce con la complicidad de
las autoridades públicas y la policía estatal (150 personas ya han sido
detenidas). El Estado de Nevada, donde está situada Las Vegas, tiene
como primer sector de empleo el sector lúdico de tal ciudad, lo cual
explica que existan relaciones muy estrechas entre tal industria y las
autoridades -llamadas representativas- de aquel Estado (el Estado de
Montana es uno de los pocos Estados donde está legalizada la
prostitución), y también, por cierto, del Estado central federal. En
EEUU, donde el proceso electoral está privatizado y las campañas
electorales son financiadas, en su mayoría, por fondos privados
procedentes de grandes empresas, la clase política está sumamente
influenciada por los intereses de los que la financian. El mayor
propietario de Las Vegas, el Sr. Sheldon Adelson (que quiere establecer
Eurovegas en España), es uno de los mayores financiadores del Partido
Republicano. En el primer viaje que hizo el actual candidato a
vicepresidente de Estados Unidos, el Republicano Paul Ryan, máximo
exponente del Tea Party, fue a ver al Sr. Adelson, después de ser
nombrado para tal candidatura (la cual recibió una donación de respaldo
de 100 millones de dólares por parte de Adelson). Mientras, los
trabajadores, liderados por los trabajadores de la cocina de los
restaurantes y casinos –el sindicato de los empleados de las cocinas,
Culinary Union, que tiene 55.000 miembros- continúan presionando para
poder tener el derecho de organizarse en defensa de sus intereses.
Una última observación. Mucho se ha
escrito sobre los méritos y deméritos de establecer en España (bien en
Cataluña, bien en Madrid) un centro lúdico, referido en los medios como
Eurovegas, propiedad de la empresa del Sr. Adelson. En un momento de
elevado desempleo, es comprensible que tal desarrollo se vea por
sectores de la administración pública, tanto autonómica como municipal,
con buenos ojos para crear puestos de trabajo.
Ahora bien, en la evaluación de los pros
y los contras de este centro debería también tenerse en cuenta su
impacto económico, laboral, social y político. La industria de la cual
la empresa Adelson es un importante componente, es conocida por sus
posturas profundamente conservadoras, siendo uno de los principales
financiadores del Tea Party –la ultraderecha estadounidense- y uno de
los mayores proponentes de las medidas económicas sumamente
reaccionarias propuestas por tal movimiento (favorable a la eliminación
de la universalización de los derechos laborales y sociales), incluyendo
su oposición a la sindicalización de sus empleados y trabajadores. Tal
postura, bien conocida en EEUU, reforzará, sin lugar a dudas, a la
ultraderecha en España, pues es característico del comportamiento de tal
sector intervenir activamente en el contexto político donde su ubica
para optimizar sus beneficios empresariales que considera unidos a la
promoción de su ideario político. Su decisión final dependerá, en gran
manera, de la afinidad política del Sr. Adelson y Co. con las
autoridades gubernamentales del lugar de su ubicación. Sería un error
que las fuerzas progresistas apoyaran tal proyecto.
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